ALICANTE. El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante vuelve a recurrir a los juzgados en contra de las decisiones del equipo de Gobierno, tras la impugnación del proceso seguido para ajustar el callejero a la Ley de Memoria Histórica. El portavoz popular, Luis Barcala, ha presentado este martes un contencioso para solicitar "la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales" ante la falta de entrega de documentación e información solicitada. "Son un total de 26 escritos solicitando información que el tripartito no nos ha facilitado, y algunos datan de julio de 2015, como son los referidos a Protección Animal y a Ikea", ha afirmado Barcala.
"Los asuntos sobre los que se hemos solicitado información a lo largo de estos meses son muy variados", ha explicado, "y abarcan todas las parcelas de la labor de gobierno, como son Urbanismo, Contratación, Vía Pública, Acción Social, Comercio, Atención Urbana, Deportes, Seguridad y Alcaldía, entre otras". "Nuestra obligación es fiscalizar la gestión municipal, y más con el desgobierno que hay en la ciudad con el tripartito que tiene preocupado a todo el mundo, y con estas trabas continuas que pone el tripartito, lo que hace es impedir precisamente que se puedan conocer todas las facetas de su trabajo", ha añadido, a través de un comunicado.
"Hemos solicitado mayores facilidades para acceder a la información que llega al registro municipal, pero también nos la han denegado porque está claro que este equipo de gobierno del PSOE, Guanyar y Compromís no apuesta por la transparencia y la información", ha señalado Barcala. "El tripartito se cree que por mucho hablar de transparencia son transparentes, y lamentablemente eso no es así sino que se está caracterizando por ser opaco y oscuro", ha remarcado el dirigente del PP.
El último de los escritos incluidos en el recurso contencioso-administrativo es la solicitud de convocatoria de la comisión no permanente del pleno para el estudio de la protección del caserío del entorno de la Santa Faz. Barcala ha recordado que en los plenos celebrados el 27 de octubre y 29 de diciembre de 2016 "el propio portavoz del equipo de Gobierno, Natxo Bellido, admitió que no se habían cumplido ni los plazos ni las obligaciones que tiene el Ayuntamiento para con las peticiones formuladas por los distintos concejales, y sin embargo no se ha hecho nada para cambiar esta situación". Por este motivo, el portavoz del PP considera que "es evidente que la falta de actuación por parte del Ayuntamiento de Alicante vulnera el derecho fundamental establecido en el artículo 23 de la Constitución Española", ha concluido.
El portavoz del tripartito y edil de Contratación, Natxo Bellido (Compromís), por su parte, ha respondido también este martes que al menos parte de la documentación solicitada por el PP se les facilitó de inmediato. Se trata de la relación de empresas inscritas en el registro de licitadores del Ayuntamiento. Según Bellido, esa información, además, está disponible también en el Registro de licitadores estatal. Con todo, ha insistido, se les remitió copia de ese listado.
Por último, ha defendido la labor continua que realiza el equipo de Gobierno para recabar y facilitar la información municipal que habitualmente demandan los partidos de la oposición, y ha considerado sorprendente la demanda planteada por el PP, una formación que, en su opinión, "solo sabe hacer política en los juzgados, ya sea cuando van imputados o cuando ponen demandas extrañas como las de hoy".
En este sentido, ha indicado que "desde el equipo de Gobierno estamos muy sorprendidos con la noticia de la demanda del PP porque precisamente estamos trabajando, como el PP sabe, en recopilar esa información que les faltaba, para que la tengan, puesto que es un derecho de la oposición que nosotros hemos reconocido desde el primer día".