El mundo al revés del Plan de Ajuste: el PP lo promueve, Cs se moja y la izquierda no lo respalda

ALICANTE. El doble vuelco político registrado en el Ayuntamiento de Alicante y en el Gobierno central entre los meses de abril y mayo ha puesto patas arriba las posiciones mantenidas por las cinco formaciones con representación en la corporación municipal a la hora de conseguir un mismo objetivo: la cancelación del Plan de Ajuste al que el Ayuntamiento se encuentra sometido desde el año 2012 hasta 2023. 

Lo cierto es que, primero el ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), y ahora el actual Gobierno del PP, han lanzado iniciativas similares (que no idénticas) para saldar los préstamos todavía pendientes de devolución que se concertaron con motivo del plan de pago a proveedores (entre los años 2012 y 2013) y, así, poder liberar al Ayuntamiento de la supervisión contable que el Ministerio de Hacienda ejerce desde entonces. Eso supone acabar con el techo de gasto para inversiones municipales y la posibilidad de modificar impuestos o de contratar personal municipal. Sin embargo, todos han adaptado su discurso para impulsar o rechazar la propuesta en función de su autoría y del camino escogido para conseguir ese fin. Incluso Ciudadanos (Cs) -que hasta ahora no ha tenido responsabilidades de gobierno y, en consecuencia, no ha podido lanzar su propia propuesta-, también ha modificado su postura en busca de un papel determinante en las decisiones que se adoptan en la gestión municipal que no ha llegado a ejercer en otras votaciones, como la misma elección del sustituto del socialista Gabriel Echávarri en la Alcaldía tras su doble procesamiento (Cs se mantuvo firme y decidió votar a su propio candidato).

Ese ajuste en las posiciones políticas de todos los protagonistas se evidenció en la comisión de Hacienda de este lunes. Como ya ha contado Alicante Plaza, el acuerdo promovido por el PP quedó aprobado con sus votos (8), con los de Cs (5) y con los de los ediles no adscritos (Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte). PSOE (6), Guanyar (5) y Compromís (3) se abstuvieron. De repetirse esa votación, la propuesta quedará aprobada en el pleno de este jueves por mayoría absoluta (15 votos, en un corporación de 29), aunque en realidad a los populares les bastaría con sumar más votos a favor que en contra.

Como también viene contando este diario, la propuesta que plantea ahora el PP es usar 30,5 millones (26 procedentes del dinero no gastado por el tripartito en 2017, más 3,8 millones de ahorros en licitaciones municipales) para cancelar las deudas con los bancos. La propuesta defendida por el tripartito trazaba un camino diferente para llegar a la cancelación del plan de ajuste. Consistía en reclamar al Ministerio de Hacienda un mecanismo que permitiese concertar nuevos préstamos a intereses más bajos con los que poder cancelar los créditos contratados con motivo del plan de pago a proveedores. Esa fue la fórmula que el Gobierno de Rajoy aprobó en 2014, con la que se hizo posible que los Ayuntamientos de Madrid y Marbella se liberasen de sus propios planes de ajuste. Con esa mecanismo, el Ayuntamiento mantendría deudas con los bancos, pero dispondría de recursos económicos (remanente) para poder impulsar las llamadas inversiones financieramente sostenibles.

La propuesta del PP

En enero de este año, el PP rechazó una moción presentada por Compromís en esa dirección. La propuesta quedó aprobada por 15 votos: los 14 de PSOE, Guanyar y Compromís, más el de Belmonte. Los populares votaron en contra. Su entonces portavoz, y ahora alcalde, Luis Barcala, explicó que el control del Ministerio de Hacienda era necesario porque el PSOE no era de fiar. Cerca de cuatro meses después, a principios de mayo, Barcala y el edil de Hacienda, Carlos Castillo, mantuvieron una reunión con responsables del ministerio para estudiar posibilidades sobre el plan de ajuste, pese a que ya a principios de abril, el departamento de Montoro había respondido al Ayuntamiento cuál era el camino a seguir. En cualquier caso, el PP insistió entonces en que se barajaba flexibilizar los términos del plan de ajuste o cancelarlo.

Así, ya en junio, el PP planteó una primera modificación de crédito por la que se destinaban 10 millones de euros a cancelar parte de esos préstamos. Previsiblemente, ese primer cambio presupuestario quedará aprobado de forma definitiva este jueves, tras el rechazo de las alegaciones presentadas por CCOO en comisión de Hacienda. La justificación que se dio para desestimarlas fue que las peticiones del sindicato no se ajustaban a los supuestos legales para la admisión de alegaciones. Guanyar y Compromís (que respaldaron la aprobación inicial) se abstuvieron sobre ese acuerdo con el argumento de que algunas de las propuestas de CCOO sí eran razonables y dependían de la voluntad política. De hecho, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, señaló que ya se aprobó una enmienda de su grupo político en el presupuesto de 2018 a favor de algunas de esas medidas, como la contratación de más policías y bomberos.

Tras superar un debate interno, el PP lanza ahora una segunda modificación de crédito para pagar otros 30,5 millones de deuda. Y, a la vista de las reticencias de los partidos de la izquierda en la comisión de este lunes, no dudó en criticar ese recelo con alusiones a su cambio de discurso. Tanto Barcala como Castillo reclamaron a los grupos de la oposición ante su abstención que recapacitasen y no pusiesen "los intereses partidistas por encima de los intereses de la ciudad". A través de un comunicado, Castillo destacó que la cancelación del Plan de Ajuste es "la decisión más importante que se va a tomar en esta legislatura" y criticó durante la postura de PSOE, Compromís y Guanyar, al señalar que "no se consigue entender la falta de concreción de estos grupos con su abstención, ya que llevan cuatro años criticando y exigiendo la cancelación de unas restricciones que ellos no han sido capaces de ejecutar tras tres años de gobierno".

