ALICANTE. El Gobierno es consciente del roto que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 le hacen a la provincia de Alicante; última un gesto -todavía sin desvelar-, en colaboración con la Generalitat Valenciana, pero nadie sabe si todo eso servirá para que los empresarios -CEV, Cámara e Ineca- se den por satisfechos y renuncien a la movilizaciones.
Eso es lo que se puede interpretar del encuentro entre el ministerio de Exteriores, José Manuel Albares, y la representación empresarial, este martes, en la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Los empresarios también han dejado claro que tampoco les vale un alud de cifras sobre el papel, ni siquiera con la ayuda de la Generalitat Valenciana. Los representantes de CEV, Cámara e Ineca quieren compromisos concretos; que se vea que determinados proyectos, que consideran estratégicos, avanzan con el paso de los años.
Parte de esa compresión y del gesto lo ha verbalizado este lunes el titular de Asuntos Exteriores, pero lo ha dejado en manos de la Delegación del Gobierno, que es quien trabaja en este asunto; ha visto los errores que tiene el anteproyecto de los PGE -con cifras asignadas a la provincia de Valencia, pero que corresponden a las de Alicante- y posiblemente presente un documento más ajustado a las inversiones reales, y además, complementado con el de la Generalitat Valenciana, y el fondo extra de los 300 millones correspondiente al 2022, y cuyo convenio todavía no ha se ha firmado. Después está el margen de las enmiendas, que también pueden incrementar partidas o rescatar proyectos con líneas presupuestarias simbólicas, fruto de las negociación entre los grupos políticos en el Congreso de los Diputados.
El presidente de la CEV, Salvador Pérez, ha aprovechado el encuentro para trasladar el "malestar" del empresariado y de la sociedad civil de la provincia respecto a las inversiones del Estado para la provincia de Alicante contempladas en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2023. Ha incidido, como vienen denunciando, en la "grave discriminación" que sufre la provincia desde hace 15 años y ha explicado al ministro el plan de acción consensuado por la CEV, la Cámara de Comercio de Alicante y el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) para revertir la situación.
Al respecto, tanto Albares como la la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, han afirmado que el Gobierno de España tiene presente la necesidad de reajustar las inversiones. "En las dos últimas semanas hemos mantenido encuentros con diversos agentes sociales para conocer de primera mano las necesidades de la sociedad alicantina", ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, quien también ha puesto en valor "la voluntad de diálogo y escucha del empresariado de Alicante".
Con todo, el encuentro de este lunes estaba más centrado en el problema con Argelia, que también afecta a las empresas valencianas, sobre todo del sector azulejero de Castellón (la provincia de Alicante tiene un negocio de unos 150 millones de euros anuales con el país magrebí), y el malestar con los PGE 2023 (y en general, con los de los últimos quince años) ocupó poco tiempo de la reunión. Eso sí, Albares trasladó a los empresarios que el Gobierno ha tomado nota de dicho malestar, que asumen el error, y que este martes se abordaría la cuestión en el Consejo de Ministros (aunque no dijo en qué sentido).
En principio la solución parece ser reasignar algunas partidas que realmente iban a impactar a Alicante, destinar gran parte del 'fondo extra' a la provincia, y estar abierto a unas enmiendas de adición que canalizarían sobre todo los diputados socialistas valencianos y el de Compromís. El gran 'pero' es que CEV, Cámara e Ineca no quieren depender de ese fondo extra que gestionará la Generalitat, ni 'quitarle' su parte a València y Castellón, aunque estén mejor tratadas en los PGE, sino reequilibrar la inversión estatal en una provincia que lleva quince años olvidada.
De momento, el próximo viernes se producirá la reunión de la Plataforma pel Finançament para intentar que de cobertura a la convocatoria de una manifestación para protestar por el trato del Gobierno a la provincia, de forma que los sindicatos se sumen. Pero la hoja de ruta de la CEV y la Cámara está clara, y si la solución se limita al fondo extra, el calendario de protestas seguirá adelante con o sin la Plataforma.
