La edil de Empleo, Sonia Tirado (Compromís), junto al arquitecto municipal, Manuel Beltrá, y el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar). Foto: AP
26/03/2017 -
ALICANTE. Se vislumbra un posible pacto (o más bien otro), gestado en paralelo a la negociación sobre los presupuestos (aunque sin relación con ellos). Los tres socios del tripartito de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) han mantenido diversas reuniones a lo largo de las dos últimas semanas para tratar de conciliar posturas sobre la propuesta definitiva del catálogo de protecciones.
El documento que servirá de base para la redacción del nuevo Plan General viene propiciando diferencias internas a lo largo del último mes y medio. Tanto que el PSOE se abstuvo en señal de desagrado cuando la Concejalía de Urbanismo que dirige el vicealcalde y líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, elevó a consultas su versión revisada (después de una segunda exposición al público) ante el Consejo Local de Sostenibilidad. Compromís, por su parte, emitió un voto favorable, pero condicionado a que se garantizase la existencia de suelo industrial en el entorno de los polígonos de Las Atalayas y del Pla de la Vallonga.
El grupo socialista, además, ha llegado a presentar tres alegaciones centrales que ha llegado a considerar irrenunciables: una sobre la compensación por el derecho de vuelo de los edificios protegidos, otra para descatalogar suelo en el entorno de los polígonos (en la línea marcada por Compromís) y otra para dar cabida a la promoción de viviendas en La Condomina frente a su tratamiento como parque agrícola y cultural, que el PSOE interpreta como un supuesto blindaje.
La posición del PSOE es firme. Es más, ha venido sosteniendo hasta ahora que, de no aceptarse sus correcciones, no permitirá que la propuesta prospere cuando se eleve a pleno (todo apunta que será en el del mes de abril). Esa sería, ahora, la clave de la cuestión: al menos una de esas tres alegaciones, la que tiene que ver con el reconocimiento de un derecho de compensación a para los propietarios de edificios protegidos, parece haber surtido efecto.
Fuentes municipales precisaron que, a la vista de esa alegación, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo han constatado que su previsión inicial reflejada en el documento puede causar desajustes y que puede ser matizada o mejorada. De hecho, según las mismas fuentes, ya se está trabajando en ello para plantear una nueva fórmula que aporte seguridad jurídica y no dispare los costes de las hipotéticas compensaciones, como considera que podría suceder la alegación del PSOE.
Los técnicos de Urbanismo están reelaborando su propuesta de compensación por los derechos de vuelo a los propietarios de inmuebles protegidos que no se permitirá elevar con más pisos
¿En qué consiste esa fórmula de compensación? El objetivo del catálogo es garantizar la protección del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de modo que no se permita ampliar alturas (pisos) en el listado de edificios que se propone preservar por sus especiales características. En realidad, la denegación de ese posible crecimiento supone en muchos casos ir en contra de lo que permite el Plan General vigente.
De ahí que el catálogo proponga una especie de indemnización o compra de esos derechos de vuelo (de construcción de más pisos, en definitiva) con la entrega de derechos de edificabilidad (parcelas para construir) en otros suelos de propiedad municipal (el conocido como patrimonio municipal de suelo). Esas parcelas que servirían como moneda de pago se extraerían de la bolsa de aprovechamientos que le corresponde al Ayuntamiento en el desarrollo de nuevos planes parciales: un 10% del total, que debe destinarse a fines sociales o al incremento de ese patrimonio municipal.
El edificio que fue sede del antiguo Gobierno Militar, tras su reforma y elevación, en la avenida de la Constitución.
Con esa fórmula, en definitiva, se trataba de preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad y evitar episodios que estuvieron rodeados de polémica como la ampliación de alturas que se autorizó en inmuebles como el que sirvió de sede del antiguo Gobierno Militar, en plena avenida de la Constitución, junto a otros dos edificios emblemáticos: el antiguo Cine Ideal y la Casa de Socorro. El Ayuntamiento autorizó hace cerca de una década su reforma y elevación (con al menos dos plantas más), lo que desencadenó una oleada de críticas desde diferentes sectores políticos y sociales al considerar que se había desvirtuado por completo.
Sea como fuere, al revisar el contenido del catálogo, el PSOE puso el grito en el cielo y consideró que el reconocimiento de ese derecho de vuelo de modo generalizado podía suponer la quiebra del Ayuntamiento al amparar una cascada de reclamaciones. Por ello, en sus alegaciones planteaba que no se incorporase ese reconocimiento expreso y que, en todo caso, se estudiase caso por caso qué solución cabía dar a cada supuesto, con valoraciones pormenorizadas que justificasen, primero, por qué había que proteger cada uno de los inmuebles que se plantea preservar y, en todo caso, a cuánto debería ascender una posible compensación por su hipotético derecho de vuelo.
Los técnicos de la Concejalía de Urbanismo (que, en realidad, son los que elaboraron el catálogo) están revisando su planteamiento inicial para perfeccionarlo. Y hasta el edil del área, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), considera que podría ser positivo que se matizase esa propuesta.
La edil de Empleo, Sonia Tirado (Compromís), junto al arquitecto municipal, Manuel Beltrá, y el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar). Foto: AP