Los ediles del PP de Alicante estudian el auto de suspensión de los cambios del callejero. Foto: APALICANTE. El grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante estudia presentar una reclamación por "responsabilidad patrimonial con derivación personal de quienes" han tomado la decisión de cambiar los nombres de las calles de la ciudad "sin esperar la resolución judicial" que debía dirimir sobre la petición de suspensión cautelar que el propio PP había incorporado en su contencioso contra la aplicación de esos cambios.
En un comunicado, el portavoz popular, Luis Barcala, ha responsabilizado al gobierno local tripartito (PSOE, Guanyar Alacant y Compromís) del coste que implicará "la recolocación y sustitución de las antiguas placas deterioradas por otras nuevas", estimado, según ha apuntado, en cerca de "10.000 euros".
"El tripartito es un desgobierno para Alicante y si hubiera hecho las cosas bien y no hubiera incumplido la Ley de Memoria Histórica, entonces no estaríamos en la situación actual, porque con solo haber esperado a la resolución del juez, no costaría un solo euro a los alicantinos", ha expuesto Barcala.
El portavoz popular ha lamentado el "alto precio" que la "torpeza del tripartito" supondrá para los alicantinos. Ha incidido en que "los gastos de cambiar y hacer nuevas placas para sustituir a las más de cincuenta" que asegura, están "deterioradas es responsabilidad única y exclusiva del actual equipo de gobierno", que, en su opinión, "ha actuado con prisas e intentando eludir a los tribunales de forma precipitada e inmotivada, vulnerando los derechos fundamentales".
El portavoz del PP ha anunciado que "el grupo popular estudia presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial con derivación personal de quienes han tomado estas decisiones sin esperar la resolución judicial". También ha animado a reclamar a todos los alicantinos que hubieran realizado gastos por la que ha calificado de "insensata y precipitada decisión del tripartito". "Se puede y se debe pedir responsabilidades por su daño a las arcas públicas y no podemos conformarnos con cruzarnos de brazos", ha añadido.
Según Barcala, "las excusas que el tripartito está dando para no ejecutar el auto judicial respecto al cambio de calles" constituyen "otra irresponsabilidad porque no se puede mantener la incertidumbre de la gente sin saber cómo se llama o va a llamar su calle, pues eso aumenta el perjuicio sobre los alicantinos". "La importancia de ejecutar el auto judicial cuanto antes obedece exclusivamente a la necesidad de los alicantinos en saber en qué calle viven", ha manifestado.
