Una protesta organizada frente a un desahucio en el barrio de Carolinas de Alicante.ALICANTE. La controversia planteada entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante en torno a la construcción de infraestructuras educativas y sanitarias -con la delegación de competencias sobre el Plan Edificant o la disputa por la cesión de terrenos para nuevos consultorios como campo de batalla- se instala también ahora (en pleno contexto preelectoral) en el terreno de la emergencia habitacional. Los últimos desahucios acordados con aval de los juzgados en viviendas adquiridas por fondos de inversión en barrios como el de Carolinas ha brindado otro motivo de disputa política entre las dos administraciones entre acusaciones de gestión inadecuada por parte de representantes de las formaciones que desempeñan responsabilidades de gobierno o de oposición en las dos instancias.
Las primeras llegaron por parte de los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) en el Ayuntamiento, quienes se hicieron eco de las quejas de los afectados por los lanzamientos, y por los colectivos sociales dedicados a prestarles ayuda (como el Sindicat del Barri de Carolines), respecto al supuesto retraso en la emisión de informes de vulnerabilidad y en la firma de certificados de emergencia habitacional que deben emitir los servicios sociales municipales en los casos en los que se acrediten problemas de solvencia para disponer de un alojamiento alternativo. Se trata de dos documentos indispensables para que sea la Conselleria de Vivienda, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), la que procure una solución pública, con la provisión de una vivienda social.
La respuesta a esas críticas no se hizo esperar por parte de distintos representantes del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). En primer término, fue la edil de Acción Social, Julia Llopis, quien aseguró -en una de sus últimas comparecencias públicas- que ella no daba instrucciones a los trabajadores sociales para que bloqueasen la emisión de esos informes y que, en todo caso, se concedían a quienes los solicitasen de la forma debida, después de comprobar, con las evaluaciones de la situación de esos solicitantes, que cumplían las condiciones requeridas.
Después fue la misma Llopis quien reiteró esa argumentación durante el pleno ordinario de febrero, celebrado el pasado jueves, en el que, además, aseguró que, el día 20 de febrero, se había remitido a la EVha cerca de una veintena de informes en los que se acreditaba situaciones de emergencia y que la entidad autonómica no había actuado. Es más, señaló que ni tan siquiera se había abierto la documentación aportada en el cauce administrativo establecido y llegó a asegurar que, a partir de ahora, se iban a "atragantar" con la llegada de otros informes similares. El mismo alcalde, Luis Barcala, refrendó esa argumentación de retraso en la respuesta autonómica durante el desarrollo del pleno. Y lo volvió a hacer este lunes, en otra comparecencia pública, en la que cargó contra los responsables de la EVha por no haber actuado en todos esos casos y no haber promovido la construcción de vivienda social en la ciudad.
Entre ellos, se encontraba el de una mujer de 72 años, con un hijo discapacitado a su cargo, desahuciada el 1 de febrero de la vivienda en la que residía en régimen de alquiler después de que el fondo propietario del inmueble ( Majoro Reo Spain II) se negase a renovar su contrato.
Los representantes de la EVha negaron, inicialmente, la recepción de toda la documentación necesaria para poder intervenir (el informe de vulnerabilidad y el decreto de emergencia por parte del Ayuntamiento) y, después, comprobaron que sí se habían remitido, aunque a través de un canal que consideraron no habitual -una dirección de correo electrónico- en lugar del registro oficial, pese a que, según un informe técnico municipal, ese sería el cauce de comunicación indicado por representantes de la EVha al que se habrían notificado otros casos previos.
En todo caso, tras revisar la documentación remitida por el Ayuntamiento, la EVha acabó concediendo a dicha familia una vivienda de alquiler social del parque público de la Generalitat este mismo miércoles, cerca de un mes después de que se produjese su desahucio y de que tuviese que alojarse en el domicilio de un familiar.
Ahora, además, según fuentes consultadas, se está evaluando los nuevos expedientes remitidos por el Ayuntamiento respecto a otros 15 casos similares con el objetivo de procurar una respuesta y facilitar una solución habitacional en los casos en los que proceda su concesión. No obstante, según las mismas fuentes, se estaría revisando la documentación aportada, al incluir información dispar y en algunos casos, al parecer, incompleta, según indicó el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, a consulta de Alicante Plaza.
En todo caso, según el responsable autonómico, tras la recepción de los expedientes, se activa de forma automática la reserva de una vivienda del parque público de la Generalitat para que pueda concederse en el momento en el que se concluya la fase de evaluación y comprobación de cada caso.
Al tiempo, señaló que, tras la reciente publicación del Decreto Ley 3/2023, de 17 de febrero, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunitat Valenciana agravadas por la guerra de Ucrania, y para evitar abusos en el ámbito inmobiliario, se pretende llevar a cabo una ronda de encuentros con todos los ayuntamientos, "y en especial con el de Alicante, al ser una ciudad en la que se ha registrado uno de los mayores incrementos de precios en el mercado del alquiler en el último año" para darles a conocer el protocolo de actuación institucionalizado y trasladarles cuáles son "las herramientas conjuntas" para actuar frente a casos en los que se constate la existencia de una emergencia habitacional.
En esta línea, aseguró que "la Conselleria de Vivienda ha mantenido desde el principio una actitud colaborativa con todos los municipios, y también con el Ayuntamiento de Alicante, para intervenir con políticas de vivienda que antes no existían". E insistió en que "en Alicante se ha llevado a cabo una de las mayores inversiones del conjunto de la Comunitat en esta materia con actuaciones como la regeneración de viviendas o con la compra de hasta 58 inmuebles en este mandato que se han incorporado al parque público, además de la puesta en marcha de proyectos de promoción directa como el previsto en Benisaudet".
