Las instalaciones portuarias gestionadas por Marina Deportiva y Comercial Marina Deportiva, en el muelle de Levante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La actividad económica generada en el Puerto de Alicante -y en torno a él- anticipa una profunda transformación de sus instalaciones que, en último término, suponen la de la trama urbana de la propia ciudad de Alicante. Según pudo saber Alicante Plaza, varias de las empresas que actualmente explotan concesiones que dependen de la Autoridad Portuaria prevén acometer obras de mejora en el recinto por valor de cerca de 25 millones de euros que, a la postre, acabarán redundando en el patrimonio de la ciudad.
La cifra (esos 25 millones) es el resultado de la suma de todas las inversiones que esas mismas compañías se han comprometido a ejecutar en sus peticiones de prórroga de sus respectivas concesiones, al margen del pago del correspondiente canon al Puerto por los derechos de ocupación de superficie. Según confirmó a este diario, el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, esas solicitudes -que no llegó concretar en un número redondo- están en distintas fases de tramitación, algunas de ellas "incluso ya en Madrid, pendientes del visto bueno de Puertos del Estado y del Consejo de Ministros". O incluso ya recientemente aprobadas.
Se trata, por ejemplo, de las presentadas por Comercial Marina Deportiva y por Marina Deportiva -lideradas por la familia Palacios- sobre el espacio comercial del muelle de Levante y sobre los atraques de ese mismo muelle. Las dos sociedades disponen de plazo para explotar esos espacios hasta el año 2023 y acaban de solicitar una ampliación adicional por otros 12 años, sujeta a la renovación de infraestructuras por un importe de más de 6 millones de euros. Las dos empresas prevén acometer una reforma de todo el muelle, desde la zona del Casino hasta el acceso a los pantalanes, lo que afecta a los cerca de cincuenta negocios de hostelería repartidos a lo largo de todo el paseo que esperan conocer los detalles de la propuesta para dedicir sobre su permanencia más allá de sus contratos actuales, vigentes hasta 2023. La petición aspira incluso a ganar superficie de concesión.
Otro ejemplo es el de la inversión a la que debe quedar ligado el futuro concesionario del centro comercial Panoramis, cuya unidad de negocio está ahora en proceso de subasta, como principal activo de la sociedad Marina de Poniente (en liquidación). El comprador de ese activo deberá ejecutar obras por valor de más de 1,6 millones, ya que Marina de Poniente había iniciado la tramitación para obtener una prórroga de otros 12 años en la gestión del complejo a la que, según los pliegos de la subasta, queda ligado obligatoriamente su futuro comprador. Si esa prórroga, se aprueba el nuevo gestor de Panoramis podrá explotarlo hasta 2040, en lugar de hasta la fecha de extinción actual, en 2028.
Y un tercer ejemplo, quizá el que conllevará una obra de mayor importe, es el de TMS. La empresa, que opera los muelles 21, 23 y 25, en Poniente, que albergan las terminales de pasajeros, contenedores y graneles, obtuvo en 2015 autorización para mantener la gestión de ese espacio por otros 12 años, de modo que seguirá explotándolo en régimen de concesión hasta 2047. A cambio, debe ejecutar obras por un importe de 15 millones de euros, destinadas a incrementar el alcance de su actividad y modernizar la operativa portuaria.
El desarrollo del muelle 19, con más de 360 metros de línea de atraque, 14 metros de calado y 65.000 metros cuadrados de superficie, permitirá la ampliación de la zona portuaria para la implantación y el desarrollo de actividades de carga y descarga en cualquier sector del transporte marítimo. Además, el paquete de actuaciones conlleva la ampliación de la terminal ferroviaria existente, lo que permitirá operar trenes de hasta 750 metros de longitud. Por último, incluirá la implantación del sistema de gestión operativa TOS que permitirá una mayor eficiencia en el proceso productivo, según concreta la página web oficial de la propia TMS.
Sólo esas tres concesiones ya rondan la cifra de los 23 millones, a las que se suman otras instalaciones menores que también habrían solicitado más plazo de explotación.
