El empresario Enrique Ortiz. Foto: APALICANTE. Balón de oxígeno para el controvertido constructor Enrique Ortiz y para las sociedades de su imperio empresarial. Uno de los juzgados de primera instancia que había activado el procedimiento de embargo de los ingresos obtenidos por una de sus mercantiles, Ortiz e Hijos, comunicó el pasado martes al Ayuntamiento de Alicante el levantamiento de esa orden de incautación de los pagos municipales por la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias públicas.
Según las fuentes consultadas, el juzgado habría admitido el recurso presentado por la representación legal de Ortiz contra la resolución anterior, por la que se acordaba la retención de los ingresos de las empresas del promotor en beneficio del Banco Sabadell. Como publicó Alicante Plaza, la entidad catalana que absorbió a la extinta CAM ha presentado más de una decena de demandas ejecutivas por el impago de los créditos concedidos en su día a Urbanika: una de las sociedades de Ortiz creada orginalmente para desarrollar el Plan Rabasa. Sabadell y Ortiz habían iniciado un proceso de negociación para saldar vencimientos impagados de esos créditos, por un importe total de 140 millones, que Urbanika destinó en gran parte para adquirir suelo.
Sin embargo, el desacuerdo sobre la tasación de esos terrenos y de otras propiedades inmobiliarias en manos de Ortiz habrían llevado al banco a tratar de defender sus posiciones en los juzgados. De ese proceso se han derivado más de una decena de demandas que, en parte, han derivado en órdenes de embargo sobre otros bienes e ingresos de las empresas de Ortiz. Al menos, la primera de ellas sería la que se acaba de levantar ahora, según han confirmado este jueves fuentes municipales.
Ortiz e Hijos ingresa unos 750.000 euros mensuales por la prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales y por el mantenimiento del cementerio. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante acaba de aprobar el pliego para licitar el primero de esos contratos, que ahora sigue vencido después de 20 meses de que se extinguiese su duración. El segundo contrato, sobre el camposanto, también está vencido y sigue en trámite de licitación.
