MADRID (EFE). El Gobierno confía en que el Congreso respalde el próximo jueves el decreto ley con su plan de choque económico frente a la guerra en Ucrania, en vigor desde el 1 de abril, que incluye la bonificación de al menos 0,20 céntimos por litro de carburante y la limitación al 2 % de la revisión de los alquileres. Fuentes del grupo socialista han asegurado a EFE que están en contacto con los grupos parlamentarios para cerrar los apoyos y que confían en que la norma se apruebe tal y como está planteada, aunque "si hay que tomar más medidas en un futuro se tomarán".
Para el Gobierno, tramitar este decreto como proyecto de ley no es viable teniendo en cuenta que la vigencia del plan llega en principio solo hasta el 30 de junio. El PP aún no ha revelado el sentido de su voto, a la espera de poder tratar con el Ejecutivo las medidas de su plan alternativo, con un coste estimado de hasta 14.500 millones, que incluye rebajas del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros anuales y que el viernes por la mañana aún estaba puliendo.
El principal partido de la oposición cree que el Gobierno no se puede negar a adoptar alguna de sus medidas porque la buena evolución de la recaudación tributaria deja margen para hacerlo, mientras que los socialistas ven difícil explicar que los grupos no voten a favor de un plan gubernamental que ya está beneficiando a los ciudadanos y que permitirá controlar la inflación.
El descontrol de los precios de la energía a consecuencia de la guerra ha disparado el índice de precios de consumo (IPC) en marzo al 9,8 % interanual, la mayor tasa desde 1985. Esta situación ha llevado al Gobierno a prorrogar la rebaja de impuestos en la factura de la luz que ya estaba vigente desde hacía unos meses, a bonificar los carburantes, a extender el bono social eléctrico a más familias y a reducir un 90 % los llamados beneficios "caídos del cielo" a las eléctricas en los contratos nuevos o a renovar en los que se supera el umbral de los 67 euros/megavatio hora (MWh).
No obstante, la medida que se espera que tenga un mayor impacto sobre la factura de la electricidad (la limitación temporal del precio del gas en el mercado mayorista diario de la península ibérica) aún está a expensas de ser aprobada por la Comisión Europea. Además, el decreto impide incrementar la factura del gas en más de un 5 % por trimestre para quienes tienen contratada la tarifa regulada, aumenta un 15 % la cuantía del ingreso mínimo vital (IMV) y prevé ayudas directas de 500 millones para la industria gran consumidora de energía, de 450 millones para el transporte de mercancías y pasajeros, de 362 millones para la agricultura y de 68 millones para el sector pesquero.
En total, son 6.000 millones en ayudas y subvenciones directas, a los que se suman los 10.000 millones de la nueva línea de avales de créditos por parte del ICO para necesidades de liquidez por el encarecimiento de la energía. Tampoco pueden recurrir al despido objetivo con indemnización de 20 días por año trabajado aquellas empresas que se benefician de las ayudas directas previstas en el decreto ni las que se acojan a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con bonificaciones en las cotizaciones.
