Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Alicante ha declarado firme la sentencia que desestimaba el recurso interpuesto por la Subdelegación de Gobierno de Alicante contra el acuerdo plenario que aprobaba la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Benidorm. Así lo recoge la diligencia a la que ha tenido acceso Alicante Plaza y que señala que no se ha recurrido el fallo, por lo que se hace firme.
Tal y como explicara este diario, Subdelegación de Gobierno de Alicante decidió no recurrir la decisión de la jueza, por lo que el Consistorio puede respirar tranquilo frente a la aplicación de los nuevos documentos desde el pasado mes de septiembre.
Como se decía, la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante rechazó el recurso contra el acuerdo plenario que aprobaba ambos documentos. El principal motivo es que se tendría que haber recurrido, además del acuerdo plenario, el presupuesto municipal en el que irían incluidas esas subidas salariales. "Es un cambio de criterio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de hace escasamente unos meses. Se presentó el recurso como se hacía antes y se ganaba", explicaron fuentes de Subdelegación al conocer el fallo.
No obstante, la jueza también entraba a valorar el resto de aspectos a pesar de que partiendo de esa base, el recurso ya estaría rechazado. Subdelegación consideraba que las modificaciones en las retribuciones complementarias que contempla el expediente son superiores a las que establece el artículo 2 del Real Decreto Ley 2/2020 de 21 de enero. Es decir, el 2% salvo que se especifique la excepcionalidad, que afirman que no es el caso. El mismo preveía un aumento del complemento de destino en 214 puestos de trabajo, un 27,57% de los puestos totales, mientras que el aumento del complemento específico afectaba a 268 puestos, lo que supone el 30,45% del total.
El fallo mencionaba que los cambios salariales no se pueden imputar a la RPT por sí solos. Además, argumentaba que el recurso apela al incumplimiento de un artículo que hace referencia al 2020 cuando se llegó a implantar en 2021, y no concreta cómo se supera el límite salarial fijado. Con todo, desde el gobierno siempre han defendido la legalidad del documento y lo empezaron a aplicar desde septiembre de 2021, cuando la VPT estaba todavía a la espera de un veredicto en el Juzgado.
