ALICANTE. Ya se conoce el grueso de la segunda modificación de crédito que pretende aprobar el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del PP: una operación contable para cancelar el plan de ajuste al que se encuentra sometido el Ayuntamiento desde el año 2012. Se trata de destinar 30,5 millones para liquidar la parte de los préstamos pendientes derivados del plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno central para cubrir facturas impagadas a las que no se había hecho frente durante años.
El propio alcalde, Luis Barcala, ha comparecido este miércoles junto al edil de Hacienda, Carlos Castillo, para dar cuenta de la propuesta. Ambos han avanzado que su intención es poder debatirla y aprobarla en un pleno extraordinario en la primera quincena de julio. Para que prospere, la modificación de crédito debe contar con el respaldo de los grupos de la oposición, al requerir más votos a favor que en contra. El PP gobierna en situación de minoría con 8 concejales de los 29 de los que dispone la corporación. Por ello, según Barcala, se pretende invitar a PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís a plantear propuestas y sugerencias.
Sobre esos apoyos, el alcalde ha recordado que el pleno ha aprobado ya dos iniciativas para solicitar la cancelación del plan de ajuste y que ha sido una reivindicación habitual de todos los partidos políticos hasta ahora (aunque el propio PP no ha respaldado algunas de las iniciativas presentadas en este sentido), por lo que ha considerado que "sería difícilmente entendible" que PSOE, Guanyar y Compromís se opusieran a esta última propuesta solo porque la plantea el PP. En esta línea, Barcala ha afirmado que sería "irresponsable" no abordar la cancelación del plan de ajuste cuando "el presupuesto lo permite y se pueden mantener las inversiones". "En 2012, un gobierno del PP tuvo que tomar la dura, durísima y complicada decisión de acogernos a un Plan de Ajuste. Bien, en 2018, otro gobierno del PP lo cancela. Esto es consecuencia, entre otras cosas, de que disponemos de fondos, que provienen de la escasa, por no decir nula, ejecución presupuestaria", ha resaltado.
El primer edil ha precisado que la motivación que ha llevado a impulsar esta iniciativa es la de recuperar la autonomía municipal para, entre otras cuestiones, poder acometer una modificación de las ordenanzas fiscales, con el propósito de favorecer una rebaja impositiva. Fundamentalmente, la del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según Barcala, los cálculos con los que se trabaja apuntan a que esa rebaja sería de un mínimo del 5%, "lo que repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos y permitirá estimular el consumo". Castillo, por su parte, ha señalado que para que esas modificaciones de las ordenanzas fiscales puedan ser de aplicación en enero de 2019, se deberían aprobar inicialmente como máximo en septiembre, para que pueda someterse a alegaciones.
En el caso de aprobarse, la cancelación de crédito debe ser aceptada por el Ministerio de Hacienda. Tanto Barcala como Castillo han recordado que mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de ese departamento, antes de que Pedro Sánchez se convirtiese en presidente del Gobierno, y que en ese momento se les informó de que no había ningún mecanismo previsto para que ningún ayuntamiento pudiese acogerse a vías de refinanciación para cancelar las deudas pendientes relacionadas con el plan de pago a proveedores.
Entre las medidas a las que se daría cabida con esa hipotética cancelación del plan de ajuste, el primer edil ha señalado que figuraría la posibilidad de impulsar un plan de empleo público para dar cobertura a las necesidades de personal existentes en varios departamentos municipales. Entre ellos, Barcala ha citado la plantilla de la Policía Local como los bomberos del SPEIS y la Banda de Música municipal. Además, también han señalado que, con ello, se seguiría contando con la posibilidad de concertar un préstamo para ejecutar inversiones, en el caso de que resultase necesario. De hecho, se trata de un mecanismo al que ya se había supeditado la ejecución de determinadas actuaciones durante la etapa de gobierno del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) y también después de que los socialistas asumiesen la gestión municipal en solitario.
Así, el primer edil ha señalado que "todas las inversiones no ejecutadas en 2017 están totalmente garantizadas, así como aquellas previstas para el año 2018 y hay un sobrante que tras la cancelación va a permitir abordar los compromisos adquiridos y las nuevas inversiones". Es más, ha hecho hincapié en que "la cancelación permitirá recurrir a financiación externa, si fuera necesario para realizar inversiones, ya que disponemos de un amplio margen dentro de los niveles de endeudamiento que quedaría el Ayuntamiento tras esta medida".
En todo caso, Barcala ha insistido en que esta propuesta de modificación de crédito se sumaría a la que ya se había concertado con la oposición al aprobar el primer cambio en el presupuesto ordinario de 2018. En esa próxima (y ahora tercera, por orden cronológico) variación de las previsiones económicas del Ayuntamiento se deberá incluir los asuntos ya pactados, como la ampliación de los fondos para las ayudas de emergencia. Además, ha insistido en que el compromiso de su equipo de Gobierno es el de ejecutar al máximo las previsiones del presupuesto municipal de este año, aprobado por el PSOE, e incluso dar cabida a las propuestas que se consideren urgentes entre las previstas en el llamado documento número 25, incorporado como anexo al presupuesto municipal durante la fase de negociación del anterior equipo de Gobierno con el resto de fuerzas de la oposición.