El exconcejal de Comercio por el PP, José Antonio Sobrino (der.), a su llegada a la Audiencia. Foto: EFE / MORELL ALICANTE (EFE). El exconcejal de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, José Antonio Sobrino (PP), ha negado este miércoles ilegalidades en el juicio por, supuestamente, contratar irregularmente los servicios para las instalaciones de la primera feria Outlet de la ciudad, celebrada en octubre de 2009. En la primera sesión de la vista oral que se sigue contra él y el técnico municipal Diego Agulló en la Sección Décima de la Audiencia Provincial, Sobrino ha explicado que no hubo fraccionamiento de contratos y que las facturas no excedieron de los 18.000 euros que fijaba la Ley de Contratación del Sector Público en el momento en el que se produjeron los hechos para tener la obligación de convocar un concurso público.
Además, ha señalado que ni el departamento municipal de Intervención ni los funcionarios le advirtieron de la posibilidad de poder estar incurriendo en delito alguno. La feria Outlet se desarrolló en la zona Volvo del puerto de Alicante del 9 al 12 de octubre de 2009, en la etapa de la popular Sonia Castedo como alcaldesa.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, pide para cada uno de los dos acusados siete años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación. El ministerio público explica en su escrito de acusación que el exedil obvió el procedimiento legal establecido para concertar de manera directa servicios por un importe global de 42.000 euros.
Al superar los 18.000 euros, el adjudicatario debería haberse elegido por un órgano de contratación tras solicitar ofertas a, como mínimo, tres empresas. Además, después de la prestación del servicio contratado, que consistió en el montaje de 67 jaimas, mostradores, tarimas, rótulos y vitrinas para la feria, los dos acusados aprobaron y firmaron cuatro facturas en las que fraccionaron el pago.
Para el fiscal, ambos conocían las irregularidades de su actuación, el fraccionamiento del contrato y el incumplimiento del procedimiento legal, lo que hace que demande para cada uno de ellos una pena de siete años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación. El caso ha llegado a la Audiencia tras la investigación previa por parte del juzgado de Instrucción 8 en una causa que constituye una pieza separada del denominado 'caso Isjoma'.
