Alcaldesas, alcaldes y concejales del PP ayer con la presidenta del consorcio de residuos. Foto: APBIGASTRO. La presidencia del consorcio de residuos –tiene como nombre oficial Vega Baja Sostenible- convocó a los medios de comunicación a este lunes para anunciar una de las noticias que marcará el nuevo modelo de gestión en la comarca, tras la resolución del Tribunal Supremo que da a la UTE Cespa-Ortiz la razón como adjudicataria del plan zonal. Para adaptarse a la normativa y evitar la construcción de ningún vertedero las líneas de actuación se dirigen a una red de plantas de tratamiento de orgánicos en la mayoría de los municipios de la comarca. Para eso, solicita a los Ayuntamientos que pongan sobre la mesa parcelas municipales en polígonos industriales para que se destinen a este propósito.
Este importante anuncio se hizo con la puesta en escena de la segunda motivación de la rueda de prensa. Para trasladar una imagen de respaldo amplio ante las críticas del PSOE comarcal, la presidenta se flanqueó con alcaldesas y alcaldes del PP en la Vega Baja. De esta manera dio a conocer el nuevo rumbo de la gestión de los residuos.
La presidenta del consorcio, y alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, enfatizó la idea de que se abre una nueva vía de gestionar los residuos. Por un lado ante el empuje de la Unión Europea de incidir cada vez más en los principios de Economía Circular a través de un calendario para el correcto tratamiento de los residuos aplicable a todo el territorio de la UE. En él se establece un porcentaje de residuos que deben valorizarse y un porcentaje máximo que se pueden destinar a vertedero. Contempla un régimen sancionador. Por otro lado, ante la normativa de la Generalitat Valenciana, Plan Integral de Residuos, donde se desbanca la política de los macrovertederos, como estaba previsto para la Vega Baja, a favor de diferentes instalaciones repartidas por toda la comarca.
A estas políticas se le sumó en marzo el fallo del Tribunal Supremo, donde inadmitía el recurso que el consorcio presentó a principios de 2019 y daba la razón a la UTE Cespa-Ortiz confirmando su categoría de adjudicataria del plan zonal de la Vega Baja. Este proceso se judicializó cuando en 2015 la junta de gobierno del consorcio y la Diputación de Alicante, ambas bajo el mando de Luisa Pastor, decidió rescindir el contrato. Con todos estos elementos, el consorcio y la apuesta por una red de plantas de tratamiento de orgánica de pequeño tamaño, ha empezado a solicitar a los Ayuntamientos que informen sobre suelo municipal en polígonos industriales para llevar a cabo la construcción de estas instalaciones.
El propósito es construir una en cada municipio grande de la Vega Baja, adaptada a su tamaño y población fluctuante. En el caso de los pueblos pequeños se crearía una de estas plantas para núcleos que sumen hasta 15.000 habitantes. Belmonte ha insistido en recalcar que supondrá un sistema “modélico, que no generará ninguna molestia a los vecinos”. La inversión para la construcción de estas instalaciones llegaría casi en su totalidad de fondos europeos, asegura Belmonte, pero para ello, solicita celeridad a los Ayuntamientos para que el proyecto sea una realidad lo antes posible y no llegar tarde a esas líneas de financiación. El compost que se genere en cada una de estas plantas se entregará de forma gratuita a agricultores que así lo soliciten para sus tierras de cultivo, según aseguraba Belmonte.
Otra de las herramientas para evitar la construcción de un vertedero en la Vega Baja es la creación de una planta para tratamiento de voluminosos (muebles y grandes electrodomésticos), residuos de construcción y una red de ecoparques. En este sentido, en la actualidad hay dos que prestan un servicio itinerante y el objetivo es adquirir cuatro más y adaptar uno fijo en Torrevieja que permita aplicar bonificaciones a los vecinos que usen este servicio. Esta línea es la fórmula con la que trabaja el consorcio para evitar sanciones y cumplir con la normativa. También entra en la ecuación la planta de transferencia que en septiembre entrará a funcionar en Dolores y que gestionará el 90% de los residuos de la comarca.
