BENIDORM. Fiscalía pedía 4 años de prisión, pero al final ni se ha celebrado el juicio y la condena se limita a una multa diaria de 10 euros durante 18 meses. Esto es lo que pasó este lunes, después de celebrar la vista oral en los juzgados de Benidorm los acusados de la muerte de dos británicos en la riada de 2011. Ante el juez se sentaban dos exalcaldes de Finestrat, Honorato Algado (PP) y el socialista José Miguel Llorca, así como el concejal de Seguridad en ese momento, Tomás Gaspar Sellés Llorca.
El resultado tan positivo para los acusados se debe al pacto que alcanzaron con Fiscalía. Según explicaron fuentes judiciales, las acusaciones particulares se habían retirado una vez había cobrado la indemnización. Así, la responsabilidad social también habría sido sufragada casi al completo, a falta de unos 300 euros en efectivo. Incluso explicaron que algunos de los afectados no han llegado a localizarlos para abonarles la indemnización.
Con todo, condenaron a los tres acusados por dos delitos de homicidio imprudente menos grave, tras aplicar una reforma legal de 2015. Una rebaja importante teniendo en cuenta que el ministerio público solicitaba inicialmente para cada uno de los acusados cuatro años de prisión por dos delitos de homicidio por imprudencia grave, otro de lesiones y un delito de daños.
El juez ha declarado responsable civil a la compañía de seguros y subsidiario al ayuntamiento, por lo que la vía penal ha terminado. Y por tanto, sólo queda que se alcance un acuerdo entre el seguro y el Ayuntamiento.
A las puertas del juzgado, los condenados no quisieron hacer declaraciones para hacer ningún tipo de valoración ante los medios de comunicación, ni dedicaron palabra a los familiares del matrimonio fallecido, formado por Kenneth y Mary Hall, y los dos heridos.
Cabe recordar que el fatal desenlace ocurrió en octubre de 2011, cuando una tromba de agua descargó en la Cala de Finestrat, formándose una riada a su paso por el barranco en el que estaba instalado el mercadillo municipal. La velocidad del agua se llevó por delante los puestos, y como consecuencia, resultaron heridas dos personas y otras dos fallecieron.
Hechos desde 1984
En el momento de los hechos, el alcalde era Honorato Algado, pero previamente, el anterior alcalde socialista, Miguel Llorca, había autorizado en 1984 un mercadillo municipal en medio de un cauce de dominio público hidráulico del Estado sin la "preceptiva autorización administrativa" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Hasta 2009, lo explotaba una empresa a través de una concesión administrativa. Después, lo asumió el consistorio, cuando el primer edil ya era Honorato Algado.
Foto: EFE.
Este último mantuvo la ubicación de los puestos pese a que el mercadillo "seguía careciendo de la correspondiente autorización y de conocer el riesgo que había de riada en caso de lluvia en el referido cauce", según la versión de la fiscalía que han aceptado los políticos.
Pero la implicación de ambos en el delito de homicidio por imprudencia es largo puesto que los dos asfaltaron el barranco, y como consecuencia, impidieron la filtración de
la lluvia. Asimismo, influyeron en la velocidad de circulación del agua que discurre por la rambla, que es muy alta por la pendiente longitudinal de la zona, incluso con caudales bajos.
Precisamente, fue en 2009 cuando la CHJ inició un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Finestrat por haber urbanizado el barranco, por el cual le multaron y les obligaron a restituir el barranco a su estado original.
Finalmente, los acusados han aceptado la versión de Fiscalía, cuyo resultado ya se sabe: una multa que después de año y medio se resumirá en 5.400 euros.
Foto: EFE
