El PP y el tripartito se enfrentan ante el juez sobre quién debía autorizar la 'purga' del callejero

ALICANTE (E.P./A.P.). El PP y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante han mantenido este martes sus respectivas posiciones en la vista de conclusiones celebrada a cuenta del contencioso sobre el cambio de denominación de 46 calles de la ciudad. La representación legal del PP, que interpuso el recurso contra la decisión del tripartito a finales de 2016, ha solicitado la nulidad del acuerdo de cambio de nomenclaturas aprobado por la Junta de Gobierno el pasado noviembre en base al mismo argumento central en el que se apoyó su impugnación: esos cambios debían de haberse debatido en el pleno municipal, y no en la Junta, para que pudiesen ser votadas por el conjunto de la corporación. Además, ha insistido en la falta de motivación y justificación de los nuevos rótulos.

Por su parte, los servicios jurídicos municipales han insistido en mantener la validez del acuerdo adoptado por PSOE, Guanyar y Compromís al sostener que la ordenanza que regula el procedimiento para acordar la rotulación de la vía pública, aprobada por bajo el mandato del PP en 2009, establece que la potestad para efectuar los cambios corresponde exclusivamente a la Junta de Gobierno.

Los populares han argumentado que la Comisión No Permanente de pleno constituida para analizar qué denominaciones de calles debían sustituirse, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, debía proponer al Ayuntamiento las calles a modificar y que esa propuesta debía ser aprobada por el pleno. A partir de ahí, según el PP, debía trasladarse a la Concejalía de Estadística el acuerdo adoptado por el pleno para su ejecución.

Al respecto, el PP ha subrayado que esa comisión no tenía como motivación proponer nombres para las calles a sustituir y, han alegado, además, falta de participación de los vecinos. En esta línea, ha señalado que no se ha buscado unanimidad en los nombres y que se ha carecido de criterios objetivos que evitaran susceptibilidades y cambios en el futuro.

Asimismo, el PP ha defendido que en los cambios aplicados se procedió a modificar nombres no afectados por Memoria Histórica y lo han argumentado con calles como Calvo Sotelo [asesinado antes de la Guerra Civil], Primo de Rivera o Vázquez de Mella, que falleció en 1928.

La defensa del PP ha apuntado falta de justificación documental que acredite por qué algunos nombres son considerados franquistas o por qué para casos similares se aplicaron criterios diferentes. Así, se han referido a 29 calles de personas del bando franquista, que no son modificadas, la mayoría de las cuales corresponde a personas anónimas asesinadas en los primeros meses de 1936.

Por su parte, la Abogacía municipal ha subrayado que los actos de la comisión no son actos administrativos y que, por tanto, la Junta es libre y soberana para tomar sus decisiones. Al respecto, ha incidido en que la potestad para modificar las 46 calles corresponde exclusivamente a la Junta de Gobierno, de acuerdo con la ordenanza aprobada por el PP en 2009, y que una decisión de pleno no puede tener más fuerza con respecto a una ordenanza.

Asimismo, ha recordado que el listado tuvo el respaldo de cuatro profesores de la Universidad de Alicante (UA) de Ciencias Políticas e Historia Contemporánea y que los informes técnicos del jefe de servicio de Memoria Histórica no han sido impugnados. De igual modo, ha sostenido que la participación vecinal estuvo asegurada a través de las juntas de distrito, cuyas alegaciones vecinales fueron respondidas, y que el propio PP participó en la Comisión. Finalmente, ha añadido que las administraciones deben cumplir la Ley, en este caso de Memoria Histórica, y no para enjuiciar cuestiones políticas. El proceso ha quedado visto para sentencia.

Las valoraciones

La edil de Memoria Histórica, María José Espuch (Compromís), que ha acudido a la vista (también lo ha hecho el edil de Estadística, Dani Simón, de Guanyar) se ha mostrado convencida de que la resolución de la titular del Juzgado de lo Contencioso número 4 respaldará el procedimiento seguido por el equipo de Gobierno, ya que la Abogacía municipal ha desmontado todos los argumentos expuestos por el PP. 

En esta línea, ha subrayado que, en cuanto se conozca esa resolución, siempre que sea favorable a la posición del tripartito, la Junta de Gobierno volverá a acordar la reposición de los nuevos nombres, que Estadística tuvo que retirar en cumplimiento del auto de suspensión cautelar dictado por la juez al constatar que el Ayuntamiento había sustituido los rótulos sin que ella se hubiese pronunciado sobre la petición del PP.

El portavoz del PP, Luis Barcala, ha insistido en que el objetivo de su partido es que se aplique la Ley de Memoria Histórica para que desaparezcan las denominaciones que la infrinjan por el procedimiento correcto y con debate, con consenso, con diálogo y con participación al que el tripartito se había comprometido "y nos ha negado". En esta línea, ha subrayado que el tripartito se había mostrado dispuesto a aceptar parte de esas peticiones en la vista celebrada este martes lo que, a su juicio, indicaría que "no íbamos desencaminados".