SAN VICENTE DEL RASPEIG. El Partido Popular denuncia otra irregularidad de la Concejalía de Deportes, al frente de la que se encuentra Guillermo García. Han transcurrido tres meses desde que debía procederse a la devolución de la concesión del servicio de bar-restaurante de las piscinas municipales y la cantina del campo de fútbol, que continúa prestando servicio sin título jurídico habilitante. Es por ello que los populares solicitan una aclaración de estos hechos al alcalde, Jesús Villar, como responsable máximo de su equipo de Gobierno, así como la falta de una nueva licitación, cuyos plazos de tramitación son de unos seis meses, volverá a dejar a los vecinos sin este servicio.
“Es una irregularidad tras otra las que se están cometiendo en este Ayuntamiento por la falta de responsabilidad de quienes están en este “desgobierno” municipal (PSOE-EU), presidido por Jesús Villar, al parecer más preocupados de sus problemas en los juzgados que de gestionar como se merece San Vicente”, afirma el portavoz popular, Óscar Lillo.
Los populares, en su labor control y fiscalización, han vuelto a encontrarse con trámites administrativos inadecuados. En este caso, con el hecho de que el Ayuntamiento no haya procedido a realizar los trámites para que se produzca la devolución de la concesión del servicio de bar-restaurante en instalaciones deportivas municipales, concretamente en las del bar de las piscinas municipales y en la cantina del campo de fútbol. El contrato, iniciado en junio de 2016 para este servicio, vencía a finales de septiembre, tras las correspondientes prórrogas administrativas y una prórroga extraordinaria otorgada por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. “En los tres meses transcurridos desde entonces, ni se ha dado respuesta a las alegaciones del adjudicatario al respecto, ni se le ha solicitado la reversión del contrato con la correspondiente inspección y levantamiento del acta requerida para ello”, señala Lillo, quien añade que “en estas condiciones, el Ayuntamiento está consintiendo que se realice un servicio sin su autorización, lo que les convierte en responsables de ello”.
El proceso para la última licitación de este contrato duró ocho meses, tras problemas con el anterior adjudicatario por impagos y una primera licitación posterior que quedó desierta. “Con esta irregularidad y sin el inicio de una nueva licitación, que debía haber empezado hace meses y cuyos plazo de tramitación mínimo son de aproximadamente unos seis meses, se está perjudicando tanto al actual adjudicatario -que no puede optar a volver a presentarse a la licitación- como a la continuación de la actividad como a otras posibles empresas que puedan optar a la licitación, generando con ello incertidumbre a empresarios y sus trabajadores. Por segunda vez en cinco años, van a dejar vacante y sin servicio la prestación de la cantina y del bar-restaurante en las instalaciones deportivas, siendo los verdaderamente perjudicados los vecinos que acudan a ellas a realizar actividades o disfrutar de eventos deportivos”.
Los populares también solicitaron hace un mes el procedimiento para la tramitación de adjudicación de espacios y ocupación de vía pública al observar otras irregularidades, sin que haya obtenido respuesta hasta la fecha, considerando que todas estas irregularidades como un “cúmulo de negligencias en la gestión por parte del equipo de Gobierno del alcalde, Jesús Villar, que sigue manteniendo en su puesto a Guillermo García, tras ser llamado por el juez como implicado en el caso de los WhatsApp. No contento con ello, le premió con una dedicación exclusiva al adjudicarle también del departamento de Contratación y, por ende, subirle el sueldo”, explica Lillo. Y traslada que “Villar, como alcalde, es el máximo responsable de todas estas situación irregulares, además de las que recaen directamente sobre su persona, como la denuncia por prevaricación interpuesta por el Jefe del Gabinete Jurídico municipal, así como de la dejadez en los servicios y la degradación que está consintiendo, derivada de esta nefasta gestión, en San Vicente”.
La formación popular destaca que no se haya procedido tampoco a realizar una nueva licitación de estos servicios con la suficiente antelación para no dejar a las instalaciones sin los mismos. “Es la forma de hacer las cosas de este equipo de Gobierno, la de prorrogar contratos aunque sea de manera forzosa o, en este caso, incluso permitirla fuera de ley. Forma de trabajar que, por ser habitual en Villar y su equipo, no es la correcta”, asevera Lillo.