Esta es la fórmula planteada para cumplir anticipadamente con un porcentaje de reciclaje y valorización de los residuos. Si todo esto se cumple, solo quedará un pequeño porcentaje de restos que se trasladarán a vertederos de la provincia con la firma de un convenio. Para cumplir con los compromisos, “necesitamos un compromiso firme y decidido de los ayuntamientos de la Vega Baja poniendo en marcha sistemas eficientes de recogida selectiva, colaborando con los programas de educación ambiental que el consorcio prepara para sus vecinos de manera que sepan donde depositar sus residuos correctamente. Y lo más importante, aportando suelo municipal donde ubicar las instalaciones de tratamiento para que las plantas estén ubicadas donde los pueblos de la Vega Baja queremos, y evitar molestias a los vecinos. Y lo necesitamos cuanto antes, pues es ahora, en este momento, cuando estamos diseñando el sistema de gestión” señalaba Belmonte. Ha enfatizado que “la Vega Baja no pagará indemnizaciones ni sanciones y tendrá un proyecto de gestión que será un referente a nivel internacional”.
El 31 de marzo, en la comisión de gobierno del consorcio, el director general de Calidad y Educación Ambiental informó sobre el auto de inadmisión del recurso de casación y por tanto la obligatoriedad de cumplir con el contrato adaptándolo a la legislación actual. No fue hasta el 19 de abril, asegura Belmonte, el consorcio no recibió la notificación del Tribunal Supremo. Al día siguiente se puso en contacto, a través de un registro oficial, con la UTE Cespa-Ortiz para preguntarle si confirmaba su disponibilidad y posibilidad para llevar a cabo las nuevas líneas de actuación sujetas a la normativa vigente. Una condición sine qua non, -exigencia sin la cual no se ejecutarían los trabajos- es que la mercantil debía formalizar su desistimiento de los procedimientos judiciales todavía abiertos en cuanto a la reclamación patrimonial de seis millones de euros, reclamado por la anulación del contrato. El plazo que dio para su respuesta era de diez días.
Justo cuando éstos se cumplían, la UTE registraba su respuesta: “Es voluntad de la UTE ejecutar el contrato, de forma que mostramos nuestra disponibilidad para entablar las conversaciones que sean necesarias o convenientes con el consorcio para dar cumplimiento a la referida Sentencia del TSJCV y, en consecuencia, para ejecutar el contrato”. Solicitaba en esa misma respuesta también la constitución de una comisión entre el consorcio y la UTE para consensuar las adaptaciones y actualizaciones del nuevo contrato para dar cumplimiento en la sentencia”.
Belmonte dedicó buena parte de su comparecencia a criticar el comunicado que el PSOE comarcal emitió el jueves de la pasada semana, un día después de que trascendiera a los medios la sentencia del Tribunal Supremo. En ese comunicado criticaban con rotundidad a la presidenta del consorcio. Le acusaban de “trato humillante” y falta de lealtad institucional por no informar sobre la resolución judicial. Belmonte se ha mostrado especialmente molesta con el alcalde socialista de Dolores, Joaquín Hernández, y su homólogo de Rafal, Manuel Pineda, al que les señala como impulsores de ese comunicado. Califica de hipócrita su actitud porque según afirma, representantes del PSOE estaban presentes cuando el director general de Calidad Ambiental dio a conocer el fallo judicial. Belmonte les acusa de falta de responsabilidad y califica de “ruin” su actitud.
El comunicado también ponía en entredicho que la presidencia del consorcio mantuviera reuniones con la UTE y lo hiciera de espaldas. “El comunicado levanta sospechas de legalidad. Si tienen dudas que vayan al juzgado” manifestaba molesta ayer Belmonte. No obstante avanzó que por su parte sí acudirá al juzgado donde presentará un acto de conciliación “para que los alcaldes del PSOE expliquen por qué están molestos”. “Yo sí estoy molesta por poner en duda mi trabajo” zanjó Belmonte.
