BIGASTRO.  La presidencia del consorcio de residuos  –tiene como nombre oficial Vega Baja Sostenible- convocó a los medios de comunicación a este lunes para anunciar una de las noticias que marcará el nuevo modelo de gestión en la comarca, tras la resolución del Tribunal Supremo que da a la UTE Cespa-Ortiz la razón como adjudicataria del plan zonal. Para adaptarse a la normativa y evitar la construcción de ningún vertedero las líneas de actuación se dirigen a una red de plantas de tratamiento de orgánicos en la mayoría de los municipios de la comarca. Para eso, solicita a los Ayuntamientos que pongan sobre la mesa parcelas municipales en polígonos industriales para que se destinen a este propósito.

Este importante anuncio se hizo con la puesta en escena de la segunda motivación de la rueda de prensa. Para trasladar una imagen de respaldo amplio ante las críticas del PSOE comarcal, la presidenta se flanqueó con alcaldesas y alcaldes del PP en la Vega Baja. De esta manera dio a conocer el nuevo rumbo de la gestión de los residuos.

La presidenta del consorcio, y alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, enfatizó la idea de que se abre una nueva vía de gestionar los residuos. Por un lado ante el empuje de la Unión Europea de incidir cada vez más en los principios de Economía Circular a través de un calendario para el correcto tratamiento de los residuos aplicable a todo el territorio de la UE. En él se establece un porcentaje de residuos que deben valorizarse y un porcentaje máximo que se pueden destinar a vertedero. Contempla un régimen sancionador. Por otro lado, ante la normativa de la Generalitat Valenciana, Plan Integral de Residuos, donde se desbanca la política de los macrovertederos, como estaba previsto para la Vega Baja, a favor de diferentes instalaciones repartidas por toda la comarca.

A estas políticas se le sumó en marzo el fallo del Tribunal Supremo, donde inadmitía el recurso que el consorcio presentó a principios de 2019 y daba la razón a la UTE Cespa-Ortiz confirmando su categoría de adjudicataria del plan zonal de la Vega Baja. Este proceso se judicializó cuando en 2015 la junta de gobierno del consorcio y la Diputación de Alicante, ambas bajo el mando de Luisa Pastor, decidió rescindir el contrato. Con todos estos elementos, el consorcio y la apuesta por una red de plantas de tratamiento de orgánica de pequeño tamaño, ha empezado a solicitar a los Ayuntamientos que informen sobre suelo municipal en polígonos industriales para llevar a cabo la construcción de estas instalaciones.

El propósito es construir una en cada municipio grande de la Vega Baja, adaptada a su tamaño y población fluctuante. En el caso de los pueblos pequeños se crearía una de estas plantas para núcleos que sumen hasta 15.000 habitantes. Belmonte ha insistido en recalcar que supondrá un sistema “modélico, que no generará ninguna molestia a los vecinos”. La inversión para la construcción de estas instalaciones llegaría casi en su totalidad de fondos europeos, asegura Belmonte, pero para ello, solicita celeridad a los Ayuntamientos para que el proyecto sea una realidad lo antes posible y no llegar tarde a esas líneas de financiación. El compost que se genere en cada una de estas plantas se entregará de forma gratuita a agricultores que así lo soliciten para sus tierras de cultivo, según aseguraba Belmonte.