Una grúa en plena descarga de materiales. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Autoridad Portuaria de Alicante solicita la intervención de la Abogacía del Estado en el conflicto de los graneles. Su equipo directivo, presidido por Juan Antonio Gisbert, cursó este lunes un escrito a Puertos del Estado por el que reclama que se diriman las dudas de interpretación legal que, a su juicio, existen entre los decretos de suspensión de actividad dictados el pasado viernes por la Concejalía de Urbanismo y los recursos presentados por las tres empresas afectadas contra esas resoluciones municipales, en las que se insta a las tres compañías a solicitar la licencia ambiental para poder desarrollar la actividad de carga y descarga de materiales pulverulentos.
Portavoces oficiales de la Autoridad Portuaria precisaron que se tuvo constancia de los decretos de Urbanismo durante la tarde del viernes y que, después, se les dio traslado de los recursos de las tres empresas graneleras (Alicante Port SL, Berge Maritima SL y Cesa Alicante SA). Tras su análisis y la constatación de que existían argumentos y apreciaciones contradictorias, se decidió elevar una consulta legal para que sea la Abogacía del Estado la que dirima la disputa. Se confía en que pueda conocerse una respuesta antes del consejo de administración del Puerto, que se celebrará este miércoles, día 15.
El decreto de suspensión no ha forzado la cancelación de llegadas ni el desvío de ningún barco a otro puerto, según portavoces de la Autoridad Portuaria
Por lo pronto, las mismas fuentes precisaron que la orden municipal de suspensión no ha tenido todavía ninguna incidencia real en el funcionamiento del Puerto, ya que no está prevista la llegada de ningún barco cargado de graneles hasta este jueves. Tampoco se ha producido ninguna cancelación ni el desvío de ninguna embarcación hacia otro puerto, según las mismas fuentes.
El decreto de paralización de actividad, que suscitó el respaldo de los colectivos vecinales de la zona sur este mismo lunes, se produjo dos días después de que la confederación de asociaciones de vecinos de la Comunitat (CAVECOVA) difundiese los datos de un estudio elaborado a petición propia en el que se alertaba de la superación de los niveles legales de emisión de partículas. Esa circunstancia ya motivó la apertura de un primer expediente sancionador por parte de la Conselleria de Medio Ambiente que todavía no se ha llegado a sustanciar con la imposición de ninguna multa.
Fuentes del departamento autonómico precisaron este mismo lunes, en declaraciones a Radio Alicante, que se había procedido a abrir un segundo expediente sancionador por otro episodio posterior en el que la red de medidores de emisiones situados en el entorno del Puerto (uno de los condicionantes exigidos en la autorización ambiental de emisiones a la atmósfera concedida por Medio Ambiente) había confirmado valores por encima del límite legal.
