ELCHE. El Partido Popular empieza ha retomado en el nuevo curso político la oposición desde su planteamiento más natural a nivel municipal: las pedanías. Tras dos años en los que los discursos de "la venta permanente de humo" o la "amortización del gobierno" a mitad de legislatura, y tras el archivo de la Fiscalía de los supuestos fraccionamientos de contratos de forma fraudulenta —aunque ahora se evaluarán en la Agencia Antifraude—, la formación que lidera Pablo Ruz intenta rearmarse en su feudo principal de votantes, el del Camp d'Elx.
Con el final de agosto, el partido empezaba así una pequeña turné por las distintas partidas rurales, arrancando en Las Bayas, siguiendo por La Hoya y ahora, de nuevo parada en Torrellano. Si bien en las dos primeras las propuestas han sido las generales que están recordando estos días en materia de mayor seguridad, al hilo de la nueva oleada de robos, que lleva siendo un tema recurrente en los últimos meses y que ha llevado a los propios vecinos a plantearse patrullas vecinales y crear una plataforma para colaborar con la policía —Veïns Alerta—, en Torrellano la reciente exigencia ha sido la del nuevo La Paz.
Recordaban que 288 alumnos reciben clases en barracones, denunciando que "alumnos y profesores se ven afectados por la falta de implicación de un alcalde que siempre promete y nunca cumple”, criticaba Ruz, pidiendo al alcalde que “actúe ya y deje las promesas de una vez. Es fundamental que estos niños que están esperando un nuevo colegio La Paz en Torrellano pronto puedan disfrutar de esas instalaciones tan importantes y tan necesarias, pese a las promesas de un alcalde incapaz de agilizar los procesos para que eso ocurra”.
No obstante, el proyecto, competencia de autonómica a través del Plan Edificant, está en licitación y en fase de clasificación de ofertas. Tras la adjudicación de la dirección de obras, en las próximas semanas es previsible que se adjudique, aunque es un proceso más largo dado que se trata de una edificación importante al ser una obra de envergadura. Se trata sin duda de una obra demandada desde hace años por la comunidad educativa, aunque el detalle de que esté ya en licitación y en previsible adjudicación en ciernes, es una falla que le puede poner en bandeja al equipo de gobierno la respuesta a los populares. Una inversión de 5,9 millones de la que aún se podrían cumplir los plazos anunciados por el regidor de empezar las obras a final de año.
Algo parecido al discurso empleado por el partido en anteriores ocasiones sobre el "no hacer nada", en plena inauguración de nuevos barracones u otras obras del Edificant. Un discurso que ahora han corregido y dejado atrás, al menos en parte, dado que según las actuaciones en marcha, habrá próximos proyectos importantes que empiecen a materializarse a corto y medio plazo, por lo que esa 'amortización' podía resultar incongruente. Al menos desde la perspectiva meramente electoralista de inaugurar o anunciar proyectos. Aunque hay una larga lista de anuncios pendientes, hay varios importantes encarrilados.
Así pues, el PP vuelve tras el verano en cierta forma a su esencia, ahora con las pedanías en las que pretende consolidar y seguir nutriendo a su nicho de votantes, por los que tendrá que pelear en los comicios para evitar que se disperse el sufragio entre otras candidaturas pedáneas. Además, también pidió la mitad de los fondos europeos Next Generation EU para las partidas rurales para los centros sociales aún pendientes o alcantarillado, si bien es cierto que es un programa con el que los plazos empiezan a tener que cumplirse y apenas habría tiempo, en el caso de que el equipo de gobierno quisiera aceptar la idea.
Y por otra parte, también ha vuelto a rescatar la política impositiva, algo que nunca ha dejado de lado, y que además de las rebajas de impuestos que ha pedido en varias ocasiones de cara al nuevo presupuesto, con la ayuda solicitada para paliar la subida de la luz, aunque sin mayor concreción sobre la forma y los criterios, lograba forzar un efectista retrato en el pleno extraordinario: el bipartito votando en contra de una línea de ayudas para hacer frente a esta cuestión. Aunque el bipartito ya tiene planes de bonificaciones a recibos del agua o del IBI, y considera que ya tiene un "escudo social" suficiente para cuestiones como la de la factura de la energía, ha sido el resultado más satisfactorio para el PP con los plenos extraordinarios al jugar en un terreno más propicio del equipo de gobierno, jugando con posibles contradicciones del eje progresista.
Por último, aunque el equipo de gobierno salió airoso de la denuncia de los populares por los fraccionamientos de contratos, ya que se ha archivado la causa al sostener el Fiscal que no había voluntad de cometer fraude —el quid de la cuestión con los contratos menores—, seguirán por esa vía. A pesar de que en los nuevos informes de Intervención ya no se habla de fraccionamientos y se están poniendo distintos medios, y otros que a priori se pondrán para mejorar la fiscalización, siguen habiendo bastantes anomalías enquistadas y habituales desde hace años. Sin ser constitutivas de delito según Intervención, pero con situaciones anómalas que el PP va a seguir exprimiendo; sembrando unas dudas que saben que seguramente no acaben en nada, pero que a la vez sirven para presionar al bipartito para que corrija una situación que como reflejaba la conclusión del Fiscal Anticorrupción, eran "irregularidades", aunque no de la suficiente entidad. Y relacionado con el asunto, han pedido la comparecencia en el pleno de la edil de Transparencia, a quien critican por tener una deuda importante, cuestión que es meramente personal, pero cuyo talón de Aquiles podría estar en la declaración de bienes, sin aclarar si el importe era el que se debía reflejar y sobre la que el PSOE ha cerrado filas.
