El Puerto 'aparca' el convenio de cesión de suelo para el centro de congresos hasta ajustar su uso

ALICANTE. El primer paso efectivo que debía allanar la construcción del futuro centro de congresos de Alicante sufre un primer contratiempo inesperado. El consejo de administración del Puerto optó finalmente este viernes por dejar sobre la mesa el acuerdo por el que se preveía autorizar la firma del convenio de cesión del suelo necesario para situar esa infraestructura en favor de la Diputación. Como avanzó este diario, se trataba de regular la puesta a disposición de la institución provincial (la promotora inicial de sus obras) de una superficie de 16.000 metros cuadrados encuadrada en la confluencia entre los muelles 7 y 9 que actualmente se destinan a usos comerciales ocasionales.

Sin embargo, la decisión quedó aparcada hasta que pudiese completarse la propuesta para dotarla de mayor seguridad jurídica, en función de la recomendación que se habría formulado desde la Abogacía del Estado. Básicamente, por lo que respecta a la necesidad de garantizar el encaje del edificio congresual en los terrenos propuestos, mediante la modificación de los usos previstos en ese ámbito concreto. Es decir, que se habría optado por garantizar que el inmueble es compatible desde el punto de vista de la normativa urbanística en el emplazamiento escogido antes de autorizar una posible cesión de los terrenos, dado que dicha cesión resultaría baldía de no permitirse que tuviesen el destino pretendido.

De hecho, en paralelo, el consejo sí tomo conocimiento del informe por el que se daba a conocer el inicio del expediente para modificar la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP) -la ordenación urbanística específica que rige en los límites del espacio portuario- con el fin de amparar el uso terciario que conlleva la construcción del centro de congresos en la explanada de ambos muelles. Se trata de un proceso de ajuste que podría prolongarse entre uno y dos años, en el que se debe recabar autorización a las administraciones que manejan competencias urbanísticas, como la Generalitat o el propio Ayuntamiento. Pero también a los ministerios de Transición Ecológica (que asume las competencias sobre Costas), al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía y Hacienda, además de a Puertos del Estado, adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad: en realidad, el escalón de la administración al que le corresponde la responsabilidad de aprobar definitivamente ese cambio en las DEUP.

Así, este viernes no se habría podido precisar todavía cual sería la duración de los efectos de ese contratiempo, por el que se abogó paralizar la autorización del convenio. A priori, se podría tratar de buscar una fórmula de redacción adecuada en la que se incorporase ese condicionante (que se permita la construcción del edificio tras la modificación las DEUP) como cláusula a incorporar en el futuro convenio. Con todo, como mínimo, esa posible solución quedó aplazada hasta la próxima reunión del consejo. 

La modificación de las normas urbanísticas del Puerto para dar cabida al edificio requiere de autorización de la Generalitat, del Ayuntamiento y de hasta cinco ministerios

En todo caso, el aplazamiento de ese acuerdo sobre el convenio no paraliza el resto de los trámites pendientes para que el centro pueda convertirse en realidad. Entre tanto, la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante podrían cerrar el convenio bilateral para la constitución del consorcio encargado de la promoción de las obras. Y, al tiempo, también se podría avanzar en la elaboración del estudio de integración paisajística del edificio, entre otros documentos de planificación sobre el diseño del edificio.

Lo cierto es que parte de esa información ya se ha concretado en sus parámetros básicos: el centro de congresos ocuparía 5.500 metros de los 16.000 solicitados al Puerto, mientras que otros 2.000 quedarían reservados para el desarrollo del centro operativo del organismo tributario de la Diputación (Suma). Así se concretó, cuando menos, tanto en esa memoria técnica como en la manifestación de interés registrada por Ayuntamiento y Diputación, con la que se avanzaba la intención de optar a esa cesión, el pasado mes de abril.

Por el momento, no ha trascendido el plazo por el que se acordaría la cesión de esos terrenos, aunque todo parece indicar que, como mínimo, la duración del acuerdo tendría una vigencia de 30 años, sujeta al menos a una posible renovación posterior.

En la reunión del consejo de administración, por otra parte, se aprobó la convocatoria del concurso para construir una plataforma flotante en la bocana de la dársena interior del Puerto, en la que se prevé situar un restaurante como atractivo turístico. De igual modo, también se autorizó la cesión del antiguo edificio de Sanidad marítima a la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática para que pueda acondicionarlo como sede del Instituto de Memoria Democrática, como avanzó este diario.