ALICANTE. La primera sesión de trabajo real de la comisión de investigación sobre los 25 contratos bajo sospecha de la Concejalía de Comercio (segunda, si se considera la reunión de constitución, en abril) ya tiene consecuencias. El grupo municipal del Partido Popular (PP) que, en principio, no había respaldado la propuesta presentada por Ciudadanos (Cs) para que se crease esa comisión y había abogado por presentar una denuncia por una presunta prevaricación administrativa ante la Fiscalía, ha anunciado este viernes que presentará una segunda denuncia. Esta vez en los juzgados.
Su representante en la comisión de investigación y portavoz adjunta, Mari Carmen de España, ha apuntado, al término de la sesión, que con las comparecencias celebradas este viernes "el PP se sentía reforzado en su decisión de acudir a Fiscalía", ya que, a su juicio, los testimonios escuchados en la comisión habían abundado en las anomalías que se pudieron registrar en la tramitación de esos encargos directos, sin concurso, por un importe global de 189.000 euros.
En la comisión, han comparecido por el alcalde y ya exconcejal de Comercio, Gabriel Echávarri (que sí ejercía esas competencias en diciembre, cuando se tramitaron los contratos directos, por un importe de menos de 18.000 euros); el interventor municipal, el exjefe del servicio de Comercio, Diego Agulló, Y el responsable de la Asesoría Jurídica municipal que informó sobre las facturas, Pablo Núñez de Cela.
A modo de resumen (Alicante Plaza publicará una ampliación de esta información), en esas comparecencias, el primer edil ha admitido que la mayor parte de esas contrataciones las tramitaron sus asesores aunque él se hacía responsable de ellas, puesto que en los expedientes figuraba su firma electrónica; el interventor municipal (que ha comparecido a puerta cerrada a petición propia) ha sostenido que, a su juicio, sí podría haberse producido un fraccionamiento de contratos que, en todo caso, sólo implicaba una irregularidad administrativa; el exasesor de Comercio (relevado del cargo tras la delegación de las competencias de Comercio a la edil Gloria Vara), ha señalado que él no había participado en 22 de esos 25 contratos y que algunas de las facturas las encontró a la vuelta de unos días de vacaciones; y el responsable de la Asesoría Jurídica, ha apuntado que, entre sus competencias, no estaba la de evaluar o no si existió un fraccionamiento de contratos, sino la de aclarar en qué supuestos se está obligado a convocar un proceso de licitación para no romper la funcionalidad del objeto del contrato.
La comisión se reanudará previsiblemente entre la segunda quincena de agosto y el mes de septiembre con las comparecencias solicitadas del asesor de Comercio, Pedro de Gea, y del jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, a petición del grupo municipal de Cs, para aclarar su participación en los contratos.
Poco después de las explicaciones de De España, ha sido el portavoz del grupo popular, Luis Barcala, quien ha desvelado en un comunicado que, a raíz de las declaraciones del interventor municipal, se han ratificado las anomalías que el PP había advertido tras el análisis de los contratos. "Llegados a este punto, es imprescindible, en primer lugar, que se tomen y se depuren responsabilidades políticas y, por tanto, los dos asesores implicados, el señor De Gea y el señor Díez, deben ser destituidos inmediatamente como asesores de este ayuntamiento, y en segundo lugar, al haberse confirmado los extremos que pretendimos que investigase la Fiscalía, vamos a interponer de forma inmedinta la misma denuncia ante los juzgados de instrucción", ha concluido.
La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, por su parte, ha reaccionado a este anuncio del PP reprochando su oportunismo. "Resulta muy llamativo que el PP anuncie una demanda judicial cuando en la comisión de investigación de hoy su representante, Mari Carmen de España, no ha abierto ni la boca. Lo único que ha dicho la señora de España es que no iban a hacer preguntas porque ya habían llevado el asunto a Fiscalía. A los pocos minutos se les ha ocurrido la demanda y la petición de dimisión de Lalo Díez y Pedro de Gea, que ni siquiera han comparecido en la comisión de investigación. El señor Barcala, que acaba de perder un recurso judicial, tiene la necesidad de resarcirse de su fracaso utilizando lo único que sabe hacer: judicializar la vida política para ganar titulares", ha concluido.
De España, por su parte, también ha replicado a las críticas de Giraldo para sostener que, durante las comparecencias, ha planteado varias preguntas al exjefe de Comercio (al menos cuatro), al igual que al responsable de Asesoría Jurídica.
