ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, ahora constituido por seis ediles del PSOE en solitario tras la ruptura del tripartito, no considera que resulte necesario abordar una modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para que los ediles no adscritos puedan tener los mismos derechos económicos y políticos que cualquier otro concejal de la oposición. Al menos, no "de momento", según ha considerado la portavoz socialista, Eva Montesinos, al ser preguntada sobre la iniciativa presentada por la no adscrita (exconcejal de Guanyar), Nerea Belmonte.
En declaraciones a los medios este martes, tras la Junta de Gobierno, Montesinos ha admitido que la propuesta quedó registrada este lunes, aunque ha insistido en que no es una cuestión que el PSOE pretende abordar entre las prioridades de su acción política.
El portavoz del grupo municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha apuntado que la propuesta se tendría que valorar, ya que todavía no conocía en qué términos se había presentado, aunque ha recordado que existen unos límites legales fijados en el pacto contra el transfuguismo y en la propia Ley Electoral.
Sea como fuere, las valoraciones de los dos portavoces no conlleva que la proposición quede rechazada. Será la Secretaría General del Pleno quien resuelva si debe ser admitida a trámite para su debate en la próxima sesión de la corporación municipal. Y, en el caso en el que se admita para su debate, será el conjunto de la corporación quien decida si se aprueba o se rechaza.
Por otra parte, la también edil de Urbanismo ha respondido sobre la pregunta registrada también por Belmonte sobre la creación de un registro municipal de solares. Montesinos ha afirmado que el registro de solares también lo ha solicitado "otra concejalía" y que se está "haciendo" para "llevar un control sobre la limpieza de estos solares". El líder de Guanyar y exedil de Urbanismo se ha referido igualmente a esa pregunta para señalar que los técnicos municipales tenían la encomienda de iniciar su elaboración al menos en algún ámbito territorial de la ciudad concreto, pero que hasta ahora la respuesta que había obtenido es que no contaban con los medios suficientes para poder desarrollar ese trabajo. En esta línea, ha incidido en que, pese a que es una obligación legal, son muy pocas ciudades las que disponen de ese registro.
