El encuentro celebrado por la delegación del PSPV con la edil no adscrita, Nerea Belmonte, sobre su posición en el pleno de investidura.ALICANTE. La investidura del futuro alcalde de Alicante continúa atascada en un bucle y en el PSPV ya incluso se asume que probablemente no quedará despejada hacia un signo político u otro hasta el desarrollo del mismo pleno, convocado de manera oficial a las 9:30 horas de este jueves, 19 de abril. En esa misma sesión se producirá la toma de posesión de Miguel Castelló como nuevo concejal del PSOE antes de que se desarrolle la votación para elegir al sustituto de Gabriel Echávarri, tras el registro de su dimisión, el pasado lunes.
Tras el rechazo de Ciudadanos (que este lunes formalizó la candidatura de su portavoz, Yaneth Giraldo) y del edil no adscrito, Fernando Sepulcre, a apoyar la elección de Eva Montesinos (la número 2 de la candidatura con la que el PSPV concurrió a las urnas en 2015), todo apunta a que el voto que puede resultar determinante sigue siendo el de la edil no adscrita, Nerea Belmonte, que continúa sin dar a conocer cuál puede ser su posición llegado el momento. Es más, sostiene que aún no ha tomado ninguna decisión, después de que el PSPV le entregase, el viernes, la documentación adicional que había solicitado sobre los proyectos que podrían desarrollarse desde las Concejalías de Acción Social y Urbanismo en el año que resta por agotar el mandato.
Según las fuentes consultadas, la exconcejal de Guanyar (expulsada del equipo de Gobierno, de ese grupo político y de Podemos por dar contratos menores de manera directa a personas de su entorno, sin que se abriese ninguna investigación al respecto) espera todavía que se le aporten garantías de que se promoverá la restitución moral que lleva reclamando desde hace casi medio año, con una propuesta de reforma del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) que le reconocería los mismos derechos políticos y económicos que al resto de concejales de la oposición.
En principio, el respaldo a la reforma de ese reglamento está asegurado con la suma de los votos de PSOE, Guanyar y Compromís, además de la propia Belmonte. Las tres fuerzas se conjuraron para modificar esa norma en el pacto de Gobierno firmado tras las municipales de 2015, al considerar que resultaba necesario corregir los últimos cambios introducidos por la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo. Es más, los tres socios del ya extinto tripartito estarían dispuestos a impulsar esa revisión en profundidad, no limitada estrictamente a los artículos que recoge la propuesta de Belmonte, según se puso en común en un encuentro celebrado el pasado viernes entre representantes de las tres fuerzas. Con todo, lo cierto es que, en ese momento, Guanyar también solicitó que la Asesoría Jurídica municipal emitiese un segundo informe sobre la propuesta de Belmonte, al margen del ya formulado por el secretario municipal.
Sin embargo, esa restitución moral de Belmonte incluiría una segunda fase: la aprobación de un segundo acuerdo de pleno por el que se le concediese la misma retribución económica que perciben el resto de concejales de la oposición por el desempeño de su labor política. Todos los ediles de la corporación de Alicante, salvo Belmonte y Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos, que sí dispone de sueldo en la Diputación Provincial), perciben unas retribuciones que oscilan entre los 35.000 y los 47.000 euros brutos anuales, en función de su grado de dedicación al cargo.
Según fuentes de Guanyar y Compromís, ni el PSPV ni su candidata a la investidura, Eva Montesinos, han planteado formalmente esa segunda fase de la restitución de Belmonte. Sea como fuere, se da por descartado que la asamblea de Guanyar -que aprobó una resolución para exigir la dimisión de Belmonte y que la considera tránsfuga- pueda avalar que se le asigne sueldo. También parece descartado que la propuesta pueda contar con el voto de Ciudadanos (Cs), que también ha criticado que el PP mantenga la retribución concedida a Sepulcre en 2015, cuando se firmó el pacto para que el popular César Sánchez se convirtiese en presidente de la Diputación.
Con esas previsibles posiciones, el acuerdo sobre la hipotética retribución de Belmonte dependería de los 8 concejales del PP. Y ahí quedarían expuestos a retrasarse: si rechazasen la propuesta, deberían explicar por qué sí respetan la asignación concedida a Sepulcre en la institución provincial.
La cuestión es que tanto la reforma del ROP como la asignación de emolumentos quedarían postergados a un futuro. Ninguno de los dos posibles acuerdos llegará antes del pleno de investidura del jueves, que es el que centra ahora la atención política de las tres fuerzas de progreso. Así, tanto el PSPV como Compromís volvieron a apelar este lunes a la responsabilidad de Belmonte, pero también a la de Cs, para procurar que se respete la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas en las municipales de hace tres años. Socialistas y nacionalistas insistieron en que "no vale no hacer nada, porque no hacer nada o votar al candidato propio supone favorecer que se produzca el regreso del PP". En este sentido, en ambas formaciones se continúa manteniendo la confianza en que Belmonte sea consecuente con su posición ideológica y no permita que eso ocurra, convirtiéndose en la concejal que permitió que los populares recuperasen las riendas de Alicante, aunque no se posicione públicamente hasta el mismo pleno del jueves.
¿Qué sucede en Guanyar? La postura oficial de la plataforma que lidera EU sigue siendo la misma que la de sus exaliados, en función del acuerdo aprobado por su asamblea el pasado miércoles. Ahora bien, sigue pesando el órdago lanzado por la exedil de Acción Social, Julia Angulo, tras el incidente protagonizado por el secretario de Inmigración de la ejecutiva local del PSOE, Ricardo Picó, en una visita protocolaria girada por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, al Ayuntamiento de Alicante el pasado miércoles, en la que el dirigente socialista le llamó "corrupto". Angulo persistió este lunes en que no había nada nuevo respecto a su posición: o el PSOE expulsaba a Picó de su ejecutiva, o no apoyaría a Montesinos.
Esa posibilidad sigue descartada por parte del nuevo secretario general, Miguel Millana, quien sostiene que ya se han tomado las medidas que resultaban necesarias: apercibimiento a Picó por su actitud inadmisible y petición de disculpas. A su juicio, se trataría de un asunto zanjado.
Por lo pronto, el socio mayoritario de Guanyar, Esquerra Unida (EU), reúne esta tarde a su consejo político para analizar ese altercado, al considerar que el gesto del PSOE resulta insuficiente. Las fuentes consultadas precisaron que, probablemente, no habrá un cambio de posición de EU sobre la investidura de Montesinos que pueda comprometer a los cinco concejales de Guanyar, aunque sí se exigirá contundencia al PSOE respecto al incidente de Picó. Con todo, Angulo siempre podría decidir actuar por su cuenta y riesgo.
Entretanto, el PP avivó la controversia en torno al pleno de investidura con la petición de dimisión de Montesinos, después de que trascendiesen supuestas anomalías en la contratación del servicio de traslado en ambulancia de los juegos escolares, concertada desde la Concejalía de Deportes, de la que Montesinos es titular. La alcaldesa en funciones avaló la corrección del procedimiento que, según insistió, se tramitó bajo la supervisión de los técnicos.
