ALICANTE. El jefe de Servicio de Contabilidad y Control Financiero de la Diputación de Alicante mantiene un litigio contra la institución en la que trabaja por haber creado un cargo de viceinterventor y "haberla relevado de sus funciones tras 16 años en el cargo", según la denuncia que ha presentado por la vía contencioso-administrativa. El responsable de esa área considera que la maniobra, llevada a cabo por el área de Hacienda que dirige el diputado Alejandro Morant, "es una desviación de poder con el objetivo de suprimir el puesto, la misión y las funciones de control financiero y auditoría que venía desempeñando. La afectada considera que el cambio adoptado se ha realizado "modificando de formo contraria al procedimiento legalmente establecido, a la ley y al derecho". Morant corrobora que hubo cambios en la estructura de Intervención, pero justifica que se hizo por las instrucciones de la Administración General del Estado para que se hiciera con medios propios, y no externalizándolo en auditorías realizadas por empresas, como se hacía hasta ahora. Morant recuerda que la decisión se tomó con todos los informes a favor y el respaldo de todos los sindicatos de la corporación provincial
La denuncia se presentó el pasado mes de marzo, pero recientemente se ha producido declaraciones y la cuestión está a la espera de la sentencia. El denunciante alega que se ha llevado acabo una "arbitraria modificación de la estructura del área de Intervención por el cargo político de forma expresa", que "suprime su puesto de trabajo y sus funciones de control financiero y auditoría del área de Intervención. "Hay desviación de poder, pues su puesto de trabajo como jefa de servicio se ve modificado sin que elo tenga reflejo alguno a través de la Relación de Puestos de Trabajo, que hubiese sido el procedimiento legal a seguir", relata la impugnación presentada.
Añade el denunciante que "el cargo político, con este procedimiento contrario a la Ley, materializa su verdadero objetivo, escapar al control financiero y legal a auditorías de su gestión, con la creación de un nuevo organigrama, más dócil al poder ejecutivo, justo persiguiendo pervertir la regulación y control que determina la norma". Con anterioridad a la denuncia, el jefa de servicio de Control Financiero y Auditoría presentó un escrito al presidente de la Diputación, César Sánchez, en el que solicitaba que finalizaran los rumores, hostilidad y falsedades vertida su persona. Según la denuncia, el escrito nunca fue contestado.
También aporta como prueba un escrito que el propio diputado de Hacienda, Alejandro Morant, remitió a todos los funcionarios del área del Intervención, en el que explica el cambio producido en el organigrama con la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, creando una nueva figura de jefe de servicio de responsable de control financiero. En esa carta, Morant pide a todos los funcionarios "colaboración entre de las diferentes jefaturas, buen trato cordialidad y trabajo". Y añade que "no consentiré que nadie perturbe el clima normal de trabajo y de colaboración que debe existir". En opinión del denunciante, "el escrito tiene tintes coactivos" y además acredita la "arbitraria modificación de la estructura, con creación de una nueva jefatura y que ello obedece "a una decisión política, que no discrecional, más bien arbitraria, de evitar tener que pasar por el control financiero y auditoría que desempeñaba la funcionaria relevada desde hace 16 años".
Por último, el funcionario apartado se queja de que el cambio en la RPT se hizo "sin darle trámite de audiencia y sus condiciones y misión de trabajo se le comunicaron 33 días después de la publicación del cambio en el boletín oficial de la provincia". Insiste que ese cambio "se enmascaró para evitar la impugnación" y que se trata de un "posible ejemplo de mobbing o acoso laboral en el trabajo".
También alega que existen han existido tres jefaturas de servicio en el área de Intervención de la Diputación y que con los cambios introducidos por Morant, aparecen cuatro jefaturas de servicio, lo que, en su opinión, lo que "se hace es duplicar servicios, aumentar costes y cambios, lo que va en contra del ordenamiento jurídico", con el "objetivo de anular el puesto y las funciones de la denunciante".