El alcalde y el portavoz del PP conversan en un momento del último pleno. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El portavoz del grupo municipal popular en Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha acusado al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, de haber eludido "la gestión administrativa por doble vía" con el fraccionamiento de contratos de Comercio, una Concejalía que depende directamente del primer edil. Como ha contado este diario, los populares presentarán este martes ante la Fiscalía una denuncia por un presunto delito de prevaricación administrativa por el supuesto fraccionamiento.
En un comunicado remitido este lunes a los medios, Barcala ha asegurado que además de utilizar la figura del contrato menor, el alcalde ha eludido también la vigilancia administrativa al contratar "al margen de la gestión por personal funcionarial", ya que 18 de las 25 facturas fueron aprobadas "directa y exclusivamente" por el alcalde, sin el concurso de personal municipal. Barcala ha asegurado que en el proceso de contratación ha intervenido también "personal de confianza de Alcaldía, ajeno a Comercio, lo que vincula en el conjunto a ambas áreas y resulta que las dos dependen de la misma persona, el alcalde".
A estas circunstancias cabe añadir, según el popular, el hecho de que de las 25 facturas de Comercio de las que se ha requerido su anulación, "hay otras cinco que constan sin ninguna firma aprobándolas". Este hecho es importante, según el concejal del PP, ya que, según ha explicado, "es en Alcaldía donde se reciben y aprueban la mayor parte de las facturas, aprobación imposible si no se conociera de antemano su existencia y que el pago era procedente". Según defiende Barcala en el comunicado, "el hecho de que las facturas estén aprobadas sólo por el alcalde significa que no han entrado primero en Comercio y han sido fiscalizadas por el jefe del servicio o de departamento, que les dan el visto bueno y firman antes de pasar a la aprobación del primer edil, como sería lo normal".
Por otra parte, el dirigente del PP de Alicante considera que "resulta muy raro que se envíe al Consell Jurídic Consultiu (CJC) un expediente con unos informes donde no se dice claro que pueda haber fraccionamiento de contratos". "Se trata de un trámite preceptivo donde el CJC debe decir si procede o no la anulación, y la propuesta que se le remite debe estar perfectamente justificada. Podría suceder que el Consell Jurídic concluya que no procede la anulación de los mismos por no estar motivada suficientemente la propuesta", ha indicado.
En este sentido, Barcala confía en que el órgano consultivo entre "al fondo del asunto", y requiera del Ayuntamiento de Alicante "cuantos datos y documentos sean necesarios para ello".
