Agustín Navarro, en una imagen de archivo. Foto: APALICANTE. El informe emitido por el PSPV sobre su financiación no ve irregularidades ni "responsabilidades personales" en la contabilidad de la formación ni en la de la campaña electoral de 2007. Sin embargo, sí admite dos donaciones particulares que, según su propio informe, se hicieron "de manera incorrecta" al PSOE de Benidorm, en la época en que Agustín Navarro era candidato a la Alcaldía (la alcanzaría en 2009 con una moción de censura). Se refiere a dos pagos efectuados por el gestor sanitario Hospimar 2000 SL y por la mercantil Quick Meals Iberica SL, que es la mayor franquiciadora de Burger King en España. Ambas empresas operaban en Benidorm en esa época.
Como anomalía, este análisis solo observa en Benidorm dos donaciones hechas por las citadas empresas locales "a través de un sistema de donación de manera incorrecta". No obstante, el informe destaca que "se ha verificado que dichas empresas no han recibido trato de favor alguno por parte de la administración". Así lo explicaron este viernes el vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata, y la diputada socialista y miembro de la comisión que ha elaborado este documento interno, Ana Barceló, en la rueda de prensa que ofrecieron para darlo a conocer tras haber sido tratado en la reunión del Secretariado de la Comisión Ejecutiva Nacional de la formación celebrada esta jornada.
Esos dos pagos, que en la documentación original de la denuncia suman 39.000 euros, habrían ido a pagar facturas de la agencia de publicidad Crespo Gomar, encargada de la campaña socialista. Del importe que aparece reflejado en las facturas originales aportadas a la causa, Hacienda ha rastreado pagos por 17.500 euros que coinciden con los investigados. Estas facturas forman parte del sumario que instruye el juzgado de Benidorm (hay cuatro investigaciones abiertas como consecuencia de la denuncia inicial del PP, dos en Madrid, una en Gandía y la de Benidorm) donde también obra un informe policial que ve irregularidades en la adjudicación de los opinómetros (un sistema de encuesta a los ciudadanos) pagados por el Plan E y que acabó en Opino Media, una de las empresas de José Ramón Tiller, vinculado a Crespo Gomar y en la actualidad alto cargo del PSPV.
Opino Media fue adjudicataria de dos contratos para la instalación de opinómetros en Gandia y Benidorm en 2009 y 2010, respectivamente, que también están bajo el foco judicial, pues según un informe policial que obra en autos, la empresa no cumplía los requisitos para ser adjudicataria y, por tanto, el concurso debió quedar desierto. Sin embargo, el consistorio alicantino, presidido por el socialista Agustín Navarro, decidió dárselo a la empresa de Gandia. La magistrada que se hizo cargo del caso en un primer momento encargó un informe a la Intervención General del Estado que constató irregularidades en expedientes de contratación adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde administraciones controladas por el PSOE.
"Estamos convencidos de que no hay dentro de la organización nadie que haya tomado una decisión que sea delictiva antes y que haya prescrito ahora", expuso ayer Mata, quien señaló que "no hay nadie que concretamente haya articulado una trama" y que "no hay responsabilidades personales". "No podemos satanizar a una persona o a dos o a tres porque no ha habido ningún comportamiento irregular detectado para organizar no se sabe qué". De este modo, concluyó que su partido "ha abonado" a la empresa de comunicación Crespo Gomar, que aparece en la investigación judicial en curso, "los servicios prestados". Igualmente, sostuvo que no se han detectado "pagos a terceros referidos a la campaña autonómica 2007".
