Vista del muelle 9, en el que se proyecta la construcción del centro de eventos. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La propuesta promovida (por el momento) por el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación Provincial para construir un centro de congresos en terrenos del Puerto de Alicante tendrá que recabar las autorizaciones del Gobierno y de la Generalitat. Tanto el Ministerio de Transportes (antes Fomento) como la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas tendrán que avalar las modificaciones urbanísticas que resultan necesarias para que el edificio de uso turístico pueda asentarse entre los muelles 9 y 7, junto a otro edificio anexo destinado a convertirse en centro de operaciones de Suma (el organismo tributario de la institución provincial).
De hecho, en la propia manifestación de interés que el alcalde, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, registraron este viernes en el Puerto, se solicitaba a la Autoridad Portuaria que iniciase en el menor plazo posible el proceso para abordar esos ajustes urbanísticos, como avanzó Alicante Plaza. Se trata, en concreto, de la modificación de la DEUP (Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios) y de la revisión del Plan Especial del Puerto. Y ninguno de esos cambios será precisamente inmediato. Como mínimo, cada una de ellas podría conllevar una tramitación de entre seis meses y un año.
En ambos casos, el expediente para abordar ambos cambios debe partir de una orden dictada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, de la que, después, se dará cuenta en el seno del consejo de administración. Eso sí, para que se dicte esa orden, debe quedar motivada en un protocolo de actuaciones con las entidades promotoras capaz de justificar el impulso de esos cambios. En principio, ese protocolo debe definirse en las próximas semanas.
En el momento en el que exista esa orden, los técnicos del Puerto comenzarán a trabajar en la modificación de las DEUP, de modo que el emplazamiento previsto para la construcción de los dos edificios -una pastilla de suelo de 16.000 metros cuadrados- tenga la consideración de zona reservada para usos relacionados con la integración puerto-ciudad: es decir, la misma consideración que ya tienen otros espacios como la conocida como Zona Volvo, en el dique de Levante, la zona de ocio y restauración del propio Paseo de Levante o el entorno del edificio de Panoramis, ahora reconvertido en centro de empresas. Ese ajuste de las DEUP será el que tendrá que quedar avalado por el Ministerio de Transportes.
La tramitación de los cambios para dar encaje a los dos edificios conllevará un plazo mínimo de entre seis meses y un año
Una vez iniciada la revisión de las DEUP, los técnicos del Puerto también deberán iniciar la modificación del Plan Especial del Puerto con el mismo objetivo: dar encaje administrativo a los dos edificios propuestos. Y, en ese caso, será la Generalitat, a través del departamento de Política Territorial, quien deba darle validez, una vez realizados los informes sectoriales requeridos. Eso sí, para que pueda abordarse la modificación del Plan Especial, ya se deberá contar con una propuesta constructiva concreta. Es decir, se tendrá que conocer qué superficie ocuparía cada uno de los dos edificios y de qué alturas dispondrían, entre otros puntos.
Sea como fuere, fuentes consultadas indicaron que la intención de la Autoridad Portuaria es "dedicar el esfuerzo que sea necesario" para promover esas modificaciones urbanísticas, tras considerar que la iniciativa planteada por el Ayuntamiento y la Diputación "es un proyecto importante para la ciudad de Alicante".
Con esos dos cambios aprobados, el consejo de administración del Puerto deberá aprobar la concesión de uso administrativo de la explanada de ambos muelles destinados a acoger la construcción de ambos inmuebles por un tiempo máximo de 30 años, que debería quedar renovado en el futuro. Todo, a cambio del canon de explotación que se concrete en ese momento, como sucede con el resto de concesiones existentes en la actualidad en el recinto portuario.
En principio, la previsión con la que trabajan Ayuntamiento y Diputación es que el proceso administrativo preparatorio pueda quedar completado en 2023, de modo que las obras puedan licitarse o incluso iniciarse antes de que concluya el mandato actual, como también había informado este diario.
