Un momento de la concentración de protesta organizada por los empleados de Acción Social.ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por PP y Cs, y al menos tres de los grupos de la oposición, PSOE, Unides Podem y Compromís, han coincidido en reclamar, este miércoles, acciones que permitan garantizar la continuidad de los 80 trabajadores adscritos al departamento de Acción Social, que verán extinguidos sus contratos de trabajo el próximo 31 de diciembre, como ya sucedió en 2019, tras la caducidad de las contrataciones financiadas por la Generalitat. Eso sí, las reivindicaciones del bipartito y de la oposición se han manifestado en posiciones distintas, pese a que podría vislumbrarse un principio de acercamiento entre la Concejalía de Acción Social y los representantes del Consell sobre esta materia.
Así, en primer término, la concejala de Asuntos Sociales, Julia Llopis, ha mantenido este miércoles un encuentro telemático con responsables de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, en el que ha expresado su "preocupación por la situación de los 80 empleados de la Generalitat Valenciana asignados al Ayuntamiento de Alicante para la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión", que acaban contrato a 31 de diciembre. En esta línea, Llopis ha advertido del "parón de su tramitación con el consiguiente perjuicio para las familias vulnerables que la solicitan", según han informado fuentes municipales, a través de un comunicado.
La edil ha advertido que "hasta que no se aprueben los presupuestos autonómicos y entre en vigor el Contrato Programa 2021-2024, el servicio, que es una competencia de la Generalitat, quedará reducido al finalizar el año a los empleados municipales y ello podría acarrear un aumento de las listas de espera con el consiguiente perjuicio para las familias más vulnerables". La edil ha reconocido la buena disposición de los responsables autonómicos en la agilización y puesta en marcha del contrato programa, con el fin de garantizar la continuidad de los trabajadores sociales y demás empleados autonómicos y garantizar la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión con el nuevo sistema de forma más igualitaria para todos los ayuntamientos de la Comunidad.
No obstante, según han apuntado fuentes municipales, todo parece indicar que "no podrá estar operativo el 1 de enero y por consiguiente habrá que prescindir de los trabajadores hasta que puedan volver a ser contratados cuando exista consignación presupuestaria por parte de la Generalitat para este fin", según añade el comunicado.
Las mismas fuentes han incidido en que "la conselleria de Igualdad no ha previsto ningún sistema que permita soslayar este problema y dé continuidad a los actuales trabajadores mientras que el contrato programa se aplica y se concluyen todos los trámites para poder contratar a los trabajadores dependientes de la Generalitat que el 31 de diciembre tienen que abandonar su puesto".
El encuentro telemático se ha desarrollado con el secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema y con la directora general de Gestión y Organización del Sistema de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Xavier Uceda y Patricia Ramón Galindo, respectivamente. La edil ha insistido, en ese encuentro, en la necesidad de "dar estabilidad a los trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, administrativos y demás personal que integran los equipos sociales de competencia autonómica".
La edil ha subrayado que "el contrato programa, que impulsa la consellera Mónica Oltra y una vez que esté implantado debe permitir dar estabilidad a los empleados de dichos servicios sociales en un horizonte comprendido entre 2021 y 2024, pero ha querido insistir en que la Generalitat no tiene previsto un contrato puente hasta su entrada en vigor, de forma que los 80 empleados terminarán contrato el 31 de diciembre y eso tendrá consecuencias en la tramitación de los expedientes".
Igualdad subraya que "el caso de Alicante es casi único", puesto que la mayoría de municipios no se producen despidos de un año a otro con el respaldo del compromiso de renovación de la financiación en la Ley de Presupuestos de la Generalitat
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Igualdad han apuntado, en relación al cese de los contratos de los 80 trabajadores de Acción Social, que "el caso del ayuntamiento de Alicante es casi único en la Comunitat Valenciana porque en la inmensa mayoría de municipios los profesionales del área de servicios sociales tienen continuidad de un año a otro y no son despedidos en diciembre por este motivo, ya que tienen de respaldo el compromiso adquirido mediante la Ley de Presupuestos de que cuentan con el dinero para poder contratar". Las mismas fuentes han añadido que "ante esta situación excepcional, la Conselleria de Igualdad se ha volcado en tratar de ayudar a los gestores municipales para que puedan mantener desde principio de año la plantilla de servicios sociales que sufraga en su mayor parte la conselleria".
