Imagen de archivo de trabajos de alcantarillado en Orihuela Costa. Foto: APORIHUELA. Cambiemos Orihuela presentó a finales de septiembre una denuncia a la fiscalía para investigar las posibles irregularidades en los contratos de la gestión del servicio municipal de agua potable en el Ayutamiento de Orihuela, la gestión del saneamiento del municipio y el servicio de evacuación de aguas residuales. El Juzgado número 3 de Orihuela, tras las investigaciones pertinentes ha comunicado a la formación municipal de Cambiemos el archivo de la causa de forma provisional al no haberse dado la declaración de ningún sujeto como investigado y no habiéndose dirigido el procedimiento, todavía, contra persona alguna.
A mediados de 2018, el juzgado abrió las diligencias pertinentes para investigar los contratos de la gestión del agua entre el Ayuntamiento y la mercantil Hidraqua y donde se cuestionaba la legalidad en las distintas prórrogas que ha experimentado el contrato. Al ser calificado como una instrucción "compleja", el tiempo determinado para la investigación pasaba de 6 a 18 meses. Este plazo se ha cumplido por lo que el juzgado ha decretado un sobreseimiento provisional.
En el transcurso de las investigaciones se le requirió al Ayuntamiento las copias del expediente de contrato para la gestión de los servicios de agua potable, saneamiento y evacuación de aguas residuales municipales, así como la liquidación del canon, desde 2008 hasta el último año liquidado, que la adjudicataria debía satisfacer por la concesión de estos servicios.
En un comunicado emitido por Cambiemos Orihuela señala el motivo por el desenlace de esta invetigación. Resaltan "la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la famosa Ley "Berlusconi" promovida por el PP y calificada por Jueces para la Democracia como "Ley de punto y final". Este artículo es el que explica el archivo de la causa, dado que impone plazos estrictos que dificultan y acortan el tiempo de la investigación y, por tanto, impide investigar causas complejas como ésta".
La privatización de la gestión del agua en Orihuela se remonta a hace más de 30 años, a 1988, cuando se le adjudicó a Aguagest -renombrada Hidraqua en 2013. El contrato se firmó por un periodo de 20 años. En 2001, siete años antes de la expiración de éste, se concedió la primera prórroga de diez años, hasta 2018. Solo se tardó tres años cuando en 2004 se llevó a cabo la segunda prórroga, pero en esta ocasión para un periodo de 20 años, es decir, hasta 2038. "Lo más curioso es que el pliego dice que las prórrogas pueden ser de 10 años y lo hicieron de 20, es una irregularidad muy descarada" señalaba Carlos Bernabé, concejal de Cambiemos Orihuela.
Para Bernabé esto es una forma de "proteger el interés de Hidraqua, porque si haces prórrogas como esta, estás blindando a la empresa, le estás regalando el contrato sin tener que salir a un espacio competitivo". Para el portavoz de Cambiemos con esta situación ha ido vulnerando las propias condiciones del contrato original que era ventajoso para la empresa de tal manera que se está blindando los beneficios y el control del negocio".
Estas prórrogas se aprobaron, en vez de por Junta de Gobierno, por Comisión, el 2 de julio de 2001. La primera cláusula del convenio establecía definir y regular las condiciones de adjudicación, financiación y abono de las obras incluidas en el proyecto denomiando abastecimiento de agua potable a la zona costera de Orihuela por un importe de ejecución por más de mil millones de las antiguas pesetas -más de siete millones de euros. La prórroga se establecía del 11 de noviembrre de 2008 al mismo día de 2018. Pero en mayo de 2004, el Ayuntamiento y a Aguagest suscribieron un nuevo convenio para la ejecución y financiación de proyectos de mejora de las infraestructuras hidráulicas a determinadas pedanías y núcleos urbanos de Orihuela por casi seis millones de euros, por un plazo que expiraría en 2038.
Dada esta situación la Junta Superior de Contratación Administrativa emitió un informe en diciembre en el que concluía que los contratos quedaban extinguidos en la fecha de expiración de su plazo inicial, por lo que no considera que estas prórrogas estén conforme a derecho. Esto lo justifica argumentando que en esas prórrogas se han dado modificaciones sustanciales de los contratos y que incluyen nuevas prestaciones prescindiendo de los procedimientos legales para aplicar dicha contratación. "Las dos prórrogas son ilegales e Hidraqua está fuera de contrato desde hace más de diez años" manifestaba Bernabé.
