La antigua nave de Mariel en Ibi, en una imagen de archivo. Foto: IBINOTICIASALICANTE. El juzgado de lo Mercantil ha decretado la extinción de la empresa ibense Panadería Mariel, una firma con tres décadas de historia dedicada a la fabricación y distribución de pan y artículos de bollería, que además de una nave idustrial en el valle del juguete contaba con una red de establecimientos de venta al público en varias localidades de la comarca. El Boletín Oficial del Estado publicó la semana pasada el decreto de extinción, una vez aprobado el último informe de la administración concursal sobre la liquidación de sus activos.
Panadería Mariel, fundada en 1985, empezó a atravesar serios problemas a comienzos de la década, como consecuencia de la caída de las ventas por la crisis, el aumento de la deuda y la acumulación de impagos. Antes de entrar en concurso, en 2014, la familia fundadora vendió la empresa a un grupo de origen catalán, a través de una empresa domiciliada en València cuyo administrador único aparece vinculado al fraude de las elétricas denunciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2013.
El último propietario (y administador) de Panadería Mariel fue la firma Eurolevantina Emprendedores, cuyo administrador es Ignacio Freixedas Pascual. Un nombre que aparece vinculado como administrador (único o mancomunado) de una docena de empresas en la actualidad, y que lo ha sido de otras nueve. Varias de las empresas en las que Freixedas Pascual figura como administrador aparecen en el informe de la CNMC sobre el citado fraude. Detectado en 2013, el fraude consistía en que varias pequeñas comercializadoras con vínculos entre sí (en muchas de las cuales aparecía el nombre de Freixedas) vendían a los clientes finales una energía que no habían llegado a adquirir en el mercado. El informe cifraba el agujero generado por estas prácticas en 7 millones de euros, que tuvieron que cubrir el resto de operadores.
En 2014, la empresa administrada por Freixedas se hizo con Panadería Mariel, cuando la antigua propiedad ya acumulaba algunos impagos con la plantilla, según denunciaron los sindicatos entonces. A finales de 2014, los empleados pararon la producción al acumular tres meses de impagos. Algunos alertaton entonces de que los nuevos propietarios no tenían otra intención que liquidar la firma tras obtener el máximo beneficio posible (hay una plataforma de afetados de este grupo, especialista en comprar empresas en dificultades). Fuentes municipales confirman a Alicante Plaza que la operación de compra se llevó a cabo en 2014, pero que la empresa nunca llegó a remontar. En junio de 2015 los nuevos dueños presentaron el concurso con petición de liquidación, y los impagos a la plantilla se agravaron. Ese verano, tras 18 despidos, los empleados se declararon en huelga indefinida. La actividad de la empresa acabó ese mismo ejercicio.
