ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante ha instado este viernes al alcalde, el popular Luis Barcala a cumplir "con los acuerdos plenarios" de modo que acuerde la convocatoria de "la comisión aprobada el pasado 17 de diciembre en la que se pedía proteger y recuperar el valle de Fontcalent". Fuentes del PSOE han apuntado, a través de un comunicado, que este viernes "los vecinos y vecinas de esta partida rural, han vuelto a concentrarse frente a las instalaciones de la empresa de valorización y eliminación de residuos que se ubica en la zona para reclamar su cierre inmediato", después de que el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Urbanismo, le haya vuelto a denegar la concesión de licencia.
En esta línea, el PSOE incide en su comunicado en que "en el último pleno del año, a propuesta del PSOE, se acordó crear una comisión para hacer frente a los vertidos ilegales que sufre esta zona". Así, recalca que fue una "moción que fue apoyada por el resto de grupos políticos salvo Ciudadanos, que se abstuvo, y Partido Popular, que votó en contra". "Si realmente había interés por proteger esta zona saturada de vertidos ilegales no entendemos a qué están esperando para poner en marcha la Comisión aprobada en pleno", ha indicado el portavoz socialista, Paco Sanguino.
Según el PSOE, "de nuevo los colectivos vecinales, debido a la escasa credibilidad que le transmite el equipo de gobierno de Barcala, han convocado hoy la cuarta concentración y anuncian una quinta para el próximo pleno del 28 de enero en la Plaza del Ayuntamiento para mostrar su desacuerdo con la gestión del equipo de Gobierno".
En parecidos términos se ha pronunciado el edil de Compromís, Rafa Mas, quien ha incidido en que "los vecinos de Fontcalent llevan años reclamando que se cierre está planta de residuos que carece de la autorización necesaria y desde Compromís per Alacant siempre hemos estado junto a ellos a la hora de reclamar acciones contundentes para parar de una vez esta actividad". "Hoy, la prudencia ante la situación sanitaria, nos ha hecho quedarnos en casa pero apoyamos, como siempre hemos hecho, su reivindicación", ha apuntado.
Representantes de la empresa que explota la planta, por su parte, han explicado que el funcionamiento de sus instalaciones está amparado por la medida cautelar concedida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), tras reconocer el perjuicio económico al que se encuentra expuesto su funcionamiento después de que la Conselleria de Transición Ecológica no haya resuelto su petición de autorización integrada para completar la regularización de la planta.
Según las mismas fuentes, ese es el último trámite necesario para que el Ayuntamiento pueda conceder el permiso municipal. Además, portavoces de la compañía han negado que se esté enterrando residuos y han insistido en que la actividad de sus instalaciones se limita a la valorización.