Las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial, Meritxell Batet. EFE/MariscalVALÈNCIA. Ni cambiándole el nombre. El Gobierno de Pedro Sánchez, como reiteradamente hizo el de Mariano Rajoy, rechazó este martes la petición del Gobierno valenciano de un límite de déficit asimétrico entre las Comunidades Autónomas para 2019. El objetivo es que las CCAA que parten de una peor situación debido a su peor financiación del Estado, como la valenciana, no tengan que hacer mayor esfuerzo que las mejor financiadas.
Fue en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde están representados del Gobierno y las CCAA de régimen común. La delegación valenciana encabezada por el conseller Vicent Soler evitó la palabra "asimetrico", que provoca rechazo en el resto de CCAA desde que en 2013 se aprobó por primera y única vez la medida. En su lugar, usó el término "déficits individualizados", pero no coló.
Fue el secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio, Diego Martínez, quien explicó que no es técnicamente posible establecer diferentes déficits, una vez fijado el 0,1% para todas en 2019. Esto, unido a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio por perdida la posibilidad de elevar el límite al 0,3%, tras el 'no' del Congreso y el anunciado 'no' del PP en el Senado en caso de que el Congreso lo aprobase en la segunda votación de septiembre, dejan a la Comunitat Valenciana con un déficit autorizado de unos 109 millones de euros para el año que viene.
Eso sí, la Generalitat tendrá 367 millones de euros más para gastar, y no de déficit -es decir, deuda- sino de ingresos reales, ya que el Ministerio de Hacienda dio a conocer en el CPFF las transferencias que realizará en 2019 a las CCAA tanto en anticipos de la recaudación de 2019 como en liquidación del presupuesto de 2017.
Lo que sí logró la delegación valenciana en el CPFF, formada por Soler, Clara Ferrando, María José Mira y Eva Martínez, fue la aprobación de su Plan Económico-Financiero (PEF) 2018-2019, a pesar de que en el nuevo documento no incorpora la principal petición que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) efectuó al primer documento, como es preceptivo.
Sobre ese documento, al Airef recomendó que se incorporara en el PEF información detallada sobre las liquidaciones de ejercicios anteriores esperadas de concesiones sanitarias, por importe de 300 millones, "indicando en cada caso la situación actual del expediente, la tramitación pendiente, la cuantía de la liquidación realizada y esperada y el calendario previsto de cada actuación para la realización efectiva de los ingresos". Nada de esto aparece en el PEF, que sigue recogiendo los 300 millones de euros de ingresos por la liquidaciones de las concesionarias, sin más explicación.
Según dijo la Airef, "la factibilidad del cumplimiento del objetivo de estabilidad en la Comunitat Valenciana parece condicionada a la realización efectiva" de esos ingresos extraordinarios. Afirma la Generalitat en el PEF corregido que "la Comunitat Valenciana ha seguido en la medida de lo posible las recomendaciones de la Airef", pero debe de referirse a la segunda petición de este organismo, la revisión del escenario y las medidas previstas para 2019, especialmente en materia de gastos.
La ministra Montero también anunció en el CPFF que en septiembre comenzarán los trabajos políticos para reformar la financiación autonómica. Para ello, se creará un grupo de trabajo que será el tercero que tratará este asunto, después de la Comisión de Expertos que en 2017 realizó un informe por encargo de la Conferencia de Presidentes y el Comité Técnico Permanente que durante seis meses completó los trabajos técnicos, completados a falta de una propuesta del Gobierno que Cristóbal Montoro demoró hasta que el PP perdió el Gobierno.
Su sucesora, Montero pidió este martes a los responsables autonómicos celeridad para que nombren a los expertos que vayan a formar parte del grupo de trabajo que a partir de septiembre elaborará el nuevo modelo de financiación autonómica.
En la rueda de prensa posterior al CPFF, la ministra consideró importante que esas personas tengan capacidad para "avanzar" en la toma de posiciones y no solo que expresen su opinión en ese foro.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
