El exjefe de Atención Urbana de Alicante niega el amaño de las obras del Plan E ante el tribunal

ALICANTE (EFE/EP).- El técnico de la concejalía de Atención Urbana de Alicante acusado junto al exvicealcalde, el popular Andrés Llorens, de amañar adjudicaciones de obras del Plan E en 2009 ha negado este martes las imputaciones formuladas por la Fiscalía y ha sostenido que la relación con las empresas contratadas para ejecutar esas obras fue puramente profesional.

Así lo ha asegurado José Lidón en la primera sesión del juicio que se sigue en la Sección Décima de la Audiencia Provincial alicantina contra él y Llorens, así como los empresarios Javier Á.M., de la firma CMS, y Juan Manuel V.T., de la mercantil Becsa, en el que la Fiscalía Anticorrupción pide 4 años de cárcel para cada uno por los delitos de prevaricación y fraude.

Por partes, el juicio ha comenzado con el planteamiento de las cuestiones previas. Las defensas han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas que dieron origen a la causa por falta de motivación durante la instrucción, junto con los autos de entrada y registros domiciliarios y en las sedes empresariales, por vulneración de los derechos fundamentales de los acusados. Una solicitud a la que Fiscalía se ha opuesto y que la sala ha anticipado que resolverá en la propia sentencia.

Después, ha llegado el turno de la declaración de Lidón. El exjefe de Servicio, ahora jubilado, ha subrayado que él no intervenía en las adjudicaciones, ha asegurado que su función se ceñía a la redacción y entrega de los proyectos que le encargaban en el área municipal y ha negado la existencia de presuntos regalos o favores entre los encausados tal y como se recogen en las intervenciones telefónicas. 

El exjefe de Atención Urbana ha sido preguntado por el fiscal por su relación con el responsable de Becsa y concretamente por una escucha en la que se le oye preguntar por un regalo de un jamón, sobre lo que ha comentado que era una de sus bromas porque en aquellos años (la crisis económica) no se hacían regalos. 

Sobre una reunión con el apoderado de Becsa en su casa, ha aclarado que esos días estaba disfrutando de unos días libres y que accedió a hablar de trabajo en su domicilio porque estaba disponible en todo momento para agilizar asuntos relacionados con las obras municipales. En todo caso, ha aclarado que no ofreció información de los concursos a Becsa ya que sabe que eso "es un delito".

Por su parte, el empresario representante de la subcontrata CCMS, Javier Álvarez, ha manifestado también que su relación con el resto era "profesional" y que su empresa contrató "temporalmente" a la hija de Lidón por dos meses al enterarse que estaba en el paro. Además, ha refrendado las palabras de Lidón al asegurar que sus contactos con el responsable municipal eran de índole profesional.

La vista oral, que debió iniciarse este lunes pero se pospuso 24 horas por enfermedad de una de las magistradas, incluía la declaración de los cuatro acusados para este martes. Sin embargo, el desarrollo de la sesión solo ha permitido que lo hicieran Lidón y el titular de CCMS antes de que se suspendiera hasta este miércoles en torno a las 14:00 horas.

La investigación gira en torno al proceso de adjudicación de cinco obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, más conocido como Plan E, por valor de 7,3 millones de euros. Se trataba de la construcción de una mediana en la avenida Villajoyosa, la renovación parcial del pavimento de la Explanada de España, la construcción de 40 contenedores soterrados, la remodelación de la plaza de la Montañeta y la mejora de aceras en Vistahermosa.

El juicio se retomará mañana con los testimonios de Juan Manuel V.T., de Becsa, y Andrés Llorens, actualmente apartado de la política y en su día número dos de la alcaldesa del PP Sonia Castedo. Los hechos que llegan a juicio tuvieron lugar en 2009 cuando, de acuerdo con el relato inicial de Anticorrupción, los cuatro encausados se pusieron de acuerdo para manipular la contratación de varias obras a favor de las dos compañías, hasta el punto de llegar a redactar los pliegos de condiciones por los que se regían los concursos. Todo con el presunto conocimiento del jefe de Servicio de Atención Urbana y del concejal del área, que firmaba las adjudicaciones, según el ministerio público.