El PP acusa al tripartito de causar un perjuicio de 500.000 euros al suprimir la agencia de la energía

ALICANTE. El PP carga contra la gestión del contrato del suministro eléctrico municipal llevada a cabo por el ya extinto tripartito. Y, en particular, frente al papel desempañado por el edil de Servicios Públicos, Víctor Domínguez (Guanyar). El portavoz de los populares, Luis Barcala, ha denunciado este viernes el grave perjuicio que, a su juicio, ha supuesto para el ahorro y la tramitación de reclamaciones de miles de alicantinos la decisión del tripartito de eliminar la Oficina de la Energía el 31 de agosto de 2015. Este organismo municipal, creado en 2011 a iniciativa del PP, se encargaba de atender a los alicantinos mediante la revisión y la optimización de la factura eléctrica mensual, los análisis de contratación de nuevos suministros, y el análisis y las propuestas en relación a subvenciones públicas que permiten realizar actuaciones con cargo al ahorro de la facturación, según explica el PP. Después, con la adjudicación del nuevo contrato de suministro energético del Ayuntamiento, acordado en septiembre de 2016, ese servicio se incorporaba como una de las prestaciones que la nueva concesionaria quedaba obligada a proporcionar.

En esta línea, Barcala ha instado a Domínguez a explicar "si pidió ese local, a quién y por qué motivos no fue facilitado". "De no ser así, se demostraría definitivamente que estaba incapacitado para gestionar las áreas que llevaba". Estaba previsto que la Oficina Municipal de la Energía se trasladara al local de la antigua biblioteca del Panteón de Quijano, según ha subrayado el líder del PP. "También exigimos", ha continuado Barcala, "que el alcalde, Gabriel Echávarri, explique qué seguimiento ha hecho a sus propias promesas electorales, y si conocía o no la inexistencia de la Oficina y los motivos por los que ésta no se ha puesto nunca en marcha tras su cierre en agosto de 2015". "La orden de cierre la dio rápido, pero no se ha interesado por su reapertura y funcionamiento", ha insistido.

"La Oficina estuvo en funcionamiento desde marzo de 2011 hasta agosto de 2015 y fue cerrada de manera fulminante por el tripartito, con la promesa de abrir una nueva que nunca ha abierto", ha informado el dirigente popular. Sin embargo, "nunca se abrió una nueva Oficina a causa un grave incumplimiento del que el tripartito es responsable ineludible, y que ha impedido que hasta la fecha miles de alicantinos puedan combatir la pobreza energética, defenderse de las compañías y beneficiarse de un posible ahorro económico".

"Durante esos cuatro años", ha explicado Barcala, "la Oficina de la Energía consiguió un ahorro para los alicantinos, a través de ayudas tramitadas, optimización de la factura y reclamaciones asistidas, de más de 600.000 euros". Durante ese periodo de tiempo, este organismo municipal realizó "más de 25.000 asistencias, de las cuales 8.411 finalizaron en la apertura de un expediente". "Además, se tramitó el Bono social, siendo un total de 1.231 los bonos gestionados para pensionistas, desempleados, familias numerosas y usuarios con una potencia contratada menor a 3 kilowatios", ha añadido. "También se gestionaron las reclamaciones de 2.123 usuarios contra las compañías eléctricas, y se consiguió que ciudadanos que había perdido el derecho al citado Bono Social pudieran recuperarlo".

"Dos años y medio después", ha continuado Barcala, "ese servicio que fue suprimido por el área del tripartito de Servicios Públicos, controlada por el concejal de Guanyar, Víctor Domínguez, sigue sin prestarse en este Ayuntamiento, a pesar de ser algo obligatorio por el contrato que después suscribiría en 2016 con una empresa eléctrica, y a pesar de que el recibo de la luz ha subido para todos los alicantinos en casi un 30% desde 2015". En ese periodo de dos años y medio, según ha estimado Barcala, se ha generado un perjuicio de 500.000 euros en reclamaciones y gestiones no tramitadas. 

"Desde el minuto uno al tripartito no le han importado nada los alicantinos", ha apuntado. El portavoz del PP ha manifestado el malestar de su formación porque "toda esa política social que había, todo eso se ha perdido por la ineptitud del tripartito, y principalmente por la incapacidad de los concejales responsables de la desaparición de un servicio público esencial y la no sustitución por otro a pesar de estar estipulado en el nuevo contrato que se firmó", ha asegurado. Barcala ha recriminado a estos dos partidos su "falta de compromiso e incapacidad para la gestión que han perjudicado gravemente a la sociedad alicantina".

