Bernabé, en primer plano, durante un pleno. Foto: APROJALES. El Partido Popular de Rojales, a través de un comunicado, pide la dimisión del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Alejandro Bernabé tras haber sido citado en calidad de investigado por un presunto delito penal de falsedad documental por las firmas de bajas de militantes de su anterior partido, PP. Desde Populares Rojales alegan que el edil no reúne los requisitos de idoneidad para manejar información de todos los rojaleros. "En esta situación es intolerable que tenga asignado un salario público que emana de los impuestos que pagan los vecinos de nuestro municipio" señala el comunicado. Bernabé ha preferido no hacer ningún tipo de declaración alegando que "el tema está judicializado".
Desde el PP de Rojales, personado en la causa como acusación popular, exigen "su inmediata dimisión como concejal del Ayuntamiento de Rojales y además instamos a su actual formación política, Ciudadanos, a que actúe de acuerdo a su código ético que recoge que 'Ciudadanos mantiene un compromiso de tolerancia cero con la comisión de cualquier tipo de delito o infracción en el seno o en nombre del partido, así como sirviéndose de sus medios o activos' y 'Ciudadanos se compromete a separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a acusados por corrupción política hasta la resolución del procedimiento judicial o el sobreseimiento de la causa".
También señala en su comunicado que "ambos preceptos, recogidos en dicho código y que se podrían aplicar, de manera análoga, a su cabeza de cartel en las pasadas elecciones de mayo de 2019, que presuntamente se habría servido de los datos que obraban en su poder, debido a su anterior etapa como edil del Partido Popular para la supuesta comisión de este ilícito penal".
No solo recoge el comunicado la petición de dimisión sino que también se dirige al alcalde de la localidad, Antonio Pérez. "Exigimos al alcalde de todos los vecinos de Rojales que limite el acceso a información y datos de todos los rojaleros por parte del querellado puesto que no sabemos para qué puede utilizar dicha información o datos sensibles que se manejan en el Ayuntamiento, cuando en una organización privada, se ha servido de los mismos para fines personales. Nos cuestionamos que puede hacer con los de una institución que representa a casi 20.000 vecinos" señala el escrito.
Por esta razón, según la formación popular, debe ser el alcalde "quien retire de forma inmediata la asignación pública que recibe del conjunto de los rojaleros, pues el investigado no reúne las condiciones necesarias para disfrutar del honor de representar a los vecinos, llevando aparejado un sueldo que pagamos todos y no el propio alcalde de su bolsillo".