En la misma línea, Igualdad sostiene que "previamente a este paso, desde la Conselleria de Igualdad ya se había modificado la manera de subvencionar al personal de servicios sociales municipales al abonar el dinero de en tres pagos (35%, 35% y 30%) a lo largo del año en curso de manera que un ayuntamiento habrá recibido el 70% de la subvención en verano". "Esta dinámica cambió el método que venía realizándose con los gobiernos del PP que lo hacía en dos entregas al año. Y no solo eso, sino que con el PP en la Generalitat, tardaban hasta tres años en pagar al ayuntamiento. A pesar de ese retraso, no nos consta que dejara de contratar al personal de servicios sociales", apuntan las mismas fuentes.
En todo caso, fuentes de Igualdad han recalcado que "conscientes de los problemas de gestión que la fórmula de subvenciones nominativas ha causado históricamente al ayuntamiento de Alicante, así como para facilitar la gestión de este y el resto de corporaciones municipales, la Conselleria de Igualdad pondrá en marcha el próximo año el Contrato Programa, ya incluido en los presupuestos del próximo ejercicio".
Llopis ha comentado que "los responsables autonómicos han señalado que para la puesta en marcha del contrato programa se tendrá que firmar un convenio con los ayuntamientos, del que se dará cuenta en una reunión entre administraciones prevista para el próximo martes con la participación de ayuntamientos, diputaciones y Federación Valenciana de Municipios y Provincias".
La edil ha asegurado que "una vez la Generalitat de luz verde al nuevo modelo, el Ayuntamiento iniciará a la mayor brevedad posible el nuevo proceso de contratación para recuperar el mismo número de trabajadores tanto a través de la bolsa de trabajo y de los procesos habilitados de selección". Al mismo tiempo, Llopis ha apuntado que "la conselleria tiene previsto aumentar su número para el segundo semestre aplicando las ratios establecidas para dichos trabajadores por número de habitantes previstas en la legislación autonómica y al incorporar nuevos servicios relacionados con igualdad e inclusión".
La edil ha mostrado su satisfacción al asegurarle los responsables autonómicos que se va a agilizar la tramitación de los 1.066 expedientes de la Renta Valenciana de Inclusión remitidos desde el Ayuntamiento a la conselleria para que estén resueltas y autorizado su pago antes de finalizar el año. De esta forma, la tramitación municipal de los expedientes estará al día, según las mismas fuentes.
De la misma forma, también ha anunciado que va a solicitar incluir el Centro de Día municipal situado en el edificio de viviendas tuteladas de Plaza de América dentro de la Red de Centros de Atención de Personas Mayores de la Comunidad Valenciana para que reciba financiación autonómica y que, de enmendarse en los presupuestos autonómicos y autorizarse, podría integrarse a fecha 1 de julio de 2021.
En cuanto a la solicitud de financiación para el Centro de Atención a Personas Sin Hogar, el CAI, -una competencia también autonómica- los responsables de la Conselleria de Igualdad e Inclusión Social han trasladado que tienen previsto incluir el Servicio de Alojamiento Alternativo de los ayuntamientos a partir de la aprobación de los presupuestos de 2022, siempre que los centros cuenten con la autorización de la Generalitat.
Por su parte, los grupos municipales de PSOE y Unides Podem han anunciado, también este miércoles, el registro de sendas propuestas para reclamar estabilidad en la plantilla de trabajadores adscritos a Acción Social. En primer término, el grupo socialista ha registrado una moción en la que pide al Ayuntamiento de Alicante "estabilidad en los puestos de trabajo de la plantilla de Acción Social para que se garanticen la calidad de los servicios, máxime cuando estamos en plena segunda ola de la pandemia y se han disparado las peticiones de ayuda", según explican portavoces del PSOE, a través de un comunicado.
"Es responsabilidad y competencia del pleno del Ayuntamiento de Alicante, como contempla la Ley de Bases de Régimen Local, la determinaciónde las formas de gestión de los servicios, la aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así como la autorización de gastos en las materias de su competencia, la determinación de los recursos propios de carácter tributario", añaden las mismas fuentes. En este sentido, el portavoz socialista, Paco Sanguino, ha indicado que "uno de los problemas más graves que sufre Alicante es que no se dispone de unos Servicios Sociales dignos y de la calidad que se merecen nuestros vecinos y vecinas. La plantilla está sobrecargada de trabajo, sometida a inestabilidad, desbordada con cada vez más prestaciones para tramitar, una plantilla que cada vez recibe más demandas por el incremento de necesidades básicas de la población que se ha venido acrecentando por las sucesivas crisis económicas y ahora sanitaria en la que estamos inmersos".
