ALICANTE. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha aprobado esta mañana la renovación de la licencia provisional concedida a las cuatro empresas estibadoras que operan en la terminal, tres de las cuales son las encargadas de mover los graneles en la zona de carga.
Según un comunicado remitido por la APA, el consejo de administración ha adoptado varios acuerdos, entre los que destaca "una primera prórroga de la autorización de la gestión del servicio de apoyo a las labores de control en las Instalaciones Fronterizas de Control de Mercancías en el puerto de Alicante", así como "la actualización del Plan de Recepción y Manipulación de Desechos generados por los buques y residuos de carga".
Asimismo, según el comunicado, el consejo de administración que preside Juan Antonio Gisbert ha aprobado la renovación de las licencias provisionales otorgadas a las cuatro empresas estibadoras que operan en el puerto (tres de las cuales son las encargadas de mover los graneles), así como la relativa a la prestación del servicio portuario de residuos sólidos y aguas residuales procedentes de buques. La licencia provisional de la APA a las estibadoras no guarda relación con las autorizaciones municipales o las autonómicas relativas al movimiento de graneles en la zona, que han motivado las protestas de los vecinos al realizarse al descubierto.
El presidente de la Autoridad Portuaria también ha dado cuenta de un escrito del Comité de Empresa, recibido minutos antes, y dirigido al consejo de administración en el que se planteaban algunas reivindicaciones, al tiempo que se informaba de todos los aspectos legales relacionados con las mismas.
En este sentido, unos 70 trabajadores del puerto se han concentrado esta mañana en protesta por su situación laboral. Según el comité de empresa, "desde el año 2010 se han perdido 30 puestos de trabajo de personal fijo y el gasto de personal se ha recortado en 500.000 euros aproximadamente". Según el comunicado remitido por los trabajadores, "todo esto ha llevado un aumento de la temporalidad, trabajo precario que no cubre los servicios generales que exige la legislación vigente, y gran parte del personal que se encuentra en activo está realizando labores superiores a su categoría al no existir promoción interna ni desarrollo profesional".