La edil de Empleo, Sonia Tirado (Compromís), junto al arquitecto municipal Manuel Beltrán y el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), en una reunión sobre el catálogo, en imagen de archivo.ALICANTE. Pacto cerrado. Los tres partidos que comparten responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Guanyar y Compromís, han resuelto las diferencias de criterio que les separaban en torno al catálogo de protecciones: un documento que servirá de punto de partida para la redacción del nuevo Plan General Estructural.
Los tres socios mostraron sus diferencias sobre el catálogo cuando se elevó al dictamen del consejo de sostenibilidad, a principios de marzo: Guanyar (responsable de la propuesta coordinada desde la Concejalía de Urbanismo) votó a favor; Compromís le dio un sí condicionado a la creación de más suelo industrial; y el PSOE se abstuvo.
Los socialistas, los más reticentes a avalar el documento, llegaron a presentar tres alegaciones que consideraron irrenunciables como condición para votar a favor: la desprotección de suelo en el entorno de los polígonos de Las Atalayas y Pla de la Vallonga; la previsión de desarrollos residenciales en el área de La Condomina; y la modificación del sistema de compensaciones propuesto para los edificios protegidos a los que se les negaba la posibilidad de ganar alturas.
El PSOE llegó a abstenerse en el consejo de sostenibilidad y supeditó su apoyo al documento a que se aceptasen tres correcciones
Desde entonces, los tres partidos han mantenido diversas reuniones de contenido político y técnico en las que, según las fuentes consultadas, se han limado diferencias, se ha compartido información y se han incorporado modificaciones con el asesoramiento de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo. Y, de un modo u otro, aunque hasta ahora no han trascendido los detalles, las tres alegaciones del PSOE han quedado resueltas: se ha constatado que existe suelo para posibles ampliaciones de los polígonos; se ha concertado que sí habrá espacio para la promoción de viviendas en el sector de La Condomina-Torres de la Huerta (al margen de las dimensiones de los proyectos que se habían llegado a plantear en el pasado), y se ha evitado el reconocimiento de un derecho general a recibir compensaciones para los dueños de edificios protegidos, como se había solicitado.
Las mismas fuentes apuntaron que el documento ya sólo depende de que se concluya el trabajo técnico de la resolución de alegaciones -tras la exposición al público de su segunda versión- para que pueda aprobarse con el respaldo de los tres partidos en la Junta de Gobierno cuanto antes. Entre esas alegaciones figuran las registradas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en las que, entre otros puntos, exigía que se retirase la protección sobre el edificio de la estación para no interferir en la segunda fase del nuevo acceso ferroviario a la ciudad y en la construcción de la intermodal. Se desconoce si alguna de sus objeciones ha sido tenida en cuenta.
Hasta este miércoles se especulaba con la posibilidad de que la propuesta refundida del catálogo se elevase a su consideración en la reunión de ese órgano de este mismo jueves, ya que la intención de la Concejalía de Urbanismo era debatir la propuesta en el pleno de este mes de abril.
No obstante, el tripartito en situación de minoría (formado por 14 concejales en una corporación de 29) puede encontrarse ahora ante otro escollo imprevisible: el voto de los dos concejales no adscritos, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre. Sin su apoyo o abstención, es probable que la propuesta quede rechazada, ya que PP y C's votaron en contra en el consejo de sostenibilidad.