Así, ha reivindicado la elaboración de "un Plan de Recursos Humanos que garantice unos umbrales de calidad óptima en los Servicios Sociales de Atención Básica". "Con esta iniciativa, y la estabilidad de la plantilla, se garantizaría la previsión de largas listas de espera, demoras innecesarias en las tramitaciones y mejorar los factores de salud laboral de los trabajadores y trabajadoras del área", ha señalado.
En segundo término, el portavoz del grupo municipal de Unides Podem, Xavier López, ha respaldado en el Centro Social Gastón Castelló la concentración convocada por los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales para denunciar el despido de 80 personas, lo que provocará que más de 500 personas en situación de vulnerabilidad dejen de recibir atención.
López ha criticado la "desidia" de Julia Llopis a la que acusa de "permitir que 80 personas se vayan a la calle al no adelantar el pago de la subvención de la Generalitat". Una inacción que, según el portavoz de Unides Podem, va en detrimento de las personas más necesitadas. Por ello, López ha anunciado que presentarán una iniciativa al pleno de noviembre para exigir a la concejala contrate a los trabajadores y trabajadoras antes del próximo 1 de enero.
El líder de la confluencia ha lamentado que ya el año pasado tanto la edil de Acción Social, Julia Llopis, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, "boicotearon la continuidad del personal de los servicios sociales" y ha recordado que en el mes de marzo tuvieron que rectificar por el colapso al que llevaron al sistema público.
Por todo ello, López advierte de que "Alicante no se puede permitir prescindir del personal que atiende a las personas más vulnerables" y reclama al gobierno municipal que "actúe con responsabilidad" y que abandone "los pulsos con el Botànic y la oposición a la oposición".
Por último, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha instado a la edil de Acción Social "a mostrar la cooperación y lealtad institucional, como la que está ejerciendo la Conselleria de Polítiques Inclusives para poder poner en marcha el Contrato Programa para la estabilización a cuatro años del refuerzo de plantilla municipal en servicios sociales que asume económicamente la Generalitat Valenciana". "Por eso, en el marco de un clima de diálogo y reuniones entre las dos administraciones, para agilizar al máximo a través de los presupuestos de la Generalitat de 2021, la certificación de este convenio y la puesta en marcha del Contrato Programa, un avance gigantesco para dar garantía de estabilidad al refuerzo de las plantillas de servicios, acabar con la interrupción anual de los contratos, y permitir reducir las listas de espera que tiene el Ayuntamiento de Alicante y que afectan a las personas más vulnerables", ha señalado.
En esta línea, Bellido ha señalado que "no se entiende la declaración institucional que pretenden llevar al pleno ordinario, ni las declaraciones públicas que está haciendo Julia Llopis que nada tienen que ver con el clima de diálogo de las administraciones y la búsqueda activa de soluciones para que se pongan en marcha lo antes posible". "Seguramente es el alma de oposición que ha inculcado Barcala a su bipartito, y que no le permite cooperar de forma leal. Y respecto a Julia Llopis, más le valdría dedicar todo su tiempo a agilizar soluciones, ir trabajando con Intervención este tema y presionar a Barcala para que retire la Ordenanza de la Vergüenza que ensombrece todo el trabajo que se está realizando en materia social", ha añadido, en alusión al proyecto de ordenanza de convivencia cívica promovido por el bipartito.
De igual modo, Bellido ha apuntado que "resulta vergonzante y ridículo que el bipartito de Barcala se atreva a hablar de niveles de ejecución presupuestaria cuando no es capaz de aprobar presupuestos municipales antes de mitad de año, mientras el Botànic lleva 5 años que los aprueba en tiempo y forma, y cuando solo fue capaz de ejecutar el 13% de las inversiones del año 2019". "Por su parte, la Conselleria de Políticas Inclusivas lleva ejecutando más del 90% de su presupuesto desde el año 2017, y a pesar de las excepcionales circunstancias de este año, llevaba ejecutado en octubre de 2020 más 57%, cuando la media del Botànic era del 51%", ha recalcado. "Ya nos gustaría que el bipartito de Barcala ejecutara la mitad de lo que ejecuta la conselleria de Mónica Oltra. Por eso le instamos a ser más prudente y no hacer el ridículo a través de las declaraciones públicas de miembros de su bipartito", ha concluido Bellido.
