pedirá también la revocación de las autorizaciones de obra 

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela llevará a los tribunales al Ayuntamiento por impago de más de 50.000 euros

23/02/2022 - 

ORIHUELA. El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela va a acudir a los tribunales ante el incumplimiento del Ayuntamiento de los distintos acuerdos adoptados entre ambas instituciones por las partidas que la administración local adeuda. Con los distintos conceptos, el Ayuntamiento debe más de 50.000 euros. Por esta razón lo reclamará judicialmente por la vía de un contencioso-administrativo. Además solicitará la revocación de todas las autorizaciones de obras no iniciadas y las cesiones de elementos hidráulicos.

Desde los años 70 han establecido al menos ocho acuerdos de colaboración entre ambas instituciones donde a cambio de unas prestaciones anuales, el Juzgado permitía ciertas actuaciones y usos de distintos elementos del sistema hidráulico del que es competente. Este tipo de acuerdo ha permitido el desarrollo del casco urbano ya que las obras necesarias para eso repercutían en alguno de sus cauces. Entre esas actuaciones, el Juzgado destaca las numerosas aperturas de nuevas calles como pasaje Patriarca de Antioquía, la trasera del Palacio de Tudemir, o el inicio del Camino Viejo de Almoradí. También obras de otro tipo como el carril bici en la avenida Doctor García Rogel o facilitando la evacuación de pluviales de las pedanías.

Estas y otras actuaciones llevaban necesariamente lo que se conoce como cubriciones, en referencia a que una acequia o azarbe pase a no estar al descubierto. Esto implica que la inversión que el Juzgado debe llevar a cabo para el mantenimiento es mucho mayor dado que las tareas son mucho más complejas. Por esta razón se acordaba un abono anual de unos 7.755 euros, unas cantidades que el Juzgado califica de “insignificantes” dado el incremento de gasto de las labores de limpieza de los cauces que supone las cubriciones efectuadas por el Ayuntamiento. Entre los acuerdos destaca el de la cubrición del brazal de Bonanza (noviembre de 2013), conexión con el azarbe de las Fuentes (noviembre de 2010), acceso a la ejecución de obras en la acequia de las Puertas de Murcia (junio de 2009), ocupación de un tramo de brazas y cauce de la acequia de Callosa (agosto de 2013), entre otros.

Desde el Juzgado señalan que les adeudan cuatro años, lo que implica un total de algo más de 31.000 euros. También recalca que hay otras muchas autorizaciones que se han concedido sin más contraprestación que la obligación del Ayuntamiento de hacerse responsable de los daños que pudiera ocasionar las obras.

El resto de dinero que el Ayuntamiento debe al Juzgado hasta los más de 50.000 euros corresponden a las cuotas por tenencia de tierras dentro del perímetro regable de este juzgado, que como el resto de propietarios ha de hacer frente de estas cantidades bajo el concepto de mantenimiento de las infraestructuras independientemente de para qué las utilice, o si usa el riego o no. También atañe al uso de los cauces de los que se sirve como la acequia de Alquibla o el azarbe de las Fuentes por el avenamiento de las tierras del Palmeral de San Antón.

Estos incumplimientos reiterados de pago, señala el Juzgado, están ocasionando importantes problemas para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, limpieza y conservación de sus acueductos. Además denuncian que sin su autorización están ejecutando obras sobre cauces del Juzgado. Señala la institución como ejemplo, que están utilizando un espacio como aparcamiento de caminos de gran tonelaje sobre el cauce y alertan de que esos muros no están preparados para soportar grandes cargas.

Además de solicitar por el contencioso-administrativo la reclamación de las cuantías que se les debe, el Juzgado incluirá que se revoquen todas las autorizaciones de obras que no se hayan iniciado. Insisten en que no es un condicionante el hecho de que se proceda al pago de las cuantías acordadas para que vuelvan a dar las autorizaciones, si no que independientemente de que efectúen el pago, no se reactivarán las autorizaciones de forma automática. Tendrán que negociar de nuevo, zanjan fuentes del Juzgado.

 

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