Los ediles socialistas Miguel Millana y Llanos Cano, ante el alcalde, Luis Barcala, en un pleno.ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento reitera su solicitud e insta al equipo de Gobierno, el bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, a constituir la comisión de fiscalización sobre la contrata de mantenimiento de zonas verdes aprobada en el pleno de noviembre. Su creación se acordó a iniciativa del PSOE, quien consideró necesario que se esclareciesen "las presuntas irregularidades denunciadas contra la concesionaria del contrato de mantenimiento de zonas verdes de Alicante".
Entre ellas, según explicó su portavoz municipal, Paco Sanguino, al fundamentar la propuesta, figurarían "la persistencia de la denuncia de irregularidades por parte de los trabajadores", además de que "una investigación realizada por vecinos alertase de que Alicante había perdido cerca de 4.000 árboles y palmeras en los últimos años".
En esta línea, la edil socialista, Llanos Cano, apuntó este miércoles que "han transcurrido dos meses desde que el acuerdo se adoptó en pleno", gracias al respaldo de PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox, "y no se ha producido ni la primera reunión para la constitución de la comisión, por lo que parece que no quedará otra alternativa que volver a recurrir a la Sindicatura de Greuges para presentar una nueva queja ante el bloqueo al cumplimiento de ese acuerdo".
De hecho, el PSOE ya tuvo argumentó en noviembre que tuvo que elevar una primera queja a la Sindicatura después de que el informe de fiscalización del interventor sobre los pagos realizados a la anterior concesionaria del servicio (Geamur), solicitado en enero, fuese entregado con nueve meses de retraso. Esa circunstancia, según el PSOE, supondría una evidencia de "la falta de transparencia" del equipo de Gobierno y de su "desinterés por la fiscalización de la contrata".
La nueva petición para que se convoque dicha comisión se reproduce ahora después de que este diario diese cuenta de la existencia de un dosier en el que se recopila información y fotografías sobre las labores supuestamente desarrolladas por trabajadores del servicio al margen de las que deberían ser sus funciones esenciales (el cuidado de los jardines), así como sobre sus condiciones de trabajo. Como informó este diario, fuentes del equipo de Gobierno apuntaron que ningún informe interno había advertido sobre la existencia de esas supuestas disfunciones. Por su parte, responsables de la empresa negaron que se hubiesen producido tareas no previstas en el pliego de condiciones y defendieron que la prestación se ajustó a esas obligaciones.
El servicio, ahora asumido por la empresa STV Gestión desde el inicio de 2021, sigue pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) resuelva sobre la idoneidad de su adjudicación a esa misma empresa, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) instase al Ayuntamiento a retrotraer el concurso para readmitir la propuesta presentada por Geamur, después de que quedase descartada por la mesa de contratación municipal con el argumento de que había incurrido en baja anormalmente desproporcionada. El TACRC, por el contrario, sí consideró que su oferta era válida y debía valorarse junto al resto de las plicas presentadas.