La posición de PSOE, Guanyar y Compromís

¿Cómo justificaron las tres fuerzas de progreso su abstención sobre la nueva propuesta del PP? El PSOE alegó que, pese a que llegó a barajar la posible cancelación de la deuda durante su etapa al frente del Ayuntamiento, concluyó que la mejor decisión para la ciudad era abordar esa posibilidad en el último año del mandato para que existiesen fondos con los que poder ejecutar obras. Además, su portavoz, Eva Montesinos, añadió que "nos da mucho miedo dejar al PP con las manos desatadas", en relación al fin del control del Ministerio de Hacienda: ahora, en manos de una ministra del PSOE, María Jesús Montero. 

Guanyar, por su parte, recordó al PP que el plan de ajuste "que tanto daño ha hecho a la ciudad y al Ayuntamiento, fue el resultado de su nefasta gestión económica en la época de Alperi y Castedo", según señaló Pavón. En cualquier caso, señaló que la propuesta para su cancelación "en principio parece ofrecer más ventajas que inconvenientes, aunque también es cierto que a día de hoy no se conocen las reglas que el nuevo Gobierno Central de Pedro Sánchez pueda introducir respecto al uso del dinero sobrante del ejercicio de 2017; unas reglas que podrían flexibilizar el uso de ese dinero sobrante frente a la rigidez actual", precisó. Eso sí, reiteró que los ediles de Guanyar "no votaremos en contra en el pleno del jueves a ninguno de los puntos dictaminados hoy en la comisión de Hacienda y fijaremos nuestra posición definitiva - abstención o voto a favor - el mismo día del pleno".

Y el líder de Compromís, Natxo Bellido, insistió en subrayar que la fórmula propuesta para la cancelación no era la que se había aprobado en el pleno y recriminó al PP "la deslealtad con la que ha planteado su propuesta, porque prometió diálogo para negociar qué inversiones se podrían llevar a cabo una vez aprobada la cancelación del plan de ajuste y seguimos sin saber qué obras se prevé ejecutar, ya sea con el remanente sobrante o a través de un préstamo". En esta línea, señaló que "es una más de las promesas incumplidas de Barcala, como la de la invitar a la oposición a la mesa de contratación o la de las convocatorias de las juntas de portavoces".

La determinación de Cs

¿Y el partido de Albert Rivera? Los cinco concejales de Cs no llegaron a decantarse ni a favor ni en contra de la propuesta presentada por Compromís, secundada por PSOE y Guanyar, en el pleno de enero. Su portavoz, Yaneth Giraldo, alegó entonces que albergaba dudas sobre la propuesta aunque se mostró partidaria de que el plan de ajuste quedase anulado. Ahora, Cs da un paso al frente y se moja abiertamente a favor de la propuesta del PP al considerar que en este caso no vale la equidistancia permanente. Al término de la comisión de Hacienda, Giraldo señaló que "pensamos que aquí no caben medias tintas y que lo que se sometía a debate era un sí o un no, y hemos optado por la responsabilidad política, de ahí que nos haya extrañado la abstención de los antiguos socios del tripartito". "Aunque el PP se ha dado prisas en este tema por motivos electoralistas, pensando en los comicios del próximo mes de mayo, hemos considerado actuar bajo el espíritu de la sensatez", señaló. "No tiene ningún sentido acumular dinero cuando queda muy poco tiempo para ejecutar prácticamente nada, y encima con un mini-gobierno sin ningún proyecto previsto ya que lo que están sacando adelante es lo que dejó el tripartito en el tintero".

Para Giraldo, "lo importante va a estar en la segunda fase de esta operación donde se va a producir una bajada de impuestos que beneficie a los alicantinos, así como la posibilidad de contratar personal en servicios esenciales como la Policía Local y Bomberos, y en áreas que están muy desatendidas como es el caso de Urbanismo". "Liberada la deuda financiera, habrá también una oportunidad muy buena para reforzar los servicios sociales", explicó.

La revisión de las ordenanzas fiscales y el error con la de las plusvalías

Antes de que se celebre la votación definitiva en el pleno, el Gobierno del PP ya dejó claro que no va a dejar pasar el tiempo para abordar esa segunda fase de la operación. El propio edil de Hacienda ya manifestó a los grupos de la oposición que los técnicos de su departamento ya tenían redactada una propuesta para revisar las ordenanzas fiscales con el propósito de bajar el recibo del IBI (reducción lineal del 5%) y de introducir bonificaciones para la implantación de empresas a través del IAE, IBI e ICIO. De hecho, apuntó que esta misma semana daría traslado de esas propuestas a todos los grupos políticos, con el objetivo de poder convocar una comisión de Hacienda a principios de septiembre para que su aprobación se tramite en el menor tiempo posible. Se da por hecho que todos los grupos políticos introducirán sus propias propuestas durante su negociación, como ya han anticipado tanto Guanyar como Cs.

Por lo pronto, el PP se verá forzado a acelerar, también, la propuesta con la que trata de aprobar, de nuevo, la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de las plusvalías, en el caso de que pretenda elevarla al pleno de este jueves. El acuerdo tuvo que se retirado de la comisión de Hacienda, este lunes, ya que se pretendía aprobar antes de que finalizase el plazo para la presentación de enmiendas de los grupos políticos. Guanyar ya avanzó este mismo lunes que las presentaría, lo que obligaría al PP a resolverlas por urgencia antes del jueves. 

Como ha publicado Alicante Plaza, con ese acuerdo, y el acuerdo de imposición previo que resulta preceptivo, se trata de dar cumplimiento a las diferentes sentencias que vienen anulando las liquidaciones sobre ese tributo a instancias de los recursos presentados por particulares y empresas.