José Luis Lorenzo, exedil del PSOE en San Vicente del RaspeigSAN VICENTE DEL RASPEIG. El PP de la Provincia de Alicante ha tildado este lunes de “muy graves” las conversaciones de Whatsapp reveladas en los medios de comunicación donde miembros del PSPV, con cargo público en ese momento en el Ayuntamiento del municipio, pasaron información sobre contratos públicos a personas ajenas al equipo del gobierno municipal y ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que investigue de oficio los contratos de los que se habla en esas conversaciones por si hubiera algún tipo de delito vinculado a la corrupción u otro tipo de irregularidad.
El vicesecretario de organización del PP de la Provincia de Alicante y diputado autonómico por Alicante, José Antonio Rovira, ha destacado hoy que esas conversaciones de chat se hablaban de quitar poder a los funcionarios, revisar las bases de ciertas contrataciones o de modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, todo ello información que aún no era pública con directrices por parte de dirigentes del PSOE que podrían responder a actuaciones penadas en nuestro marco normativo.
“Salen temas urbanísticos, parece que se ha intentado restringir la capacidad de decisión de los funcionarios, se ha insultado a trabajadores municipales y ha campado a sus anchas información que no tendría que haber salido del ayuntamiento en ese momento. Algo se está haciendo mal y consideramos, si es que aún no se ha hecho, porque lo desconocemos, que la Fiscalía tendría que actuar de oficio en las contrataciones que aparecen en los chats de Sant Vicent que tanto han avergonzado a nuestros vecinos”.
En estos chats paralelos a los que manejaba el equipo de gobierno, según las informaciones reveladas, había concejales afines al exedil José Luis Lorenzo además de militantes y personas ajenas al equipo de gobierno que recibían información como los informes de la junta de gobierno.
La información enviada a los grupos de Whatsapp podría estar contraviniendo el artículo 145 del Código Penal español, que hace referencia a las penas que se impondrán a la autoridad o funcionario público que acceda o permita el acceso a documentos secretos que estén en su custodia.
Además, Rovira ha señalado que el propio contenido de los mensajes “exige una investigación al estar hablándose de datos e informaciones urbanísticas o cómo restar poder al funcionariado y los técnicos”. “No solamente los sanvicenteros estamos abochornados con un escándalo mayúsculo que ha demostrado que no hay equipo de gobierno serio y responsable, sino que creemos que habría que aclarar si se ha cometido algún tipo de irregularidad relativa a la revelación de documentación y de tejemanejes y corruptelas en las contrataciones públicas”, ha zanjado Rovira.
