Los líderes del tripartito, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), Gabriel Echávarri (PSOE) y Natxo Bellido (Compromís). Foto: JUAN CARLOS SOLERALICANTE. El catálogo de protecciones (un documento que servirá de punto de partida para la redacción del futuro Plan General de Alicante) será definitivamente otro escenario de desencuentro entre los socios del tripartito de Alicante. El acercamiento que escenificaron Guanyar y Compromís en un encuentro celebrado el pasado jueves entre el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón y la edil de Desarrollo Económico, Sonia Tirado (al menos por lo que respecta a las posibilidades de expansión del suelo industrial) no tiene visos de extenderse por ahora hacia el tercer aliado político que conforma el equipo de Gobierno. El grupo socialista encara el debate sobre la aprobación de ese catálogo con una posición de máximos: o se admiten todas sus alegaciones frente al documento o votará en contra. Es decir, no permitirá que se apruebe. Así de tajante y simple.
¿De qué alegaciones se trata? En realidad son solo tres, pero de gran alcance. La primera ataca directamente una de las incorporaciones que se planteó tras la primera fase de alegaciones: la compensación por derechos de edificabilidad. El PSOE reclama que se elimine el reconocimiento de todo derecho subjetivo para los propietarios de inmuebles que quedan protegidos en el catálogo a los que no se les permitirá ganar alturas (construir más plantas) pese a que el Plan General de Ordenación Urbana sí ampare esa posibilidad de ganar volumetría.
Los socialistas consideran que el Ayuntamiento no cuenta con capacidad económica suficiente con la que compensar ese reconocimiento de derechos de edificabilidad que se dan por adquiridos; que se abriría la puerta a un sinfín de reclamaciones al no existir una motivación suficiente para fijar los criterios de protección para derminados edificios y que, en todo caso, el catálogo no puede modificar nunca la volumetría de los edificios, puesto que se trata de una cuestión que debe quedar determinada en el propio Plan General o en Planes Especiales para determinados ámbitos.
Lo cierto es que los técnicos de la Concejalía de Urbanismo sí llegaron a cuantificar el importe de esas posibles compensaciones. Como explicaron el propio Pavón y el arquitecto director de la oficina del Plan General, Mariano Beltrá, al presentar la segunda versión del catálogo, se había decidido incorporar una memoria económica en la que se valoraba en 16 millones la cartera de suelo público (adquirido a partir de reparcelaciones) con la que se podría compensar esos derechos subjetivos.
El PSOE considera que ese reconocimiento de derechos subjetivos se acuerda en el catálogo de forma genérica, sin rigor, por lo que exige que se elimine. En su lugar, plantea que se recoja una disposición transitoria en la que se aplace la determinación de esos hipotéticos derechos de edificabilidad a la revisión o redacción de los instrumentos urbanísticos que sí tienen esa función (el citado Plan General o Planes Especiales). Sería en ellos en los que, en el plazo máximo de un año desde la aprobación de catálogo, se precisaría de forma motivada y objetiva si se debe reconocer o no esos derechos y en qué modo. Todo, tras la aplicación de una suspensión de licencias de intervención en esos inmuebles protegidos por lo que respecta a ampliaciones.
La segunda alegación tiene que ver con la protección del sector de Las Torres de la Huerta-La Condomina. El PSOE exige que se elimine su tratamiento a través de un Plan Especial como parque agrícola de interés cultural y etnológico en el que se incluiría esa red de edificios de vigilancia (torres) construidas entre los siglos XVI y XVIII. Para los socialistas, esa figura constriñe toda actuación urbanística residencial, lo que, a su juicio, dificulta que se lleve a cabo la protección y conservación de esas torres. En su alegación, el partido del alcalde, Gabriel Echávarri, ampara el desarrollo de zonas residenciales -con edificios limitados a un máximo de seis alturas- de modo que se facilite la creación de una suerte de Central Park que englobe al conjunto de torres como un espacio unitario.
¿De qué modo? De acuerdo con esa alegación, el Ayuntamiento adquiriría el suelo en el que se encuentran esos baluartes para generar zonas ajardinadas, carriles bicis y crear centros de interpretación de esas edificaciones a partir de las cesiones de aprovechamientos derivadas de uno o varios PAI que pudiesen tramitarse. Sólo así, según las alegaciones del PSOE, se favorecerá la protección y conservación de ese conjunto de inmuebles defensivos declarado BIC, ya que la aprobación de un Plan Especial sólo implica obligaciones de conservación y límites de uso sin dar pie a su disfrute por parte de la ciudadanía.
La tercera y última tiene que ver con la creación de suelo industrial en el entorno del polígono de Las Atalayas. El PSOE reclama que se retire la catalogación de suelo no urbanizable hito que, sostiene, se confiere a la zona conocida como Las Lomas de Las Atalayas, ya que, en su opinión, impide su ampliación. El grupo socialista insiste en que el catálogo no puede plantear una reclasificación de suelo ni en esa zona ni en ninguna otra y subraya que ese emplazamiento concreto está clasificado como suelo no urbanizable común en el Plan General vigente, de 1987.
Fuentes del PSOE recalcaron a Alicante Plaza que las tres alegaciones en su conjunto deben ser admitidas "sí o sí" para que los seis concejales del grupo municipal puedan favorecer la aprobación del documento. Según las mismas fuentes, no se contempla el acuerdo si sólo se admiten parcialmente.
Los ediles de Medio Ambiente y Urbanismo, Víctor Domínguez y Miguel Ángel Pavón, junto al arquitecto director de la oficina del PGOU, Mariano Beltrá. Como viene publicando Alicante Plaza, lo cierto es que el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, ya se ha avenido a relajar algunas de las condiciones que se preveían en la primera versión del catálogo, como la que concierne al suelo del entorno de Las Atalayas, y también ha anunciado que contempla cambios tras la segunda versión. En esta línea, la semana pasada ya dejó claro su intención de mantener un encuentro con representantes del PSOE para abordar el catálogo al detalle y tratar de negociar su respaldo. Según fuentes municipales, ese encuentro -en el que se incluiría a Compromís- estaría convenido con representantes del grupo socialista aunque por el momento se desconoce su fecha concreta. El objetivo de Pavón es poder elevar al pleno municipal una nueva versión del catálogo en el mes de abril.
La portavoz municipal del grupo de Cs en el Ayuntamiento de Alicante, Yaneth Giraldo, por su parte, instó este lunes al concejal de Urbanismo "a que vele por estrategias más amplias y de futuro para el desarrollo del suelo empresarial en Alicante, estrategias que pasan necesariamente por crear espacios modernos e interconectados para futuros inversores, incluidas empresas de alto valor añadido". "No se trata solo de hacer un recuento del suelo industrial disponible, que él cifra muy generosamente en 900.000 metros cuadrados, sino de evaluar la calidad de ese suelo", sostuvo. Además, insistió en que "incluye en ese recuento suelo no programado, obviando toda la burocracia que hay que hacer para llevar a cabo reclasificaciones". Para Giraldo, "Pavón tiene una postura muy reduccionista, supedita casi todo al nuevo Plan General, cuando es seguro que al actual tripartito no le va a dar tiempo de tramitarlo", concluyó.
