ALICANTE. La Autoridad Portuaria de Alicante mantiene su posición frente a los requerimientos del grupo hotelero de Muro, Vilaplana Pérez Hermanos, en el proceso de subasta del centro comercial Panoramis. A través de dos escritos paralelos, cursados por su presidente, Juan Antonio Gisbert, y por la Abogacía del Estado en representación del Puerto, vuelve a insistir en que cualquier licitador que pretenda pujar por la gestión del complejo del muelle de Poniente debe presentar aval para cubrir las deudas de Marina de Poniente (la sociedad liderada por el empresario Enrique Ortiz que asumía su explotación, ahora en proceso de liquidación) o certificado bancario en el que se acredite que está en disposición de presentarlo.
El primero de esos escritos, fechado el 8 de noviembre, es una respuesta directa a Vilaplana Pérez. Y el segundo, fechado el 14 de noviembre, es la contestación al requerimiento instado por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1, quien asumió el escrito de queja formulado por Vilaplana Pérez sobre el supuesto trato desigual que se le habría conferido respecto a otros licitadores (el gigante británico del sector, Eurofound Asset Management) y conminó a la Autoridad Portuaria a responder a la solicitud de información presentada por Vilaplana Pérez en relación a esa presunta diferencia.
Como viene publicando este diario, esa pretendida distinción a la que alude el grupo que gestiona el Hotel Vila de Muro se refiere a los términos en los que se produjo la exigencia de esa garantía de pago. Siempre según sus representantes, la Autoridad Portuaria habría flexibilizado el requerimiento a Eurofound, aceptando un documento en el que por el que se comprometía a aportar el aval en el momento de la subasta de la concesión de Panoramis, no como requisito previo para admitir su oferta.
El grupo hotelero pidió amparo al juez para que se le informase sobre las condiciones requeridas a otro inversor interesado, Eurofound
Vilaplana Pérez cuestionó al Puerto para que le informase sobre esas condiciones flexibles supuestamente requeridas a Eurofound para poder acogerse a ellas y, al no encontrar respuesta, acudió al juzgado para que fuese el juez que pilota el proceso de subasta quien forzase al Puerto a contestar. Con todo, la respuesta conferida ahora a través de los citados escritos se limita a reiterar las condiciones para optar a la subasta que figuran en el plan de liquidación de Marina de Poniente, sin llegar a referirse en ningún momento a esa supuesta diferencia de trato.
En los dos escritos, el de Gisbert y el de la Abogacía del Estado, se abunda en que para participar en el proceso, cualquier interesado debe presentar aval o documento acreditativo de su disponibilidad. Y se recuerda que Vilaplana Pérez todavía no ha cumplimentado ese trámite, por lo que la Autoridad Portuaria no puede dar su conformidad con su oferta. Sí lo ha hecho, sin embargo, la segunda empresa interesada en asumir la explotación de Panoramis: la firma Medimotors Gestión, administrada por el presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez.