ALICANTE (EP). El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este sábado que su grupo presentará este martes 18 de abril ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial una denuncia por el presunto delito de prevaricación administrativa en el posible fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, a raíz de informes al respecto del jefe de servicio y el interventor municipal sobre una campaña publicitaria.
La denuncia está dirigida ante las posibles responsabilidades de los dirigentes políticos y otros cooperadores necesarios, sobre estas presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos", según ha informado el PP en un comunicado.
El 'popular' ha explicado que se trata de "un presunto delito de prevaricación administrativa consistente en la suscripción de contratos menores que implican el fraccionamiento de contratos que debieran haberse licitado con todas las garantías legales", mientras, según él, "se ha eludido dicho procedimiento adjudicando arbitrariamente diferentes trabajos y servicios".
Durante los últimos días, el PP ha llevado a cabo "una pormenorizada investigación de los hechos" y, una vez cerrada, las conclusiones a las que ha llegado el grupo popular les ha llevado a acordar presentar esta denuncia. "Consideramos que puede haberse cometido presuntamente prevaricación en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Comercio, cuyo responsable es el alcalde, Gabriel Echávarri", ha recalcado Barcalá.
Además, a juicio del PP, "existe una unidad de objeto entre varios de los contratos fraccionados que podían y debían haberse licitado como un único contrato, no existiendo justificación alguna para su fraccionamiento". Otro "dato llamativo" es que "en la contratación ha intervenido personal de confianza que carece de competencia para contratar, quienes han suscrito, por escrito y verbalmente los contratos".
"La primera evidencia administrativa de la suscripción de los contratos administrativos es la aprobación de las facturas que la realiza, casi en exclusiva el alcalde, Gabriel Echávarri". Unos contratos que "extrañamente no fueron colgados en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento", subraya el portavoz.
"Cuando las facturas han de ser mecanizadas para ordenar su pago, es cuando el jefe del servicio advierte lo que ha sucedido y alerta de las consecuencias elaborando el correspondiente informe que traslada a Intervención", ha añadido.
Por todo ello, el grupo popular estima que "las irregularidades son claras y no son meros errores o irregularidades administrativas, puesto que la tramitación administrativa es una de las cuestiones que se ha omitido, siendo un presunto delito de prevaricación".