Esta Oficina, según el PP, debía contar con personal ingeniero (con un salario de 19.000 euros/año), administrativo (13.188 euros/año) y Técnico (18.800 euros/año). De tal modo, que también hay una pérdida económica debido a que el coste aproximado de 56.500 euros, lo habría pagado el licitador.

Los hechos

Barcala ha argumentado que "todo comienza de un modo tragicómico cuando, en plena campaña electoral, el alcalde del actual gobierno ilegítimo de Alicante, Gabriel Echávarri, prometió abrir una Oficina de la Energía, lo cuál ya denotaba su desconocimiento puesto que ya existía un organismo de idénticas características, gestionada con éxito por el Ayuntamiento, lo que de por sí ya denotaba su falta de conocimiento de la ciudad". 

Prosigue, el portavoz del PP explicando que "una vez el PSOE llega al gobierno se les ocurre la brillante idea de cerrar en agosto de 2015 la Oficina de la Energía, dejando a los alicantinos desamparados y con expedientes a mitad de tramitación, muchos de ellos de carácter prioritario por tratarse del Bono Social dirigido a consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social".

Posteriormente, el 15 de septiembre de 2016 se formalizó el contrato de Suministro de Energía Eléctrica del Ayuntamiento de Alicante por el valor estimado de 26.920.612,23 (IVA no incluido) adjudicado por un procedimiento abierto. Dentro de ese contrato se incluyó la creación de una Oficina Municipal de Ahorro Energético, que vendría a sustituir a la Oficina eliminada. "Entre las condiciones, se exigía a los licitadores que incluyesen en sus ofertas al personal adecuado para atender a la citada prestación y se detallen los términos del alcance del servicio". También se exige que la citada Oficina fuera atendida por personal a cargo de la empresa.

Hasta ese momento muchos alicantinos ya no estaban siendo atendidos por el Ayuntamiento en sus reclamaciones a las compañías eléctricas, según el PP. "Pero lo peor de todo es que este servicio", ha explicado Barcala, "que forma parte indivisible del contrato, nunca se ha puesto en marcha". Es decir, que a fecha de hoy, el servicio sigue sin prestarse y la Oficina "no ha estado operativa en ningún momento por la ineptitud, incapacidad y desinterés de los tres partidos que han conformado el tripartito". 

"Es llamativo que el concejal de Servicios Públicos, Víctor Domínguez, cuando en enero de 2016 presentaba el contrato, dedicara unas palabras a la pobreza energética, porque luego haya demostrado con su comportamiento que los alicantinos le importaban un pimiento".

El contrato

El principal problema es que el gobierno municipal se ha desinteresado durante todo este tiempo de poner a disposición de la empresa un local para poder desempeñar este servicio público, tal y como está obligado el Ayuntamiento por contrato. Si nos fijamos en el apartado 9 del contrato, en la página 12, podemos leer que "el Ayuntamiento adquiere el compromiso de proporcionar un local acondicionado para la atención al público y el correcto funcionamiento del servicio". El problema, según el líder del PP, es que este local no se cedió al licitador nunca. Es decir, según Barcala que "la empresa adjudicataria no ha podido realizar el servicio porque el Ayuntamiento ha actuado de una manera completamente negligente al no ponerse a disposición del licitador el inmueble que con carácter obligatorio tenía que haber facilitado para el cumplimiento del contrato", ha señalado.

"Este incumplimiento del contrato por parte de la empresa, debido a la negligencia de los responsables políticos, ha generado hasta la fecha un grave perjuicio al Ayuntamiento", ha remarcado. La Oficina de la Energía era parte de la contratación y los alicantinos llevan completamente desatendidos desde hace dos años y medio porque aquellos que han querido utilizar los servicios sociales. 

Además, según recalca el PP, la Oficina tenía la obligatoriedad de realizar auditorías energéticas en las dependencias municipales. Algo que al suscribir el tripartito con la misma compañía que desarrolla el servicio incurre en un claro conflicto de intereses, puesto que no tiene sentido encargar la defensa de los intereses de los ciudad en materia de energía a una misma compañía eléctrica, dado que es muy posible que parte de las reclamaciones de los ciudadanos fuesen a la misma compañía. Por tanto, serían juez y parte. Otra de las consecuencias de la supresión de la Oficina de la Energía es la supresión del "Plan Ahorra", que está destinado a gestionar ayudas de ahorro energético y que beneficia a empresas y comunidades de propietarios. En estos cuatro años, el ahorro energético anual que generaba a estas entidades era de 53.425,27 euros, concluye el PP, a través de un comunicado.