El PSPV aventaja por primera vez al PP en casos con imputados en la Diputación de Alicante 

ALICANTE. Tras la renuncia del ex alcalde de Santa Pola y diputado provincial de Bienestar Social, Miguel Zaragoza-al parecer prevista para el 24 de mayo, el PSPV es el grupo que más casos de imputados judiciales acumula, después de que el ex alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, haya sumado su segunda citación judicial por el caso de los opinómetros, instalados por la empresa de uno de los socio de Crespo Gomar. De esta manera, los socialistas tienen a dos diputados provinciales, el portavoz José Chulvi y el propio Navarro, en tres casos judiciales, mientras que al PP, con la salida del investigado Zaragoza, tiene a dos diputados en dos casos: Bernabé Cano, sigue imputado en el caso de las nóminas de La Nucía y Eduardo Dolón, el denominado Caso Vela de Torrevieja fue archivado por el juzgado y ha sido reabierto por la Audiencia Provincial.

El PP ha tenido que hacer de tripas corazón para salir a flote cada vez que le han afeado el número de imputados que tenía entre sus escaños en la Diputación de Alicante. Ahora, tras las nuevas imputados derivadas del caso Crespo Gomar y su relación con la supuesta financiación del PSPV, los socialistas ya suman más casos, tres, y en dos de ellos, con el mismo protagonista, Agustín Navarro, ex alcalde de Benidorm y hombre cercano a Ximo Puig, que este miércoles recibió al menos la comprensión de Ferraz. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha confirmado que Navarro no deberá dimitir mientras no se le abra juicio oral. 

El exalcalde de Benidorm tendrá que acudir a declarar el próximo 14 de junio y junto a él han sido citados, también el mismo día e igualmente como investigados, Alberto Gomar y José Ramón Tíller, socios de la empresa Opino Media S.L. que resultó adjudicataria de aquel contrato, y la exconcejal Mariola Fluviá, que ostentaba en área de Contratación. 

A ello, Navarro suma el caso de las contrataciones irregulares de Personal en su etapa como alcalde, y por el que está acusado de supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Se trata de un caso que se remonta a su etapa como alcalde cuando se produjeron una serie de contrataciones y ascensos de personal, que fueron denunciados por un sindicato policial. En esta misma causa, está investigados el exconcejal de Recursos Humanos Juan Ramón Martínez, la exjefa de Personal y el excoordinador de Recursos Humanos.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en la Diputación, José Chulvi, fue denunciado por la cúpula de Ciudadanos por posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Xàbia. Fue a declarar hace dos semanas en calidad de investigado y ha solicitado el archivo de la denuncia. Chulvi fue denunciado por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el posible fraccionamiento en 12 contrataciones, que ascendían a 521.021 euros y que Ciudadanos consideraba irregulares por falta de tratamiento de expediente.

En la bancada del PP, en estos momentos, hay dos imputados, Bernabé Cano y Eduardo Dolón. Todos ellos explicaron sus casos en una sesión plenaria. Bernabé Cano, diputado de Obras, sigue imputado por el caso de las nóminas de La Nucía: se trata de un caso de supuesta prevaricación en el que se investiga el pago de nóminas de 20 interinos, cuyas oposiciones fueron anuladas. La interventora del consistorio advirtió de las posibles irregularidades del pago de esas nóminas, pero el equipo de gobierno siempre ha venido levantando los reparos con informes externos. Cano alegó en su comparecencia en la diputación que las oposiciones habían sido convocadas de nuevos y por tanto, ya se podían pagar las nóminas. Pero el caso sigue abierto en un juzgado de La Vila Joiosa.

El vicepresidente y diputado de Turismo, Eduardo Dolón, también sigue imputado en el caso Vela Mata, que investiga el funcionamiento irregular de una discoteca en la playa de La Mata en su etapa como alcalde de Torrevieja. El caso fue archivado por el juzgado número dos de la ciudad salinera y después reabierto por orden de la Audiencia Provincial al no estar debidamente justificado el archivo. Dolón ha tenido que declarar otra vez en calidad de investigado.

El tercer imputado en cuestión era el diputado de Bienestar Social y ex alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, que la semana pasada anunció su dimisión. Zaragoza está siendo investigado por el juzgado número dos de Elche por supuesta prevaricación, malversación y cohecho en el denominado caso de la Clínica de Gran Alacant. Se trata de un alquiler de una dependencia municipal que fue alquilada a un centro médico, que nunca pagó alquiler al consistorio y además, contrató a familiares de concejales del PP, entre ellos, a la hermana de Zaragoza, que, además, cobraba sin ir a trabajar.