Antoni Bernabé, Cristina Narbona, José Ramón García Antón y Joang Ignasi Pla, visitan una planta desaladora de la Comuntat. BENIDORM. En la década anterior, bajo el primer Gobierno de la Rodríguez Zapatero, paralizar la construcción de las dos torres Gemelos 28 en Benidorm, se convirtió en una de las obsesiones de la ex ministra socialista de Medio Ambiente Cristina Narbona. Hay dos fechas clave para saber por qué finalmente no se llevó a cabo la expropiación del suelo de Punta Llisera. El 15 de junio de 2017, el Consejo de Ministros inició el proceso para declarar de utilidad pública la parcela de los dos edificios, pero el TSJ -el mismo que ahora ha fijado los detalles de la ejecución del fallo del Supremo, que anula la licencia del edificio- fue quien avaló en junio de 2008 el permiso dado por la Generalitat valenciana. Con posterioridad, el Gobierno socialista, ya con Narbona fuera del Ejecutivo, desistió.
Pero durante esta etapa, las ideas y venidas del Gobierno fueron una acicate para la misma promotora que levantaba pisos sin parar por si se producía la expropiación y la cantidad a solicitar por indemnización era más elevada.
La promotora disponía de licencia de obras del Ayuntamiento de Benidorm desde 1988, cuando adquirió la parcela situada en Punta Llisera para derribar el edificio existente entonces y construir los Gemelos 28. El Consell autorizó posteriormente la construcción del complejo residencial, pero el Gobierno recurrió ese permiso: interpuso un contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), que fue desestimado el 2 de junio de 2008. Sin embargo, esta sentencia fue recurrida en casación ante el Supremo, que es el que finalmente ha declarado nulo la licencia por invadir la zona de dominio público marítimo terrestre.
Pero cuando ya estaba en pie la estructura de ambos bloques, el Consejo de Ministros aprobó el 15 de junio de 2007, la declaración de utilidad pública de la parcela de 10.639 metros donde se ubican ambas torres para su expropiación dentro del programa de adquisición de fincas del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona. Aunque electoralmente eran buenos tiempos para los socialistas en toda España, en la Comunitat Valenciana, Narbona se convirtió en el centro de la diana del PP, que gobernaba con mayoría absoluta en las Cortes Valencianas. A su obsesión por expropiar el suelo de Punta Llisera, se unió la campaña de los populares contra la desaladoras -entonces se proyectó la de Torrevieja, calificada por González Pons como una central nuclear del mar- y la anulación del Plan Hidrológico Nacional, en la parte que afectaba al trasvase del Ebro.
Pero tras las elecciones generales de 2008, y con Elena Espinosa como titular de Medio Ambiente, el Gobierno desistió del procedimiento porque el coste de la expropiación podría haber superado los 50 millones de euros y ya había recibido el primer revés judicial del TSJ. Del Supremo todavía no se tenían noticias. En marzo de 2009, la Delegación del Gobierno acordó el «desistimiento del procedimiento expropiatorio». El mismo TSJ que ahora ha fijado los detalles de la demolición e indemnización a propietarios, valorada, según la promotora, en 72 millones de euros, acabó con el sueño de Narbona. Los Gemelos 28 van a caer, igualmente, pero casi 10 años después, y con una factura más elevada.
