El lobby feroz

Leo un artículo sobre las acusaciones de la patronal hotelera de la Costa Blanca contra la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), a la que atribuye apostar por la liberalización  de las viviendas turísticas.

Creo que este ‘lobby’ - como los define la redactora- yerra en alguno de sus argumentos. Contempla a los apartamentos turísticos como operadores encubiertos del sector hotelero. Con ese argumento en la mano, otros profesionales podrían reprochar a los hoteles que se hayan convertido en cafeterías, restaurantes, bares, discotecas, gimnasios, spas, peluquerías, centros de estética y mercadillos de venta de todo tipo de productos. No dejan de ser competencia de pequeños empresarios y autónomos que no tienen a sus clientes cautivos y atados con una pulsera de all inclusive que les garantice consumo continuado en sus establecimientos.

Es poco riguroso criminalizar de forma generalizada a los propietarios de apartamentos tachándoles de presuntos evasores fiscales sin pruebas, y de haberlas lo único que cabría hacer es denunciar ante el organismo pertinente. ¿Son sospechosos acaso todos los hoteles de posibles irregularidades fiscales en que pueda incurrir alguna de las actividades no hoteleras que realizan en sus instalaciones? ¿Podríamos asegurar que todo el efectivo que se recoge en las cajas de comedores, bares,  cafeterías o discotecas de los hoteles es religiosamente declarado en sus cuentas? ¿Son huéspedes del establecimiento todas las personas que se sientan en los buffettes, bares y cafeterías de hoteles a los que solo deberían poder acceder los clientes hospedados en cumplimiento de las ordenanzas municipales?

El intrusismo en el sector es multidireccional y si se precisa una regulación debe alcanzar a todos. Tanto la CNMC como expertos urbanistas coinciden en que las limitaciones que desde ayuntamientos y parlamentos regionales están imponiéndose a diversas actividades económicas nos alejan del tren de la modernidad y volverán a sumirnos en una economía cerrada, incapaz de reinventarse y adaptarse a la velocidad de los cambios del mercado.

No se entiende la queja de un sector como el hotelero, generosamente subvencionado desde las administraciones con ayudas directas a fondo perdido para renovar y mejorar sus instalaciones y para promoción publicitaria, promoción que a veces se usa contra otros operadores del sector.

Esa queja se entiende menos aún en un entorno legal que permite externalizar la práctica totalidad de la mano de obra intensiva que se requiere en los hoteles, dejando en el ámbito de  empresas de trabajo temporal a trabajadores que realizan tareas intrínsecas a la actividad con la carga de precariedad y bajos salarios que la mayoría de las veces acompaña esa situación laboral. Como ejemplo, mencionar las kellys explotadas a menos de 2  euros  por habitación limpiada que denuncia Antonio Catalán, el CEO de AC Hotels by Marriot. 

Las condiciones de competitividad durante el último decenio, con la práctica totalidad de los destinos competencia paralizados por la inestabilidad política y la inseguridad, han proporcionado una ventaja al sector hotelero español que debería haber servido para algo más que para llevar los RevPar y los índices de ocupación a máximos históricos, sin trasladar esa bonanza a los salarios y procrastinando las reformas estructurales que precisa el sector. La principal amenaza del sector es propio inmovilismo y condescendencia, no la presencia de nuevos operadores.

Para un liberal la mera palabra lobby es evocadora de arreglos turbios y poco claros, de intereses particulares que raramente coinciden con el interés general y muchas veces bordean la legalidad o abren la puerta a la corrupción política. Los agentes económicos, sean del sector que sean, cuando tienen claro su papel y objeto social se sobran y bastan por si mismos para generar oportunidades de progreso y creación de riqueza. No necesitan el amparo ni el mimo de poderes públicos que más pronto que tarde pasarán la gorra para cobrarse sus favores en forma de puertas giratorias. Una asociación de empresarios no debe necesariamente devenir en lobby, y menos aún en un lobby feroz.

* César Martínez es secretario de Acción Institucional en Alicante de Ciudadanos