ALICANTE. La subasta relacionada con el Hércules que este martes el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) declaraba desierta no comportaba un cambio de dueño del club, a diferencia de la que convocó hace un año el banco del Consell en relación con el Elche y que, por cierto, tampoco se culminó aunque por razones distintas.
Y lo anterior, pese a que en el origen de ambas estaba la deuda contraída por las Fundaciones de ambos clubes con el IVF, tras ejecutar el Banco Sabadell y Caixa Bank los avales públicos que el brazo económico del Consell les concedió en 2010 a la del Hércules y en 2011 a la del Elche, después de que no pagaran los préstamos que recibieron gracias a ellos y que les sirvieron para convertirse en las máximas accionistas de sus respectivos clubes.
Mientras que, en el caso del Elche, hace un año el IVF subastó el 54% de su capital social que estaba (y sigue estándolo) en manos de la Fundación, en el del Hércules, el pasado 31 de julio solo salía a subasta (y lo volverá a hacer en la segunda que se dispone a convocar el IVF, con rebaja del 15% en el precio de salida) un 15,07% del capital social del club blanquiazul y un derecho de crédito del banco del Consell contra la Fundación de 15,4 millones de importe, en virtud de cuyo impago está embargada la mayoría accionarial del club blanquiazul, un paquete que representa el 72,69% de su capital social, pero que en ningún caso hubiese cambiado de manos de haber habido algún adjudicatario en la subasta (y así será en la segunda también), ya que el ganador ha de lograr posteriormente ejecutar el embargo, es decir, que, tras la subasta y a diferencia de lo que hubiese ocurrido en Elche (la subasta fue suspendida), la Fundación seguiría (y seguirá) siendo la propietaria del club.
¿Por qué no puede subastar el IVF esas acciones propiedad de la Fundación en Alicante y sí hacerlo en Elche?
La explicación reside en que, a diferencia de lo ocurrido en Elche, en Alicante no se pignoraron las acciones que la Fundación del Hércules obtenía con el préstamo avalado por el IVF, sino que se optó por contraavalar la operación obligando a Aligestión Integral, entonces propietaria del Rico Pérez, a ser fiadora de la Fundación, de tal forma que, si esta no pagaba el préstamo de 18 millones de euros que le concedía la Caja de Ahorros del Mediterráneo (luego Banco Sabadell) y esta ejecutaba el aval (lo que precisamente ocurrió), el banco del Consell podía reclamar el pago de la citada deuda millonaria a la Fundación y a Aligestión, como así fue.
Por cierto, como consecuencia de esta reclamación, la citada sociedad ha terminado en liquidación, tras discutir al IVF hasta ante el Tribunal Supremo su condición de fiadora, primero, y solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores, después.
Foto: Juan Carlos Soler