ALICANTE. El PP encara el segundo asalto para tratar de cambiar el presupuesto municipal de 2018, heredado de la etapa de Gobierno del PSOE. Lo hace con un objetivo ambicioso al que los grupos de la oposición no confieren credibilidad: la amortización anticipada de la deuda que permita cancelar las restricciones del Plan de Ajuste al que el Ayuntamiento de Alicante se encuentra sometido desde el año 2012 (en aquel momento, también bajo mandato del PP).
La operación trata de utilizar 30,5 millones del remanente presupuestario de 2017 para pagar la suma que todavía se adeuda respecto a los préstamos de 70 millones solicitados para pagar facturas en el cajón, cuando el Gobierno Central puso en marcha el llamado Plan de Pago a Proveedores. Con ello, según expuso el alcalde, Luis Barcala, el pasado miércoles, el ayuntamiento recuperaría autonomía para, entre otros puntos, poder modificar sus ordenanzas fiscales (e impulsar una rebaja impositiva del 5% en el IBI), además de facilitar la contratación de personal municipal. Pero, justo ese mismo miércoles, los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) expresaron (con diferente intensidad) sus dudas al respecto. Primero, porque todos coincidieron en calificar la propuesta como una cortina de humo para desviar la atención de la comparecencia del alcalde sobre el contrato de un asesor municipal vinculado a la edil Nerea Belmonte, que iba a desarrollarse un día después. Segundo, porque la cancelación del plan de ajuste requería del visto bueno del Gobierno central y no se había aportado garantías de que se contase con él. Tercero, porque el acuerdo propuesto no respondía a las iniciativas que ya se habían aprobado en el pleno. Y cuarto, porque el pago de esa deuda podía conllevar la renuncia a que se ejecutasen proyectos pendientes que resultan imprescindibles para la ciudad.
En ese escenario, el edil de Hacienda, Carlos Castillo, prevé mantener este martes una maratoniana jornada de reuniones con representantes de los cuatro grupos con el reto de tratar de convencerles. El PP necesita recabar más votos a favor que en contra para que su propuesta pueda quedar aprobada en el pleno. Y eso supone irremediablemente que tengan que pagar un peaje: atender a las propuestas que pretenden plantearle el resto de fuerzas en el marco de la negociación política. Justo lo que ya sucedió con motivo de la primera modificación de crédito, aprobada hace un mes.
Aunque representantes de los cuatro grupos precisaron que su intención era acudir a las reuniones "para escuchar y conocer los detalles de la propuesta del PP", lo cierto es que también garantizaron que, si la considerasen viable, no dudarán en plantear sus propias iniciativas para que quedasen incorporadas en el movimiento de partidas económicas. Su pretensión es que la cancelación de los préstamos no conlleve que no se ejecuten algunas de las inversiones que se consideran prioritarias que ya estaban incluidas en el presupuesto de 2018 o que deberían programarse como inversiones financieramente sostenibles.
Entre ellas, los socialistas barajan plantear la batería de actuaciones que ya se tenían proyectadas durante su etapa al frente del Ayuntamiento. Guanyar también incidirá en las inversiones incorporadas como compromisos políticos en un documento anexo al presupuesto. Ciudadanos volverá a reclamar que se dote de fondos la ejecución de un informe externo sobre el cumplimiento del contrato de limpieza viaria y recogida de la basuras, además de la ejecución de inversiones de mejora en los polígonos industriales por el equivalente a un 3% de los 240 millones del presupuesto municipal. Y Compromís insistirá en los proyectos pendientes sobre el centro de interpretación de la Guerra Civil en Alicante o el centro para startups en el antiguo matadero.
