La terminal de betunes asfálticos de Ditecpesa situada en la terminal de mercancías de Alicante. Foto: DITECPESAALICANTE. La Autoridad Portuaria de Alicante paraliza el procedimiento para renovar la concesión a la planta de betún asfáltico gestionada por una filial de Ferrovial, Ditecpesa, y conmina a presentar el informe de evaluación de impacto ambiental que resulta preceptivo para conceder la renovación de su autorización. Así consta en la resolución firmada el 31 de marzo por el presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, tras hacer suyo el informe propuesto por el director general, Carlos Eleno, en el que se concluye que ese informe de impacto sí resulta necesario para que se pueda acordar una extensión de la autorización de uso del suelo, sin que resulte suficiente con el trámite de la presentación de una declaración responsable. En esta línea, la resolución insta a la compañía a tramitar ese estudio de impacto por parte del "órgano medioambiental que resulte competente" que, en este caso, debería ser la Conselleria de Transición Ecológica que coordina Mireia Mollà.
Ditecpesa solicitó por registro el pasado 4 de junio la ampliación de la concesión por 30 años de duración de la que disponía desde 1990 para seguir explotando sus instalaciones, en el muelle 17. La planta se sitúa junto a la terminal de mercancías que explota Terminales Marítimas del Sureste (TMS), a menos de 200 metros de la parcela en la que se proyecta la construcción la planta de almacenaje de combustible promovida por XC Business 90. Las instalaciones de Ditecpesa se componen de seis depósitos con una capacidad de 7 toneladas. Se dedican a la fabricación, almacenamiento y comercialización de productos asfálticos con los que se abastece al desarrollo de las grandes obras del sureste español, según detalla la propia compañía a través de su página web corporativa.
Las alegaciones presentadas por vecinos, grupos políticos y ecologistas habían advertido de la necesidad de que contase con estudio de impacto
La Autoridad Portuaria sometió la solicitud al trámite de exposición al público el pasado diciembre para que cualquier interesado pudiese presentar alegaciones durante un plazo de 20 días. Concluido ese plazo, se registraron 19 objeciones (tres de ellas fuera del periodo establecido) por parte de asociaciones ecologistas, vecinales, grupos políticos como el de Unides Podem y varios particulares.
En varias de esas alegaciones, como las formuladas por Ecologistas en Acción, Amigos de los Humedales del Sur o el exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, por ejemplo, se advertía de la necesidad de que se contase con ese estudio de impacto ambiental. Además, también se señalaba que la actividad carecía de licencia ambiental, de autorización de emisiones a la atmósfera y de estudio de integración paisajística.
En este estadio del proceso, la concesión del permiso queda supeditado a la obtención de ese informe de impacto, lo que podría conllevar un plazo de varios meses de tramitación. Entre tanto, la planta dispone de autorización provisional para continuar en funcionamiento hasta la aportación de ese estudio de impacto. Mientras, tampoco se ha respondido a las alegaciones presentadas, tras la suspensión del procedimiento.
En cualquier caso, la resolución de la Autoridad Portuaria respecto a la petición de Ditecpesa dista del procedimiento seguido respecto a la tramitación de otra concesión que ha suscitado controversia: la que afecta al proyecto que contempla la construcción de una planta de almacenaje de combustible con seis macrodepósitos promovido por XC Business 90. En este segundo caso, la Autoridad Portuaria no exigió ese informe ambiental con carácter previo, antes de aprobar la modificación de la concesión que le da encaje en la terminal gestionada por TMS. Eso sí, su construcción sigue supeditada a que reúna todos los permisos ambientales por parte de la Generalitat y de las licencias municipales que resulten necesarias.
Además, existe una diferencia relevante entre ambas solicitudes de concesión, en la medida en que la planta de betún asfáltico es una instalación preexistente -y por tanto, ya en funcionamiento sin quedar obligada a una supervisión por parte de otras administraciones- a la que, en 1990, no se le requirió ese informe de impacto al no ser exigible legalmente. De ahí que sí se le reclame en este momento, según precisaron fuentes consultadas.
Por otra parte, la Autoridad Portuaria acaba de sacar a información pública la solicitud de concesión de un edificio desocupado, situado en el muelle 11, para la instalación de las oficinas de la empresa Levante Portservice SL. La compañía, dedicada a las actividades logísticas y al transporte de mercancías, pretende utilizar el edificio como sede administrativa.
