Reunión entre los alcaldes del PSOE en la Vega Baja sobre las acciones en el consorcio de residuos. Foto: APALICANTE. Los alcaldes del PSOE de la Vega Baja piden tener toda la información de las negociaciones que desde la presidencia del consorcio Vega Baja Sostenible –el organismo de gestión de los residuos de la comarca- está manteniendo con la adjudicataria del plan zonal, la UTE Cespa-Ortiz. Además de esa información solicitan formar parte de ese diálogo para que desde todas las formaciones que conforman el consorcio se decida el futuro de la gestión de los residuos.
Desde hace meses no ha habido movimiento de trascendencia a los medios de comunicación en cuanto a novedades pero en la última semana ha dado un giro. Y todo después de que se hiciera público el miércoles de la semana pasada que el Tribunal Supremo había confirmado a la UTE Cespa-Ortiz como adjudicataria del plan zonal de residuos de la Vega Baja. El PSOE emitió al día siguiente un comunicado criticando la actitud de la presidenta del organismo y alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP) por haber ocultado la resolución judicial desde marzo, hecho que Belmonte desmiente alegando que alcaldes socialistas fueron conocedores cuando el director general de Calidad y Educación Ambiental lo comunicó en una comisión de gobierno. Los socialistas tacharon la actitud de Belmonte de falta de transparencia y “trato humillante”.
Este lunes, la propia Belmonte convocaba a los medios de comunicación acompañada de alcaldesa, alcaldes y concejales del Partido Popular en la comarca. En esa comparecencia anunciaba la hoja de ruta del próximo plan zonal –pequeñas plantas de tratamiento de orgánico en diferentes municipios, entre otras medidas- y admitía con normalidad las conversaciones que se habían entablado con la mercantil después de conocerse la resolución judicial y confirmar su predisposición a negociar un nuevo plan zonal. Estas nuevas directrices se basan en el Plan Integral de Residuos de la Generalitat donde se aparta el modelo de macrovertedero –como se le adjudicó a la mercantil- en favor de pequeñas instalaciones de tratamiento de residuos repartidas por la comarca.
Después de estos anuncios, el PSOE movía ficha y dos días después reunía a todos sus alcaldes de la comarca en Dolores. Acordaron y registraron una solicitud en la que se pedía una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del consorcio en el que se les comunicara el contenido de las reuniones informales mantenidas entre la presidencia y la UTE Cespa-Ortiz. También solicitaban la formación de una comisión de trabajo en el que participaran miembros de todos los grupos políticos, los servicios técnicos y jurídicos del consorcio y la propia UTE. El objetivo que buscan con esta comisión es estudiar la ejecución de la sentencia del 3 de abril de 2019, en la que el Tribunal Superior de Justicia ya resolvía a favor de la mercantil como adjudicataria del plan zonal.
El alcalde de Rafal y predecesor de Belmonte en la presidencia del consorcio, Manuel Pineda, señala que no van a aceptar “ninguna solución enlatada” y critican que los pasos que está dando la presidencia del consorcio los conozcan por la prensa. “Tenemos que saberlo todo desde el minuto cero”.
En cuanto a la línea de actuación anunciada por Belmonte de pequeñas plantas de tratamiento en vez de macrovertedero, desde el PSOE recuerdan que es algo que ya marca el Plan Integral de Residuos (PIR) -2019- y que es algo que se empezó a trabajar en la pasada legislatura. Por esta razón solicitan crear esa comisión para estudiar y ver de qué forma se adaptaría el que fuera el anterior proyecto de macrovertedero a la nueva normativa. “Esa sería la mejor solución, porque si no pudiera ser y habría que resolver el contrato, habría que indemnizar con unos 6 millones de euros a la empresa, y eso no es asumible. Pero si hay posibilidad de reorganizar ese contrato, habría que ir al detalle. Nuestra opción es que el proyecto de gestión pudiera adecuarse a la normativa actual” señala Pineda.
Hasta el momento, según avanzó Belmonte, la mercantil ha confirmado su predisposición a adaptar el contrato a la nueva normativa y así ejecutar el nuevo plan zonal. De este modo, ha solicitado a los Ayuntamientos que trasladen la disponibilidad de suelo municipal en polígonos industriales en el que puedan instalares futuras plantas de tratamiento de residuos orgánicos.
