Luis Barcala, Isabel Bonig y José Ciscar. Foto APALICANTE (EFE/M.G). La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha anunciado este viernes en Alicante que su formación presentará un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del decreto del uso administrativos de las lenguas, que recomienda que los funcionarios se dirijan al público, en la primera ocasión, en valenciano.
A juicio de los populares, ese decreto atento contra la libertad y contra la Llei d'Ús i Ensenayment del Valencia al intentar imponer el valenciano a los funcionarios de los municipios de zonas castellano parlantes. El PP, a través del presidente de Alicante, José Císcar, no querido facilitar más argumentos y ha alegado que los abogados del partido están trabajando en el recurso, pero ha confirmado que se presentará.
Bonig ha recordado que el PPCV presentó enmiendas en la fase de alegaciones al borrador del decreto que no fueron tenidas en cuenta, lo que ha empujado a que los servicios jurídicos del partido trabajen en la presentación de un recurso contencioso-administrativo.
La presidenta del PPCV ha explicado que no ven conforme a derecho que el decreto establezca "con carácter general" que todos los funcionarios tienen que saber valenciano y que ésta deba de ser "la primera lengua en sus relaciones".
Tampoco que en el decreto se regule "el uso del valenciano en las relaciones privadas", algo "más propio de otros regímenes que en Democracia", o que determine la rotulación de los establecimientos comerciales.
"Es que es el mismo decreto que en Cataluña y eso es lo que no vamos a permitir", ha afirmado Bonig, quien ha defendido que se den ayudas al fomento del valenciano pero no que se imponga la rotulación en esta lengua. "Si un señor quiere (rotular) en inglés, chino, japonés o castellano, dejemos libertad", ha apuntado la presidenta del PPCV, quien ha recalcado que los populares están "a favor del uso de la lengua en valenciano y de que todos tienen el derecho de usarla y conocerla".
"También estamos a favor de que en determinados puestos de la Administración se tiene que saber obligatoriamente el valenciano", concretamente, "todos ellos donde hay un trato directo con el administrado", al igual que ocurre en Cataluña, País Vasco o Galicia, ya que es una circunstancia "indiscutible".
Otra situación que ha citado es que cree que en las relaciones con la Administración General del Estado se debe usar el castellano por ser la lengua común, y ha agregado que si se hiciera en valenciano "por lo menos en bilingüe".
Además, Bonig ha manifestado que el decreto es "muy ambiguo" en el capítulo de sanciones que afectan a derechos individuales, por lo cual adolece de una tipificación específica, unas "cuestiones jurídicas" que estudian actualmente los abogados del partido antes de plantear el recurso.
De esta manera, el PP se sumaría a la central sindical CSIF, que el pasado 23 de mayo ya anunció la interposición del recurso ante el TSJ. En su momento, los servicios jurídicosconsideran que podría ser inconstitucional "por conculcar el derecho a la libertad de expresión lingüística, además de que vulneraría el Estatuto Básico del Empleado Público, ya que no ha sido negociada".
La central sindical señala que el decreto del Consell vulneraría la Constitución Española "en el artículo 16 del citado decreto, que impone la obligatoriedad de usar el valenciano a empleados públicos, cuando especifica que deben iniciar en la lengua autóctona cualquier comunicación en la atención a los ciudadanos".
